Referentes del movimiento cooperativo y mutual argentino estuvieron en la COOPI el pasado martes 23 de marzo y reivindicaron a la institución como modelo de la economía social y solidaria.
Participaron del recorrido Zaida Chmaruk, directora del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (es vocal en representación del Estado), Federico Nanzer (asesor de la Secretaría de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete) y Pablo Tissera (jefe de la filial Córdoba del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos).
“Desde que asumimos la nueva gestión de la INAES, en diciembre de 2019, nos hemos interiorizado, preocupado y ocupado por la situación que está atravesando la COOPI. Lo ha hecho tanto el presidente anterior Mario Cafiero, como el presidente actual Alexandre Roig y todo el directorio”, expresó Chmaruk.
Reconoció que el encuentro mantenido con las autoridades y trabajadores de la Cooperativa ha sido para “acompañar la resistencia” y a la vez analizar “los mecanismo solidarios y asociativos para que la COOPI, suceda lo que suceda, salga fortalecida”.
Vale recodar que el mes pasado el directorio del INAES declaró de interés cooperativo la trayectoria, experiencia y arraigo de la COOPI. “Nos preocupa mucho que la quita de la concesión y la judicialización afecte al acto cooperativo que es lo que nosotros tenemos que preservar, fortalecer y promocionar. En ese sentido, la COOPI ha sido una gran promotora de la cultura cooperativa. Por eso la institución tiene tanto respaldo”, manifestó Chmaruk.
Nanzer, por su parte, consideró que la batalla que está llevando la Cooperativa Integral “no es por la prestación de un servicio ni por discusiones tarifarias, sino que es una batalla por ver de qué manera los y las habitantes de la región se vinculan con los recursos naturales y administran su uso”.
“La COOPI plantea un uso sustentable, sostenible y solidario de los recursos naturales. La cooperativa ha demostrado en sus 57 años que tiene una perspectiva de cuidado y de uso racional, pensando en mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Esa batalla ha querido ser minimizada, pero es una batalla importantísima en el siglo XXI”, consideró.
En la misma línea, Tissera advirtió que el agua está siendo considerada una mercancía rentable y no un derecho humano. “Empiezan a haber intereses económicos en juego, presiones y ahí es cuando empezamos a ver qué sectores de nuestros representantes están al servicio de los poderes económicos y quiénes no. Como cooperativistas tenemos claro que a esos sectores económicos nos enfrentamos”, subrayó.
