La planta potabilizadora de Cuesta Blanca amaneció sitiada. Personal policial y de la Guardia de Infantería rodearon el ingreso, impidiendo el ingreso de trabajadorxs de la COOPI que se habían convocado desde temprano para evitar que el municipio avance en la toma del servicio sin contar con una orden judicial que los habilite.
Vale mencionar que el lunes 15 de marzo el intendente Daniel Gómez Gesteira firmó el decreto 134 a través del cual estableció unilateralmente nuevas fechas para el traspaso fijando así el 18 de marzo para la toma provisoria y el 19 de abril para la toma definitiva.
En móviles municipales se trajo el equipamiento de la Policía de Córdoba dando cuenta de un posible accionar represivo contra los trabajadores.
El municipio pretendió avanzar con la toma del servicio siendo que estaba pendiente la resolución de la Cámara Contencioso Administrativa número 2 sobre el amparo presentado por socios y trabajadores socios de la Cooperativa, ante la arbitrariedad del decreto 534.
Tampoco se ha terminado en el ministerio de Trabajo la definición sobre la continuidad de los puestos de trabajo involucrados en el servicio de agua.
El cordón policial también impide el ingreso a la cuadrilla de trabajadores que desde el martes trabaja en la reparación de los daños ocasionados a la planta potabilizadora en la última creciente.
El secretario General del SIPOS, Gustavo Valdez, lamentó que la situación del traspaso del servicio de agua “se plantee nuevamente en términos de violencia y atropello” por parte del municipio. La referencia es al virtual “estado de sitio” que se implementó en inmediaciones de la planta de Cuesta Blanca, con efectivos de la policía de Córdoba y de la Guardia de Infantería.
“Está pendiente de resolución un trámite judicial que puede modificar sustancialmente la situación planteada en este momento. En un estado de derecho el municipio debería esperar esta decisión”, dijo el gremialista, en referencia al amparo presentado ante la Cámara Contencioso Administrativa de segunda nominación y que había frenado el traspaso previsto inicialmente para el 26 de febrero.
Respecto a la situación de los trabajadores advirtió que “no está resuelta”, más allá de la expresiones en contrario del municipio.
“Hay un proceso que no concluyó, queda gente sin haber podido firmar el consentimiento al traspaso al municipio”, dijo.
“Nosotros impugnamos el decreto y pedimos una audiencia urgente al ministerio de Trabajo. Exigimos que esto no se hiciera hoy porque no está resuelta la situación de los trabajadores”, remarcó.
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