A través de un proyecto de resolución, el concejal de Carlos Paz Despierta, Daniel Ribetti, buscó conocer el contrato que firmó la empresa con la firma CONTE 7, que desde hace semanas viene trabajando en la extracción de áridos en la desembocadura del río San Antonio.
Sin embargo, el bloque de Carlos Paz Unido (CPU) junto a la concejala radical Natalia Lenci, votaron en contra de que el proyecto sea discutido en sesión.
La propuesta era muy sencilla. Buscaba que en el termino de siete días, el Ejecutivo municipal brinde: 1) la documentación de la autorización con la que la provincia le delega a la municipalidad la gestión de áridos de las costas del río San Antonio; 2) copia del contrato entre la municipalidad y la empresa CONTE 7 que está realizando la explotación de los áridos; 3) documentación administrativa sobre las sanciones que le corresponden a la empresa por haber roto parte de la vereda pública para el ingreso de maquinaria de gran porte con la que se está extrayendo el material. “Hemos podido hablar con los trabajadores de la empresa y sabemos que hay un contrato con el municipio. Con este pedido de informes queremos acceder a información que considero importante conocer”, dijo Ribetti a la hora de fundamentar el pedido durante la última sesión del Concejo de Representantes.
Seguidamente tomó la palabra la concejala Carla Livelli de Carlos Paz Unido que habló de lo que consideró “diferencias” entre los fundamentos del proyecto y el pedido de información. Dijo que la información que se pide es económica, pero en los considerandos se habla de “daño ambiental”.
“Parece extemporáneo solicitar información cuando ya se ha hecho una denuncia en policía ambiental”, dijo y buscó desviar la discusión a través de chicanas y aludiendo a la extracción de áridos que se realizó en el año 2017, cuando el líder de Carlos Paz Despierta, Emilio Iosa, era funcionario municipal. “Estaremos pendientes de la resolución de esta denuncia en policía ambiental, que seguramente será favorable para el municipio”, consideró Livelli.
Sin entrar en el juego, Ribetti volvió a pedir el uso de la palabra y reiteró que la información que se estaba solicitando es sobre el contrato que vincula al municipio con la empresa CONTE 7 responsable de la extracción de áridos. “Queremos saber qué implica el contrato con esta empresa privada”, reiteró el edil.
Tras ello tomó la palabra el jefe del bloque de CPU, Sebastián Guruceta, quien volvió a insistir en las criticas a Iosa y dijo que la extracción de áridos cuenta con todas las autorizaciones. “Evidentemente tienen un problema de amnesia y han olvidado que ellos mismos han actuado de esta misma forma. Es una situación que claramente tiene autorización de la provincia para que al Estado no le cueste un solo centavo y pueda tener una ganancia. De esta forma hacer una cuestión ambiental sobre el río San Antonio”, expresó.
Tomando lo afirmado por el edil, el concejal Jorge Lassaga de Carlos Paz Somos todos afirmó que, si están todas las autorizaciones correspondientes, no podría haber inconveniente en mostrar públicamente esa documentación.
“Es importante y hace a la transparencia. Si hay un contrato, me gustaría leerlo y saber también cuál es el destino que se le está dando a la arena. Acá hay plata en juego y es plata de los vecinos”, remarcó. El punto fue sometido a votación y solo acompañaron los concejales Daniel Ribetti, Jorge Lassaga, Carlos Quaranta y Gustavo Molina.
Acceso a la información pública
Ante la negativa del cuerpo legislativo, el médico sanitarista y líder de Carlos paz Despierta, Emilio Iosa, hizo una presentación por mesa de entrada -como un vecino más- y apelando a la ordenanza 6161 de acceso a la información pública.
“La transparencia ha desaparecido de la gestión comunitaria y ante la falta de voluntad política del gobierno de Avilés – Gesteira de brindar claridad, es que apelamos a esta herramienta que nos permite poner al tanto a los vecinos sobre este gran negocio”, escribió Iosa a través de sus redes sociales.
En lugar de siete días, el Ejecutivo tendrá un plazo “no mayor de 30 días” para contestar la solicitud.
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