La secretaria de prensa de ATE, Julia Giuliani, se refirió este viernes a las acciones de intimidación que llevó adelante el gobierno de Daniel Gómez Gesteira para desalentar la participación del personal de salud en las medidas de fuerza definidas en asamblea para protestas contra los descuentos arbitrarios que el gobierno municipal está aplicando sobre lxs trabajadorxs que participaron de paros y asambleas en los últimos tiempos.
“Vamos a iniciar una demanda judicial por práctica deslegítima, desleal y por amedrentamiento en contra de la misma constitución nacional en cuanto a los artículos que prevén no solo la libertad de asociación sindical, sino también el derecho a huelga”, dijo la dirigente.
Vale recordar que este viernes hubo retención de tareas por 24 horas, lo que afectó la atención en el hospital Gumersindo Sayago, los diferentes dispensarios, el Consultorio Odontológico y los consultorios de La Fábrica.
“Tras los descuentos efectuados por el Ejecutivo el mes pasado al personal de salud municipal que participó en Asambleas legítimas -con notificación fehaciente a las instancias institucionales correspondientes (Ministerio de Trabajo de la Nación, Provincia, Gobierno Local)-, hoy nuestra entidad sindical advierte que el Gobierno Municipal vuelve a la carga con su patota a amedrentar a las y los trabajadores que hacen uso de su legítimo derecho a manifestarse ante una patronal que somete, precariza, empobrece. Esperamos que el Defensor del Pueblo actúe y de una vez por todas deje de oficiar de escribanía del Ejecutivo para cumplir con el rol que le compete”, señalaron desde le gremio a través de un comunicado.
Además informaron que el miércoles 7 de abril el Ministerio de Trabajo de la Nación emitió un certificado (que ya fue presentado ante el Municipio, CE-2021-30267265-APN-DNAS#MT) donde ratifica el ámbito de actuación de ATE en los Estados Municipales. Recordamos que el municipio niega que ATE tenga ámbito de injerencia a nivel local diciendo que el único gremio reconocido es el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM).
“Esto quiere decir que lo que presentamos en diciembre y que el municipio desconoce, el Ministerio de expide directamente hacia la municipalidad certificando que ATE tiene personería gremial y ámbito de aplicación tanto en el sector nacional, provincial y municipal de todo el territorio argentino. Salvo que Carlos Paz esté en otro país, somos legales y legítimos para estar representantes a las y los trabajadores municipales”, dijo Giuliani.
Y remarcó: “Lo que todavía no entienden es que una Carta Orgánica no puede estar por encima de una ley nacional. Convoco a la población y al defensor del Pueblo para que deje de oficiar de escribanía del Ejecutivo y revea si vale la pena gastar tanto sueldo, tanto presupuesto de la municipalidad para asesoría legal que tienen. Porque vamos a terminar ganando el reconocimiento legal y se va a tener que sentar a negociar salarios con nosotros; pero los costos de todo esto los va atener que pasar la población. Porque toda esta discusión implica gastos legales que no van a salir del bolsillo de Gomez Gesteira, ni de (Roberto) Buzurro (responsable de Recursos Humanos del municipio), ni de (Julio) Niz (secretario de Salud), ni del abogado Darío Pérez. Al contrario, todo sale de las arcas municipales. Más que un municipio, parece un estudio jurídico. Hay que ver a quien le da réditos económicos esta situación”.