El periodista, abogado y militante de derechos humanos, Pablo Llonto, habló con VillaNos Radio sobre el acto negacionista de la última dictadura cívico-militar desarrollado por la diputada y candidata a vicepresidenta de la Libertad Avanza, Victoria Villarruel, el pasado lunes 4 de septiembre en la Legislatura Porteña.
Allí, la compañera de fórmula de Javier Milei, propuso “homenajear a las víctimas del terrorismo”. El evento fue organizado por el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), del que Villarruel es presidenta honoraria.
“Villarruel es una persona que ha estado trabajando a favor de los represores, de los genocidas y de la dictadura. Cuando apareció en la escena política intentó borrar ese perfil y ahora lo reivindica. Es un perfil de falsa liberal porque se encolumna detrás de un supuesto proyecto liberal cuando es defensora de una dictadura que arrasó con todas libertades individuales y pisoteó la Constitución Nacional, las leyes y la república; y trajo horror, muerte, tortura, desapariciones, robos, saqueos, la muerte de centenares de soldados en Malvinas”, comenzó describiendo Llonto y remarcó: “Victoria Villarruel es la cara joven de Jorge Rafael Videla”.
El abogado precisó que el negacionismo en Argentina está representado tanto por la negación de la cifra de las 30 mil víctimas del terrorismo de Estado como por la teoría de los dos demonios, que implica equiparar el accionar de la guerrilla con lo que fue el terrorismo de Estado.
En este sentido hizo una clara diferencia entre un delito y crímenes de lesa humanidad. “Tenemos más de 200 sentencias de Tribunales Orales Federales de todo el país, que luego fueron confirmadas por la Cámara Federal de Casación. Muchas de estas sentencias fueron confirmadas también por la Corte Suprema de Justicia que ha dicho que acá no existió una guerra. Lo que existió fue una actividad de la guerrilla en un momento de la Argentina. Luego, bajo la excusa de la actividad de la guerrilla -que podría haber sido llevada ante la justicia-, lo que hizo el Estado en sus diferentes composiciones, fue desatar esto que se conoció como terrorismo de Estado”, explicó Llonto.
Y añadió: “Fue la práctica de un genocidio, saliendo a la persecución no solo de la militancia de las organizaciones guerrilleras sino también en la sindical, la política, la estudiantil, la barrial. Persiguieron también a las familias de esos militantes, a sus amigos, a sus simpatizantes. Cuando ya no quedaba más nadie, comenzaron a perseguir a todo aquel que fuera crítico de la dictadura y metieron periodistas, comentaristas políticos, militantes y familiares de militares que criticaban a la dictadura. Arrasaron con todo”.
El abogado remarcó que los familiares de las víctimas del accionar guerrillero pudieron -y en muchos casos lo hicieron- emprender acciones judiciales contra quienes cometieron delitos pero, aclaró, que esa etapa ya terminó.
“Son delitos que prescribieron”, insistió Llonto y añadió: “Los que no prescriben son los delitos de lesa humanidad. Es decir: los que fueron cometidos desde el Estado y como parte de un plan sistemático de exterminio. La dictadura y los civiles que la apoyaron, planificaron y llevaron adelante un plan de exterminio. Eso es delito de lesa humanidad. Esos son los delitos imprescriptibles. Los que la justicia tiene la obligación de perseguir. Esto no es una resolución argentina sino que es universal. Es lo que están considerando todos los tribunales del mundo y las cortes regionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso, por ejemplo, se están abriendo juicios por delitos de lesa humanidad en Uruguay, Chile, Centroamérica, en Perú. Es una cuestión universal que ocurre en todo el mundo”.
El abogado señaló que es necesario explicar y asumir una tarea pedagógica en la defensa de las políticas de memoria, verdad y justicia. En cuanto a la necesidad de tener una ley que sancione el negacionismo, afirmó que “con lo que hay en el Código Penal es suficiente”.
“No es necesario que pongamos más normas punitivas en nuestro Código Penal”, dijo y advirtió que las leyes que establecen sanciones sobre expresiones y manifestaciones suelen ser riesgosas si no tienen una redacción brillante que establezca absoluta claridad.
En otro punto de la entrevista, el periodista hizo referencia a que no es la primera vez que existen candidatxs que reivindiquen la dictadura cívico-militar.
Como ejemplo mencionó a Antonio Domingo Bussi, quien fue interventor de la provincia de Tucumán durante 1976 y 1978 y resultó electo gobernador de la misma provincia para el período 1995-1999; Roberto Ulloa, que fue en 1977 nombrado interventor de la provincia de Salta por el presidente de facto Jorge Rafael Videla por el período 1977-1983, fue electo gobernador para el período 1991 – 1995 y fue senador hasta el 2001; Aldo Rico que fue un militar protagonista del levantamiento carapintada contra Raúl Alfonsín, fue diputado nacional entre 1993 y 1997, convencional constituyente en 1994, intendente de San Miguel (provincia de Buenos Aires) entre 1997 y 2003 y ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires entre 1999 y 2000; Luis Abelardo Patti, que entre 1973 y 1976 se desempeñó como oficial principal en la seccional de Escobar, bajo las órdenes del comisario Zabaleta y durante la última dictadura militar, fue asignado para trabajar en las seccionales, brigadas y unidades regionales de los partidos de Escobar, Tigre, Exaltación de la Cruz y San Martín. Patti fue intendente de Escobar entre 1995 y 1999, diputado nacional y candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires.
“Hemos tenido hasta nazis compitiendo por la candidatura, como lo es Alejandro Biondini”, dijo Llonto, aunque remarcó que la novedad hoy es que se trata de candidatxs con serias posibilidades de llegar a la presidencia. “Muchos genocidas han llegado a ocupar cargos ejecutivos. Lo que tenemos ahora es una especie de expresión de nueva ola”, aseguró.
