A través de la participación en audiencia pública y mediante un comunicado dirigido a la prensa, vecinxs de San Antonio de Arredondo expresaron su rechazo al nuevo esquema tarifario definido por el Ente Municipal de Obras y Servicios de Sa Antonio de Arredondo (EMOSSA) creado tras la municipalización del servicio de agua en esa localidad.
Una de las cuestiones que generó mayor rechazo fue la reducción de la cantidad de metros cúbicos incluidos en el consumo básico (pasó de 18m3 que es lo que cobraba la COOPI cuando estaba al frente del servicio a 13 m3) y el valor definido para ese básico (se cobrará 1600 pesos siendo que el municipio de Villa Carlos Paz cobra hoy 780 pesos).
“Hasta la fecha, los funcionarios no han presentado ningún cuadro tarifario que establezca con números concretos y detallados cada ítem contemplado para llegar a esa suma como resultado. En medio de este clima de preguntas sin respuestas por parte de los funcionarios, lo que se vislumbra es la clara mercantilización del agua -que es un Derecho Humano- y el manejo que pretende hacer el flamante EMOSSA, más similar a una empresa privada que a un organismo municipal al servicio del vecino”, se lee en el comunicado.
Vanesa Godoy, presidenta del Centro Vecinal de barrio Playas de Oro II y IV, denunció la falta de difusión de la información por parte del Concejo Deliberante de San Antonio y consideró que la reducción del básico de agua “es anticonstitucional”.
“Uno no puede adquirir un derecho y que luego se vuelva para atrás. En la audiencia pública le pedimos a los concejales que se respete esa base”, remarcó en diálogo con VillaNos Radio. Además demandó la publicación de un reglamento de usuarios con amplia difusión para conocimiento de lxs vecinxs.
“En la ordenanza se habla de que si no se respeta el reglamento de usuarios, habría distintas sanciones. entonces: ¿Cómo va a ser multado el vecino por algo que desconoce?”, se preguntó.
Tras el desarrollo de las dos jornadas de audiencias pública, queda por ver si lxs concejalxs harán las modificaciones al proyecto demandadas por la ciudadanía.
El comunicado completo
Vecinos y vecinas de la localidad de San Antonio de Arredondo manifestaron una enérgica oposición al proyecto de ordenanza a través del cual se regulará la prestación del servicio de agua potable en la localidad, a partir del 1 de julio.
Desde que Villa Carlos Paz tomó el manejo del servicio, los habitantes de las comunas y municipios del sur de Punilla han quedado en un océano de incertidumbre. En el caso de San Antonio de Arredondo, se conformó un nuevo organismo denominado EMOSSA (Ente Municipal de Obras y Servicios de San Antonio) cuyo directorio está conformado por abogados. El EMOSSA asume como parte de sus tareas fijar las nuevas tarifas. El proyecto de Ordenanza (ver https://www.sanantonio.gob.ar/?q=content/proyecto-ordenanza-referente-tarifa-del-servicio-agua) generó polémica y un sinfín de cuestionamientos por parte de los vecinos, que se expresaron en los dos días de una acalorada Audiencia Pública y a través de las redes sociales.
Los habitantes de San Antonio, a escasos días de que el EMOSSA tome control sobre la distribución de este recurso vital para cubrir necesidades básicas, no tienen información oficial y certera sobre por qué se reduce el volumen mínimo de consumo que estaba estipulado en 18 m3 por vivienda para una familia tipo y haciendo un uso responsable de este recurso no renovable en el corto plazo, a 13 m3; haciendo que todas las familias –de manera involuntaria- caigan en el excedente, que se sumará en el pago al monto fijo mensual. Tampoco se sabe a partir de qué cálculos se establece que el monto a pagar por mes será de $1600, siendo que las localidades vecinas pagarán montos notablemente inferiores por un volumen mayor de agua.
Hasta la fecha, los funcionarios no han presentado ningún cuadro tarifario que establezca con números concretos y detallados cada ítem contemplado para llegar a esa suma como resultado.
En medio de este clima de preguntas sin respuestas por parte de los funcionarios, lo que se vislumbra es la clara mercantilización del agua -que es un Derecho Humano- y el manejo que pretende hacer el flamante EMOSSA, más similar a una empresa privada que a un organismo municipal al servicio del vecino.
