A mediados de septiembre, la Justicia Federal decidió reactivar la causa contra los 27 estudiantes universitarixs que emprendieron la toma del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en 2018, en apoyo a la lucha docente por mejores salarios y en reclamo por más presupuesto para educación.
En ese marco, lxs estudiantes denunciaron que el rectorado de la UNC -en ese entonces encabezado por Hugo Juri-, impulsó el procesamiento de 27 estudiantes por participar de esas acciones. Recientemente el Poder Judicial les convocó a una audiencia preliminar para dar inicio al juicio. La misma tiene fecha el viernes 29 de septiembre a las 9 horas en Tribunales Federales.
La situación puso en alerta a la comunidad universitaria, organizaciones estudiantiles, de derechos humanos, políticas y sindicales, que convocaron a una concentración una hora antes frente a Tribunales Federales para rechazar la realización del juicio y exigir su cese.
“Este nuevo capítulo de criminalización y penalización del derecho a la protesta se da en un contexto de profunda crisis y deterioro de las condiciones de vida, que entre otras cosas, se expresa en el ajuste a la educación pública, repercutiendo en condiciones edilicias lamentables, en un salario básico por debajo de la línea de pobreza de les trabajadores de la educación, en el aumento de la deserción estudiantil por falta de becas, en los aumentos exponenciales de precios en las raciones del comedor universitario y carencias de recursos para sostener las cursadas, y en el acceso al sistema educativo. Todas las reivindicaciones por las que luchamos en el 2018 y que la única respuesta que obtuvimos del estado fue la criminalización”, se lee en el comunicado conjunto que emitieron las agrupaciones.
Santiago Sarmiento, uno de los imputados, dialogó con VillaNos Radio y precisó que hace más de un año que la causa estaba paralizada. “Buscan sentar un precedente para que ningún sector, no solamente el estudiantil, se movilice”, consideró y precisó que la imputación que pesa sobre lxs procesadxs es de usurpación por despojo. “Nos acusan como si hubiéramos ocupado una propiedad privada para quedarnos a vivir. No tiene ningún sentido. En el expediente no se dice qué hechos cometimos de los cuales se deduce el delito”, recalcó.
En esa línea, consideró que es un contrasentido que las autoridades universitarias reivindiquen en sus logos, en su discurso y en su identidad a la Reforma Universitaria de 1918 (que implicó la toma de lo que era la sede de la Universidad); sin embargo a 100 años de estos hechos, deciden criminalizar a quienes emprendieron acciones similares.
“Está muy flojo de papeles judicialmente y por eso creemos que hay una intencionalidad política con este juicio. Han dibujado una causa para criminalizar la protesta, que ya sucedía durante el gobierno de (Mauricio) Macri. Y ahora se reactiva para dar un mensaje aleccionador a los sectores que salen a protestar por mejores condiciones de vida”, expresó y subrayó: “Las tomas y las movilizaciones son los métodos históricos de lucha tanto del movimiento estudiantil como del movimiento obrero”.
