El colectivo #NiUnaMenos Villa Carlos Paz difundió un comunicado denunciando a un referente político de esta ciudad y empleado del municipio por violencia de género contra su ex pareja.
El testimonio en primera persona de la denunciante fue publicado protegiendo su identidad. “Hoy les traigo mi horrible experiencia, agotada y muy avergonzada, con muchas heridas abiertas, pero con la convicción de estar al fin haciendo lo correcto, por supuesto, no podría haberlo logrado sola, SOLA estuve en mi jaula dorada estos años”, inicia el relato.
“Hoy ya no, hoy puedo ser yo, pedir perdón, rearmarme y salir a contar, ¿por qué? ¿Para qué? Porque fui cómplice, porque ayudé, protegí, apañé y trabajé en esconder el verdadero ROSTRO del ‘violento’, años puse la cara defendiendo”, continúa.
VillaNos Radio pudo conocer el contexto de esta denuncia a través de una entrevista a la abogada de la víctima, la Dra. Verónica Della Siega. La mujer solicitó el asesoramiento del abogado José Magnetti, luego de la separación con su ex pareja con la que tiene una niña en común. Posteriormente, se incorporó Della Siega como representante.
Su expareja le ofreció por medio de sus abogados firmar un acuerdo en el que ella renunciaba a sus derechos. “Ella no estaba asesorada, pero le pareció que no correspondía. Empezó a relatar los hechos que había vivido. Se le ofreció unilateralmente un acuerdo, fue un intento de manejar y pasar por encima de los derechos de ella. Esto nos puso en alerta”, recordó la abogada.
Cuando la mujer decide no firmar y consulta con el estudio de abogadxs, su ex le retira todos los bienes, algunos a nombre de ella y otros de él.
Lxs abogadxs, al escuchar su relato sobra las características de la relación entre ambos, le recomiendan que inicie una terapia con una psicóloga de nuestra ciudad experta en la materia. La profesional le da los parámetros, las indicaciones y el apoyo necesario “para salir adelante”, sostuvo Della Siega.
El episodio que desencadena la primera denuncia realizada el 15 de abril fue un hecho de violencia física en la calle. “Intenta forcejear con ella y hay una amenaza concreta hacia su vida, hablándole de que comienza la guerra y le va a sacar a la hija”, aseguró. En ese momento, se libra una orden de restricción para ambos.
“El 29 de abril hay una segunda, porque ahí comienza el hostigamiento a la familia de ella, a los padres y a un hijo de una relación anterior. Atacar por todos los frentes es un modus operandi de los agresores en general”, explicó. Esta acción implica una violación de la restricción perimetral.
La víctima, al relatar su experiencia de pareja a sus abogadxs, expresó que su vida entera era controlada por él, quien se manejaba de esta manera con ella en el ámbito privado.
La abogada describió la relación de desigualdad que existía entre ambos. Este hombre tenía una “posición dispar de superioridad. Él es mucho más grande que ella, eso le otorgaba una posición de dominio desde lo económico también”, subrayó.
“Cuando comienzan a estar juntos, la mujer empieza a trabajar en el negocio de él, que es un hotel importante de la ciudad. Trabaja a la par o más que él, porque el hombre por su función pública viajaba a la ciudad de Cosquín. En el hotel quedaba ella durante todos estos años a cargo. Interviene en el alquiler del hotel, la devolución y en la refacción, todo esto sin percibir sueldo ni reconocimiento en el momento en que ella trabajaba ni posterior a la separación”, detalló la representante de la denunciante.
Esto significó un total dominio del dinero por parte de la ex pareja, “si vas a comprar ropa, él elige la ropa que te compras y él la paga, ni siquiera la pagas vos”, agregó. A su vez, esto fue señalado en el comunicado, así como el control de los vínculos sociales y actividades de la mujer.
También, la letrada denunció que cuando se mudaron juntos él le negó el acceso a la casa al hijo de ella que era producto de una relación anterior. Esta decisión no se revirtió durante la relación y el joven no fue aceptado a la familia.
Todo esto surge de las expresiones de la mujer que contó a sus abogadxs como inició un proceso de sometimiento a la voluntad de control de quien denuncia como su agresor. Así lo describió Della Siega, “esto lo coloca a él en un lugar de superioridad, de manejo de la situación. Son pequeños actos que van horadando de a poco el ánimo y acostumbrando a la víctima a que eso es así”.
“En esa posición se va haciendo cargo de la vida de la víctima y dominando todos sus aspectos. Las situaciones de a una van ingresando (…) y se van dando como reglas que impone la persona que domina la relación. (…) Esta persona va de a poco imponiendo estas condiciones y ella con el paso del tiempo se ve envuelta en condiciones totalmente insostenibles”, determinó.
La persona denunciada tiene una posición política y económica de poder en la localidad. El hecho de ser conocido hace que la víctima dude si se va a creer en su palabra, planteó la abogada sobre el temor de la mujer de dar a conocer lo que estaba viviendo.
Para romper el manto de impunidad, proteger a su familia y lograr visibilidad decidió compartir anónimamente el proceso que está atravesando. “Hoy siento que debo pedir perdón, a quienes no escuché, o por cosas que callé, siendo testigo de situaciones con otras mujeres, justifiqué, miré para otro lado. Años, cuidando, y maquillando la imagen del PODEROSO, el funcionario público, el comerciante gastronómico, respetable, ese, al que tannntos, deben favores y protegen, de ese POLÍTICO”, manifiesta el comunicado.
“Hoy…lejos y libre de mi jaula…sigue aplastándome con un dedo…sigue humillándome, atormentándome, amenazándome, hostigándome. (…) Todas las mañanas me despierto atenta a cuál será el daño que me hará hoy”, advierte la denunciante y asegura estar viviendo un “calvario”. La abogada dijo, además, que su representada estuvo viviendo acoso a través de las redes sociales.
En el marco de la denuncia de violencia se prohíbe al agresor y la víctima mutuamente comunicarse y exponerse. Por lo tanto, los perfiles de donde se difundieron mensajes difamatorios y agresivos están en investigación para determinar “si estarían dentro de las actividades que podría haber desplegado esta persona”, apuntó. Lxs abogadxs están trabajando en con un especialista en cyber delito para identificar de que computadora provienen los mensajes.
La letrada rescató la fortaleza de la mujer para poder terminar la relación, buscar apoyo jurídico y terapéutico y enfrentarse a su ex pareja. Della Siega consideró que no en todos los casos se logra que la víctima reconozca la situación de violencia que está atravesando.
Se produce una normalización de este esquema de vida que horada constantemente y sutilmente durante años la voluntad de la víctima, al punto de que el miedo impide que la persona abandone la relación. Por lo tanto, las redes de contención son claves para romper con el espiral de la violencia.
El temor de que no se diera credibilidad a su historia y las amenazas que recibió su familia fueron lo que motivó hacer pública la denuncia. El colectivo Ni Una Menos le brindó acompañamiento y respaldo para hacerlo.
“Lo importante es que a nuestra clienta se la vio y pudo visibilizar gracias a esta publicación y el apoyo de Ni Una Menos. La suma de las personas que la fuimos acompañando y las situaciones que este hombre desencadenaba a ella le hicieron ver que si no había determinado freno esto iba a seguir”, subrayó.
La decisión final se tomó luego de un largo camino de empoderamiento. “No había otra forma de frenar el hostigamiento. Es una manera de demostrar que el poder que creía tener sobre ella ya no lo tiene más”, añadió.
La masificación de luchas feministas en los últimos años ha logrado impulsar denuncias a varones poderosos que ejercen violencia y quebrar estructuras de protección. Estos procesos colectivos han permitido que las voces de las víctimas cobren fuerza.
En este caso, el denunciado es un referente político local. Fue titular de la ANSES en Cosquín durante la gestión del PRO y actualmente se desempeña como empleado municipal.
“En público no solo estamos hablando de un político reconocido que sabe cómo manejarse sino alguien con un carácter (como suele suceder en estas situaciones) que jamás da a pensar a quienes conviven a diario con él que puede pasar esto puertas adentro. O no lo piensan o lo consienten, ya sean porque son de la misma generación, el mismo género o son mujeres que también acepta están maneras”, advirtió.
“Sigo padeciendo y con creces, fuera de mi jaula, y espero TERMINE pronto, y no termine conmigo, agradezco poder contarlo, estar VIVA para contarlo y que le sirva a otra, y espero que sirva ante la sociedad, para acabar con estos MONSTRUOS disfrazados de caballeros en el Poder, estos tipos deben ser castigados, NO premiados con un CARGO. NUNCA MÁS”, sigue el relato publicado.
“Sabemos que esta persona ingresa al municipio, luego de que deja de trabajar en la ANSES. Sigue cobrando su sueldo aunque no está yendo a trabajar desde abril del 2020. No podemos saber cuánto está cobrando. Estamos a la espera de lo que informe la municipalidad”, señaló la letrada.
Asimismo, apuntó a la responsabilidad municipal de implementar la Ley Micaela que obliga a todos los funcionarios públicos a realizar una capacitación específica en temáticas y violencias de género. Hasta el momento no se conoce si este hombre participó de la formación ni si se ha iniciado una investigación administrativa al respecto.
“Si la recibió no sirvió de nada. Es todo muy contradictorio y muy raro. No creo que el municipio de Carlos paz pueda sostener, no solamente a esta persona, sino a ninguna otra persona que sea sospechada de esta situación”, opinó.
La respuesta legal antes estos casos está condicionada por los deficientes recursos con los que cuenta el sistema judicial. Las denuncias se receptan en el mismo espacio físico con otras de carácter mucho menor. Esta situación supera a los tribunales locales y es recurrente en el interior de la provincia. Carlos Paz ni siquiera tiene un edificio propio y en condiciones seguras para la demanda de atención que existe.
Cada denuncia termina dejando al descubierto las dificultades en garantizar la protección de las mujeres que denuncian violencia en nuestra ciudad. La víctima fue atendida en la Casa de la Mujer y la Familia por el equipo de profesionales coordinado por la abogada Soledad Grifone. Allí se le recomendó que busque una vivienda a mayor distancia que la que habita actualmente, que se encuentra a sólo 50 metros y en el mismo terreno que el inmueble de su agresor.
Vale aclarar que el hombre cuenta con una buena posición económica (un importante sueldo en la municipalidad, un hotel propio, su casa y tres automóviles) para garantizar el alquiler de una casa para la mujer y su hija hasta que se determine la división de bienes y se concrete legalmente la separación.
Las limitaciones estatales se hacen una vez más evidentes. Una de las principales deudas del Estado municipal con las personas en situación de violencia es la falta de refugios públicos, seguros y específicos para las víctimas.
“Está bastante huérfana la situación. Nuevamente volvemos a caer en la falta de voluntad concreta. Hay actuaciones que sirven, pero se quedan a mitad de camino. A veces da la sensación que todo es para la foto”, criticó. En muchos casos, no hay posibilidad de que la mujer se retire de la vivienda y en nuestra ciudad sólo el Refugio Nocturno Cura Brochero recibe a familias en situación de violencia durante la noche.
En cuanto al avance de la causa civil por la separación y la investigación de las denuncias por violencia, la abogada consideró que “hay que tener paciencia con los tiempos judiciales pero tenemos bastante esperanza”.
“En el aspecto civil, requerimos una intervención con esta visión de género. En el camino no siempre logramos esto de una respuesta inmediata. Sabemos que tenemos muchas chances de lograr una mejor calidad de vida y atención para nuestra cliente y su hija”, demandó.
Con respecto a la causa por violencia de género, Della Siega dijo que se trabajó con la velocidad que requiere el caso. “Se le ha otorgado el botón antipánico y estamos investigando si esta persona ha violado la orden de restricción librada”, advirtió.
El comunicado cierra con un repudio enérgico a “la violencia sistemática” que el denunciado ejerció y ejerce sobre su expareja y convoca a las organizaciones sociales, políticas, agrupaciones, vecinos y vecinas a expresar su solidaridad.
Hasta el momento adhirieron las siguientes organizaciones Vivas nos queremos Tanti; Movimiento Plurinacional Disidente y Feminista de Capilla del Monte; Colectiva #NiUnaMenos Punilla Centro; MTE Mujeres; Frente de Géneros Descamisadxs Córdoba, Carlos Paz y Cosquín; Partido Concertación FORJA Córdoba y Punilla; Punilla Diversa; La Colectiva Santa María; Asociación EmpoderAr y la Asamblea Feminista Punilla Sur. Además, sumó su adhesión el concejal de Carlos Paz Despierta Daniel Ribetti.