El concejal de Carlos Paz Inteligente, Carlos Quaranta, advirtió sobre la decisión del gobierno de Carlos Paz Unido de que las tasas y los servicios públicos aumenten cada dos meses, sin que la población tenga posibilidad de enterarse y expresarse en audiencia pública.
“La gente se va a dar cuenta cuando se esté aplicando. Buscan evitar el tratamiento público de los incrementos”, afirmó. Además consideró que lo que pretende el gobierno de Avilés es “resolver sin que la gente se entere” y “no pagar el costo político que significa definir aumentos cada dos meses”.
“Esta definición que tuvo el Ejecutivo y que envió al Concejo fue una cuestión que se introdujo en el último día previo a la sesión. Todos estos manejos se hacen a fin de año, cuando la gente está con otras cuestiones. Todo esto está pasando desapercibido y la situación es muy grave”, expresó el edil en diálogo con VillaNos Radio.
Sostuvo que con esta decisión el Concejo está delegando facultades al Ejecutivo, algo que está expresamente prohibido por el artículo 123 de la Carta Orgánica Municipal. “Todo lo que tiene que ver con aumento de tarifas es una potestad exclusiva del Concejo de Reprenstentes. Además, tiene un tratamiento muy especial que implica doble lectura y audiencia pública. Esto presupone la participación del vecino”, explicó.
Al ser consultado sobre la posibilidad de que el tema sea judicializado, Quaranta rechazó tal posibilidad y se expresó en contra de la judicialización de la política. “Generalmente la justicia no se introduce sobre las decisiones que toman los órganos legislativos, salvo que haya una gravedad muy importante. No sé si es viable y no somos partícipes de judicializar la política”, aseguró. No obstante consideró que este es un tema donde el defensor del Pueblo, Víctor Curvino, podría actuar de oficio. “Tranquilamente podría hacer un planteo en relación a lo que el municipio está haciendo. Vale recordar que esta institución nació para controlar los actos del gobierno municipal. La función sine qua non no es ir a las plazas a hablar con la gente. Su función es analizar y objetar cuando corresponda aquellos hechos o actos que realiza el municipio y que son perjudiciales para los vecinos. Este es un hecho donde creemos que podría estar la participación del defensor del Pueblo”, señaló.
