La Marcha de la Gorra confirmó que es una de más lindas en la provincia de Córdoba. Pese al dolor y la bronca que cargan las familias de víctimas de la represión estatal, esta marcha que ya lleva 16 años ocupando las calles de Córdoba capital tiene el poder de transformar todo eso en organización colectiva, en abrazos contenedores, en la construcción de redes de afecto desde las cuales construir un mundo nuevo.
“Ante tantas políticas de muerte creamos metáforas de libertad. Desde el 20 de noviembre de 2007, la lucha antirrepresiva en Córdoba ocupa las calles”, señalan desde el colectivo organizador de la marcha.
“Ocupar las calles, libres o nada”, fue la consigna de este año en clara alusión al rechazo que generan los dos proyectos de ley que existen hoy en la Legislatura y que buscan limitar y criminalizar el derecho constitucional a la protesta social.
Recordemos que se tratan de iniciativas impulsadas tanto desde Hacemos por Córdoba como desde Juntos por el Cambio que plantean la prohibición de que se realicen manifestaciones en el casco céntrico de la capital provincial.
La imagen elegida para representar la marcha fue un zorrito de monte, con lo cual también su buscó representar la represión de la que están siendo víctimas lxs defensores ambientales que vienen poniendo el cuerpo para rechazar la destrucción del boque nativo.
Como cada año, la movilización partió de la esquina céntrica de Colón y General Paz, con el ritual de pegar la imagen de lxs pibes y pibas asesinados por el Estado en la parte más alta de los carteles comerciales. Es un momento de transmutación. Lxs pibes vuelven al centro. Sus familias y la memoria colectiva que los abrazan los vuelven a traer al centro de la ciudad. Ese centro urbano del que son expulsados. Ese territorio en disputa donde la policía exhibe su autoritarismo, su violencia, su poder para decir: “vos acá, no entras”.
Es un momento de reivindicación. De poder popular. Porque es con la fuerza de la organización colectiva que ese territorio en disputa que es el centro urbano de la ciudad, vuelve a ser ocupado por lxs pibes, morochos, de barrios populares. La enorme barredora sostenida por familiares de víctimas de gatillo fácil es la cabeza de la movilización. Van llegando, se acomodan, se saludan, se reencuentran en el abrazo.
La marcha avanza y en ese andar colectivo, comienza a circular la palabra. Es allí cuando las madres y familiares de las víctimas de gatillo fácil toman la palabra y narran lo sucedido con su ser querido. Es la bronca y el dolor convertido en palabras. Escucharles es un ejercicio necesario, empático que permite dimensionar cuanto daña la bala policial. No solo en el cuerpo de quien la recibió, sino en toda la familia y en el desgarro generado en el tejido social en su conjunto.
Una de las primeras en tomar la palabra es Gabriela Sanso, madre de Rodrigo Sánchez, asesinado por el policía Lucas Gastón carranza el 15 de septiembre de 2015. Este año decidió encadenarse frente a Tribunales II para exigir justicia por su hijo. “Logré que la causa de mi hijo sea elevada a juicio, después de una lucha muy larga y dura. Con una causa cajoneada. Cuatro años sin ningún avance. Tuve que convertirme en su abogada, en su investigadora porque soy su madre”, dijo.
Por primera vez decidió marchar con un cartel que tenía el rostro del asesino de su hijo. “Estamos convencidas que, si no hay justicia, hay escrache. Este es el asesino de mi hijo. Él decidió ser un juez y condenarlo a muerte, quitándole la vida. No le dio la oportunidad de vivir a Rodrigo”, dijo entre lágrimas.
Laura Cortez, mamá de Franco Amaya, víctima de gatillo fácil el 22 de febrero de 2017 en Villa Carlos Paz, participó de la marcha junto a sus hermanas. Al dirigirse hacia la multitud que marchaba recordó que el policía Rodrigo Maximiliano Velardo Bustos fue condenado a 12 años de prisión por el crimen de Franco, mientras que José Ezequiel Villagra -responsable del control vehicular- fue absuelto. “Tuve juicio, pero no justicia”, resumió la mujer y recordó que, tras conocerse ese fallo, apelaron ante el tribunal Superior de Justicia que ratificó la condena. “Hace siete meses que presentamos la apelación ante la Corte Suprema de Justicia y todavía no tenemos ninguna respuesta”, dijo.
Guillermo Castro es el papá de Ezequiel, un joven de 21 años que fue detenido el 8 de junio de 2022 por la Policía de Córdoba. Su familia se comunicó a la Unidad Fiscal de Atención Inmediata (UFAI) donde nunca se les informó que estaba alojado en el Centro Psíquico Asistencial (CPA). El día 9 les dijeron que se encontraba allí mismo en la UFAI , el día 10 se volvieron a comunicar y les dijeron que encontraba en el Hospital San Roque, al indagar y confirmar que no se encontraba allí, también consultaron en el Establecimiento penitenciario n°9 (Ep9) donde tampoco se encontraba.
El día 12 de junio un móvil de la Policía de Córdoba se presentó en el domicilio de la familia de Ezequiel informando que el joven se encontraba internado en el Hospital Misericordia. Al presentarse la familia, el equipo médico les informa que había sido ingresado por la Policía de Córdoba y que provenía del CPA. El libro donde se registran los ingresos al nosocomio indicó que el motivo era problemas respiratorios, pero el equipo médico le refirió a la familia golpes internos, deshidratación y somnolencia. El joven le manifestó a su familia y al equipo interviniente que había sido golpeado y que desde hacía 2 días no se le daba agua para beber. El día 14 de junio falleció en dicho hospital producto de un cuadro de rabdomiolisis.
“Me dijeron que mi hijo tenía la libertad firmada para el día viernes
Una de las razones por las que todavía s está investigando es porqué no le dieron la libertad. Calculamos que es por los golpes que le habían pegado”, repasó Guillermo en diálogo con VillaNos Radio.
“Es lamentable que tenga que salir a la calle con la remera de mi hijo a pedir justicia. Sabemos bien que tanto el ministro de Seguridad como el de Salud no estaban aptos para sus cargos. El de Salud renunció por la muerte de los bebés en el neonatal y el de Seguridad, por el asesinato de Blas Correa. Lamentablemente los que siguen poniendo, no sirven. Esperemos que el gobernador abra los ojos y cambie o que se vaya él directamente”, añadió.
De la marcha también estuvo participando Ivone Rosario Kukoc, madre de Juan Pablo Kukoc asesinado por el policía Luis Chocobar el 8 de diciembre de 2017. Vale recordar que Chocobar fue condenado a dos años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación especial para desempeñarse en funciones operativas con la utilización de armas de fuego y para el uso de armas de fuego, por considerarlo como autor penalmente responsable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego cometido en exceso del cumplimiento de un deber.
Por primera vez Ivonne marchó escrachando la cara del asesino de su hijo. “Vine a acompañar a los familiares de Córdoba capital porque todos los familiares tenemos que unirnos. La justicia solo la vamos a conseguir en la calle”, remarcó.
Como todos los años, un enorme conjunto de organizaciones sociales, políticas, socioambientales, culturales acompañaron la movilización que terminó frente a la sede de la Legislatura provincial.
Hubo un momento especial en el movilización donde se encendieron las antorchas y cada familiar mantuvo en alto el fuego de la memoria y el reclamo de justicia por sus seres queridos.
Previo a eso, la imagen de una zorrita de monte comenzó a darle color y ternura a la movilización. Al ritmo de los tambores y entre la enorme wiphala que flameaba, iba bailando entre la gente. Finalmente se ubicó entre el diamante de botellas llenas de agua, flores, velas, frutas, sahumos y velas que fue la instalación construida para el final de la marcha.
Allí se leyó el documento final que fue la expresión de convergencia de las diferentes luchas expresadas a lo largo de la movilización.
“Entre ser libreo o nada, elegimos ser libres. Elegimos ser la marcha de la gorra. Elegimos luchar contra el Código de Faltas y ahora lo seguimos haciendo contra el Código de Convivencia. Hoy andamos irreverentes, rebeldes y reivindicativos. Eso, reivindicativos. Reivindicamos el derecho a ocupar las calles sin que nos corra la yuta, a ocupar los bosques sin cenizas ni incendios, a ocupar nuestros territorios y nuestros cuerpos”, decía el documento final leído al terminar la marcha frente a la Legislatura.
El cierre de la marcha fue una verdadera invitación a darle cuerpo a esa consigna de “libres o nada” y se hizo una invitación a jugar con el agua que se había colocado en la intervención de cierre. “Que el agua recorra la piel y seamos mucho más permeables hoy. Dejemos que la energía de esta marcha nos atraviese y volvamos a nuestras casas con la sabiduría y la potencia de habernos encontrado y de haber sentido este gran abrazo”, se dijo desde la organización.
Fue con esa invitación, amorosa y potente, que la marcha se transformó en un verdadero carnaval. Niñxs, jóvenes y adultos jugando con agua. Fue imposible no imaginar que nuestros pibxs, aquellos por los que seguimos reclamando justicia, también estaban con nosotrxs…
