El llamado a licitación del servicio de transporte viene entreverado. Es que la decisión de Carlos Paz Unido (CPU) de enviar a último momento los pliegos y luego apurar el tratamiento en primera lectura ha dejado coletazos y fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición, que quedaron expuestas en la última audiencia pública.
Y decimos que se dejó el tema para último momento porque era bien sabido que el 31 de marzo vencía la vigencia del sistema precario y de emergencia que se hecho a andar el 01 de octubre de 2020. Es decir: con 18 meses de anticipación se sabía que había una fecha límite.
Es por ello que en la sesión del jueves 10 de marzo se aprobó por mayoría (con los votos de CPU sumado al de la edila radical Natalia Lenci) la continuidad del sistema precario y de emergencia hasta tanto esté resuelta la licitación. Es decir: sin un tiempo específico.
Pero vamos a lo sucedido en la audiencia pública.
El primer cruce se dio entre el secretario de Economía y Finanza, Héctor Daniel Gilli, y el líder de Carlos Paz Despierta, Emilio Iosa. Quien encendió la mecha primero fue Gilli al acusar a los referentes de los espacios partidarios de la oposición de actuar en contra de los intereses de la población de Villa Carlos Paz.
“Un sector de la oposición, la que es aliada de Caserio, Felpeto, Iosa, Serna, que tiene intereses distintos al común del carlospacense, no han acompañado y aprobado la continuidad del actual sistema hasta tanto se resuelva el proceso licitatorio. Debo hacer una salvedad, que es la de la concejal Lenci que, con una visión distinta, sí nos ha acompañado”, dijo Gilli.
Seguidamente hizo uso de la palabra Iosa, quien comenzó su alocución diciendo: “Me causa escozor escuchar al funcionario mentirle a la gente de esta manera. El gobierno de Carlos Paz Unido, que es de la concejal Lenci hacia acá -dijo señalando-, gobierna hace 10 años esta ciudad. 10 años son 3650 días. Una década. A esta altura deberían tener diseñado un transporte público superador, como lo están haciendo todas las ciudades del mundo”, dijo.
Señaló que los concejales de la opinión son apenas cuatro y no cuentan con los votos suficientes para frenar ninguna decisión de gobierno. Y remarcó que desde el oficialismo se busca generar “división a través de un discurso falaz”.
Pero los cruces no quedaron ahí.
Al final de la audiencia, pidió hacer uso de la palabra el concejal Gustavo Molina que se dirigió directamente a Gilli y le dijo: “Usted es un mentiroso”.
“Tal vez usted no conoce bien la ciudad teniendo en cuenta que viene trabajando hace tanto tiempo en Alta Gracia. Fue secretario de Economía del exintendente Mario Bonfigli, a la sazón condenado por coimas. Quiero decirle, contador, que estos cuatro concejales a los cuales usted agredió gratuitamente, tienen nombre y apellido. Acá no está sentado ni Iosa, ni Serna, ni Caserio, ni Felpeto. Acá estamos sentados Ribetti, Lassaga, Quaranta y Molina. Lo único que hacemos, porque es nuestro trabajo, es representar a aquellos que depositaron su voluntad en nosotros. Usted nos acusó de poner en riesgo las fuentes laborales de un grupo de trabajadores y nada está más lejos. Por eso usted miente”, acusó Molina mirándolo a Gilli, que permanecía en su silla con la cabeza baja.
Tras su intervención tomó la palabra el jefe de la bancada de CPU, Sebastián Guruceta, quien salió a respaldar las afirmaciones del funcionario. “Nosotros votamos la contratación de un sistema precario y usted, concejal Molina, junto con el concejal Lassaga, Quaranta y Ribetti, no lo votaron. Hay que ser claro en estas cuestiones porque efectivamente se pone en riesgo el sistema de transporte y las fuentes laborales. Es decir: no faltó a la verdad el contador Gilli, sino que dijo claramente lo que sucedió en el Concejo de Representantes”, insistió.
Seguidamente habló Lenci, quien dijo sentirse víctima de agravios. “Dicen que yo soy parte del oficialismo y la verdad que no es así. Siempre que voto a favor del oficialismo y a favor de la oposición -que hay un montón de proyectos de la oposición que también apoyo y también hay varios proyectos del oficialismo que no los voto-, siempre es en favor de la sociedad”, expresó y afirmó que está a disposición de cualquier vecinx que quiera conversar con ella sobre su criterio de votación.
Tras ella, tomó la palabra el concejal de Carlos Paz Despierta, Daniel Ribetti, quien aclaró que efectivamente no votó por la continuidad del sistema precario -tal como dijo Guruceta-, pero que la razón no era por poner en riesgo las fuentes de trabajo, sino para encontrar una solución definitiva que lleve a mejorar el servicio y, por tanto, las condiciones de trabajo.
“Es necesario que quede claro que el responsable de que peligren los puestos de trabajo es el propio gobierno. Desde hace 18 meses se sabía que se acababa el periodo de emergencia y la posibilidad de volver a extenderla. Era un año y seis meses por única vez”, recordó y halándole directamente a los choferes que estaban presentes en la audiencia añadió: “Si a ustedes les dijeron que sus fuentes de trabajo peligraban, era porque ese tiempo ya se acababa. Hace 18 meses atrás sabíamos que ese tiempo de acababa”.
Y remarcó: “De ningún punto de vista nosotros podríamos ser tan dementes de tomar una decisión que implique que se queden sin el pan en su mesa. Lo que puso en peligro sus fuentes de trabajo es saber que después de 18 meses, no había ninguna alternativa planteada”.
El edil peronista Carlos Quaranta, también solicitó hablar y recordó que él votó en contra de la extensión del sistema precario de transporte fundamentalmente porque no tiene un plazo especifico de finalización. “La emergencia del transporte no tiene plazo. ¿Estamos dejando la emergencia del transporte sin tempore? ¿Y que pasa si no hay una adjudicación, por cuanto tiempo seguiremos en emergencia? Eso fue lo que estos concejales dijimos que no estábamos dispuestos a votar: una emergencia sin tiempo y sin responsabilidad”, manifestó.
Y enfatizó: “Esto es lo que hay que remarcar. Porque es muy fácil en tiempos de posverdad escribir una nota, decir lo que uno quiere y sacar eso en los medios. Esta es la verdad”.
Seguidamente pidió intervenir la concejala oficialista Carla Livelli, quien insistió en que el gobierno de CPU se preocupa por la continuidad de los puestos de trabajo. Y falazmente aseguró que así se hizo con lxs trabajadorxs de la COOPI luego de que el municipio asumió la prestación del servicio de agua el 30 de abril de 2021.
“El gobierno de Carlos Paz Unido tiene la decisión política de prestar los servicios. Y en todos los servicios ha tenido la decisión política de contener a los empleados como se hizo también con el servicio de agua”, afirmó.
En este punto bien vale recordar que en el conflicto por el agua el Ministerio de Trabajo emitió un laudo arbitral que estableció que debían ser 118 lxs trabajadorxs de la Cooperativa que debían pasar a la municipal. Hasta el día de hoy el municipio sólo tomo a 83 y sigue pendiente de cumplimiento esa resolución ministerial.
El ultimo concejal de la oposición en hablar fue Jorge Lassaga, quien recuperó la afirmación del dirigente de AOITA, quien le reclamó a lxs edilxs que “desistan de incluir a los trabajadores en su política barata”.
“Los sindicalistas tienen que defender los derechos de los trabajadores y nosotros, los concejales, tenemos que tener la responsabilidad de defender los derechos de los vecinos. Yo trabajo por eso”, subrayó.