El Poder Judicial dictó la semana pasada una orden de restricción de acercamiento contra tres funcionarios del municipio de Villa Carlos Paz a raíz de una denuncia por violencia laboral y de género que presentó una ex trabajadora municipal.
La medida está dirigida contra el encargado de Vía Pública, Carlos Ceballos, al director de Recursos Humanos, Roberto Buzzurro, y al actual prosecretario legislativo, Roberto Giménez.
La orden establece que tienen prohibido “todo tipo de comunicación” con la denunciante y se les ordena “el cese en los actos de perturbación o intimidación que directa o indirectamente” realicen sobre la denunciante, Lucila Reñícoli.
La joven radicó la presentación judicial en la Oficina Única de Violencia Familiar y Género de Villa Carlos Paz. Allí relató una serie de hechos que vivió siendo trabajadora municipal: violencia de género ejercida por su expareja en espacio laboral, falta de contención por parte de municipio, traslado sancionatorio de su espacio de trabajo, hasta llegar al despido.
Tras conocer la decisión del poder judicial, la joven celebró la medida. “Fue una alegría y una sorpresa ver que la justicia está avalando mi denuncia. Me está apoyando porque son pruebas contundentes. Me está protegiendo porque es algo que nadie estimaba hacer, denunciar a funcionarios de alto rango. Para mí fue una gran noticia”, expresó en diálogo con VillaNos Radio.
Además, se mostró esperanzada de que la causa siga avanzando. “Al hacer esta denuncia se puede lograr un cambio. tanto para la gente que está adentro como para la gente que va a ingresar; y también justicia para lo que pasó conmigo”.
La medida tiene vigencia por un mes, pero la abogada representante de la joven, Daniel Pavón, solicitó una extensión por el tiempo que dure la investigación.
Graves antecedentes
La denuncia de Reñícoli es la tercera denuncia por violencia de género que enfrenta el gobierno de Carlos Paz Unido, liderado por Esteban Avilés. Las anteriores también tuvieron su correlato judicial.
En junio de este año la Cámara 6ª del Crimen de Córdoba, dictó sentencia contra cuatro extrabajadores municipales por abuso sexual gravemnete ultrajante cometido contra un joven entre diciembre de 2015 y febrero de 2016 en el Corralón de Mantenimiento de la municipalidad de Villa Carlos Paz.
Por ese hecho, el municipio de Carlos Paz fue condenado a pagar una indemnización de 14 millones de pesos, pero la sentencia fue apelada.
El otro hecho denunciado afecta al excoordinador de Economía Social, Horacio Gigena, acusado de abuso sexual. La denuncia fue presentada en septiembre de 2021. El joven denunciante viene advirtiendo de la falta de avances en la causa y señala que se trata de una persona que aún goza de protección por parte del poder político.
