La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que prorroga por 50 años las asignaciones específicas que busca garantizar el fomento para proyectos culturales, medios comunitarios y bibliotecas populares previstas en el artículo 4 de la Ley 27.432, sancionada por el Congreso en 2017.
La iniciativa consiguió 132 afirmativos, 5 negativos y 92 abstenciones y de esa forma fue girada al Senado en busca de su sanción definitiva. Los votos a favor llegaron desde el Frente de Todos, el Interbloque Federal, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda de los Trabajadores mientras que las abstenciones fueron en mayoría de integrantes de Juntos por el Cambio.
Los votos negativos fueron de José Luis Espert y Carolina Píparo (Avanza Libertad), Fernando Iglesias y Francisco Sánchez (PRO), y Victoria Villarruel (La Libertad Avanza).
“Estamos discutiendo cómo hacemos para financiar nuestra cultura, como el cine, el teatro, las bibliotecas populares, los medios comunitarios, radio y televisión argentina, la Defensoría del Público, el conjunto de instituciones que forman el entramado de nuestra cultura”, expresó el diputado nacional por Córdoba, Pablo Carro (FdT), quien tuvo el rol de miembro informante del proyecto.
Si bien defendió la iniciativa, Carro planteó que la discusión no debe pasar por la cantidad de años que duren los impuestos con asignación específica, si no discutir “si pensamos que en algún momento tiene que dejar de haber financiamiento”.
“Es decir, ¿es permanente o transitorio? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. La verdad es que nuestra opinión es que debe ser permanente”, agregó.
“No existe ningún país desarrollado en el mundo que no financie su cultura. Francia, Canadá, España o México, todos los países que para nosotros son de referencia importante, no solo los del primer mundo, entienden que es imprescindible financiar nuestra cultura”, comparó.
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Desde la mañana del miércoles, la multisectorial Unidxs por la Cultura se concentró en las puertas del Congreso para exigir la media sanción de Diputados bajo la consigna “evitemos el apagón cultural”.
Primero, brindaron una conferencia de prensa en la sede del Instituto Nacional de la Música (INAMU) y luego marcharon hacia el Palacio legislativo a la espera de la aprobación del texto. Ahora el camino sigue en la Cámara de Senadores con el objetivo de conseguir la sanción de la ley.
“Es la oportunidad histórica para evitar un problema grave en el futuro cercano”, opinó Juan Salvador Delú, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), una de las organizaciones que integra la multisectorial Unidxs por la Cultura, formada para combatir de manera colectiva esta problemática.
Para el titular de FARCO, si no modifica la normativa que quita las asignaciones específicas “estamos a pocos meses de que el impacto comience a sentirse” en el sector.
“Con 850 millones de pesos en 9 años se hicieron miles y miles de producciones en todo el territorio nacional, es histórico el impacto de la política pública con tan poco dinero”, destacó.
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¿Cómo votaron lxs diputadxs cordobeses?
Lxs disputadxs cordobeses del Frente de Todos (Eduardo Fernández, Gabriela Estévez y Pablo Carro, autor del proyecto) votaron a favor. Misma postura asumieron lxs representantes del bloque Córdoba Federal (Natalia De La Sota, Ignacio García Aresca y Carlos Gutiérrez).
“Córdoba tiene proyectos para demostrar el trabajo que se viene haciendo durante todo este tiempo”, dijo el diputado Ignacio García Aresca en alusión al Polo Audiovisual. Su compañero de bancada Carlos Gutiérrez agregó: “Hablar de una prórroga por años no tiene ningún sentido. El día que dejemos de pensar que la cultura no es pasible del esfuerzo del conjunto de la sociedad para desarrollarse, ese día estaremos secos como una planta”.
Lxs representantes cordobeses de Juntos por el Cambio (Héctor Baldassi, Gabriela Brouwer de Koning, Marcos Gustavo Carasso, Soledad Carrizo, Rodrigo De Loredo, Soher El Sukaría, Leonor María Martínez Villada, Mario Negri, Víctor Hugo Romero y Gustavo Santos) se abstuvieron sin hacer uso de la palabra y alineados a lo que fue la postura de su espacio partidario: que la prórroga sea solo por ocho años y cuestionando la “burocracia” de organismos como el INCAA, el INAMU, el ENACOM, el INT y la Defensoría del Público.