Con 55 votos a favor y 11 en contra, la Legislatura de la provincia de Córdoba aprobó una serie de cambios al Código de Convivencia Ciudadana que buscan brindar “herramientas procedimentales imprescindibles para controlar y prevenir” hechos que se conocen como “saqueos y/o ataques piraña”, según se indicó en los argumentos. El texto incorpora los artículos 70 bis y 135 bis, a la vez que se agregan modificaciones a los artículos 122 y 129 de dicha norma.
El artículo 70 bis hace referencia a “acciones atemorizantes para la ciudadanía o amenazantes para la propiedad pública o privada”, las que serán sancionadas con multas, trabajo comunitario y hasta 15 días de arresto para “quienes, en la vía pública o lugares de acceso público, en actitud amenazante o intimidante, formaren parte de aglomeraciones de más de tres personas, con el objetivo de atemorizar a las personas o causar perjuicios a la propiedad pública o privada”. Del mismo modo, las personas que inciten, organicen o alienten las actividades arriba indicadas, serán pasibles del doble de las sanciones.
“El nivel de ambigüedad de la figura habilita que a partir de ahora quien se junte a manifestarse, o incluso a festejar un campeonato de algo, puede ser entendido como una aglomeración amenazante o algo parecido”, opinó el abogado Sergio Job, militante social y coordinador regional de la Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Además consideró que “una vez más utilizan el Código de Convivencia para cercenar derechos que tenemos todos y todas”.
Los robos en grupo que se produjeron en la provincia y otros puntos del país hace pocas semanas aceleraron una reforma que se estaba preparando hace tiempo. En octubre de 2022, tanto el oficialismo como la oposición presentaron proyectos en la Legislatura que buscan criminalizar la protesta y limitar las movilizaciones en el centro de Córdoba.
En el análisis Job reconoció que la situación económica en el país es “crítica, injusta y dolorosa”, pero consideró que los robos en grupo fueron “operaciones políticas para enrarecer aún más el clima social y político”. En este sentido apuntó hacia Juntos por el Cambio como el sector que tácitamente los promueve.
“No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que la única que sale favorecida de esa situación es Patricia Bullrich que, frente a un panorama post PASO, se queda sin espacio para crecer políticamente. De hecho fue la que inmediatamente salió a pedir que se declare estado de sitio”, consideró.
Y añadió: “No se volvió una ola masiva de saqueos porque, a pesar de la situación muy grave que tenemos, no fue una movida espontánea ni los sectores populares de argentina creyeron que ese era el método en este momento para solucionar la crítica situación económica en la que nos encontramos”.
Los cambios en el Código de Convivencia fueron aprobados con el voto favorable de los bloques Hacemos por Córdoba, Juntos por el Cambio, Identidad Peronista y Córdoba Auténtica, más el acompañamiento de los legisladores Cossar, Jure y Rins, de Juntos UCR. En tanto que en contra se pronunciaron los bloques Independiente, Encuentro Vecinal Córdoba, MST, Izquierda Socialista y los legisladores Carrillo, Garade Panetta, Cafaratti, De Ferrari Rueda, Rossi y Gudiño, de Juntos UCR.
Para el abogado, la reforma de la ley “es más demagogia punitiva”.
“Es creer que todo se soluciona con más penas, más inflación legislativa. Está recontra demostrado que eso no resuelve el problema. Hay un comercio político alrededor de la demagogia punitiva que sigue funcionando y lo aprovechan diferentes sectores, en este caso, el oficialismo cordobés”.
Más cambios
Además de la incorporación del artículo 70 bis, se agregaron cambio al artículo 122, referido a la detención preventiva. Allí se incorporó como último párrafo disposiciones referidas al secuestro de los elementos utilizados para la “perpetración de la infracción”.
También, en el artículo 129, se amplió el detalle de elementos y objetos que la autoridad policial puede secuestrar cuando hayan sido utilizados para cometer la infracción, tales como “aparatos de telefonía móvil, tablets, computadoras portátiles, inhibidores de alarmas, vehículos y motovehículos”.
Finalmente, el artículo 135, que trata sobre la recepción del sumario de aquellos hechos que califiquen como contravención, se complementa ahora con el artículo 135 bis, que incorpora las “medidas cautelares y de protección” que la autoridad de juzgamiento podrá disponer.
