La exrectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Carolina Scotto, dialogó con VillaNos Radio sobre el conflicto que el gobierno nacional instaló contra las universidades. Consideró que la situación es “realmente muy delicada”. Sostuvo que de esta situación hay antecedentes como los planteos de arancelamiento de la Universidad. No obstante consideró que el gobierno “está agitando los fantasmas propios de los procesos previos a la dictadura”.
“Está agitando fantasmas muy complicados, está enviando gente a provocar a las universidades. Está ofendiendo y agrediendo con una violencia verbal inusitada”, dijo y añadió: “Yo no recuerdo que en los 90 los procesos tuvieran este condimento de la violencia verbal asociada a la provocación y a la mentira.
“De todos modos, hay que estar tranquilos. No hay que dejarse provocar. No hay que intentar debatir con un gobierno que no quiere debatir, hay que debatir con la sociedad y con todos los sectores políticos que, al menos, aparentan tener una actitud más racional”.
Valoró y destacó la reacción de la comunidad universitaria con las clases públicas, movilizaciones y asambleas masivas, junto a las tomas de facultades. “La propia comunidad universitaria salió a explicarle a la comunidad qué hacemos, cómo trabajamos, a contestar cada una de esas acusaciones. Quizás esa es la actividad más importante en este momento. No hay que presuponer que la sociedad, los sectores que no están vinculados a actividad universitaria, conozcan cómo funcionamos. Hay que explicarlo y está bien hacerlo, porque somos una institución pública”, expresó.
Respecto de la acusación de que las universidades no se dejan controlar, Scotto dijo: “Me resulta muy impresionante constatar que cuando alguien con el máximo poder, como un presidente o algún actor político de cierta relevancia, dice algo, sea falso o verdadero, todo el mundo repite eso como si fuera verdadero”.
Y enfatizó: “Esta idea de que las Universidades no se dejan auditar es falsa de toda falsedad”.
“Las universidades son auditadas. Aún cuando somos organismos autárquicos, la legislación que rige el sistema universitario prevé auditorías de parte de la Auditoría General de la Nación, que es un órgano que depende del Congreso. Son auditorías regulares y posteriores al gasto”.
La académica remarcó que “si la auditoría revelara alguna irregularidad, eso es sancionable judicialmente”.
Y agregó: “Además las universidades tenemos, y eso también lo establece la normativa legal vigente, auditorías internas; que no son internas en el sentido de que las hace la propia organización universitaria con funcionarios que designan las autoridades universitarias, sino que son unidades de auditoría interna que tienen todos los organismos del Estado y que están en articulación con la SIGEN, que es la Sindicatura General de la Nación que depende del Poder Ejecutivo”.
Scotto reconoció que desde hace dos años -por una interpretación de la ley según la cual no corresponde hacer ese tipo de auditoría por parte del Poder Ejecutivo- no se venían desarrollando; pero sí el control por parte de la Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Congreso Nacional. Ese mecanismo de control “está plenamente vigente”.
“No solo hay toda una cantidad de procedimientos administrativos que debemos cumplir en las universidades cada vez que vamos a ejecutar presupuestos del Estado Nacional como, por ejemplo, para licitar, cómo hacer concurso de precios, qué nivel de autoridad hace falta para decidir qué volumen de gasto; sino que después hay una auditoría interna, después está la de la AGN, y ahora se agregó la de la SIGEN, que en realidad de alguna forma estaba ya vigente a través de las unidades de auditoría interna”, explicó.
La exrectora consideró que “el gobierno está deseoso de encontrar alguna irregularidad concreta”.
“No sé cuáles son las cajas irregulares a las que se refiere el presidente, pero si las hubiera, los más indignados deberíamos ser los universitarios”, afirmó.
Scotto analizó que la ideología anarcocapitalista busca dejar al Estado funciones mínimas como las fuerzas de seguridad, la administración de justicia y Poder Ejecutivo. “Ya el Congreso lo molesta, al igual que el resto de los organismos públicos como el de salud y educación. Este gobierno piensa que el Estado tiene que retirarse absolutamente de ellas y que los individuos deben proporcionarse como consumidores de esos bienes que están dispuestos o tienen condiciones para pagar”.
Advirtió que el objetivo del gobierno es “que toda la educación superior sea privada”. En ese sentido dijo que la Universidad del 2025 dependerá de las defensa que se encare en esta parte del año.
“Somos una comunidad amplia, bastante transversal, bastante autoconsciente de su responsabilidad y del aporte que hace a la sociedad. Depende que logremos que la comunidad no universitaria nos acompañe. Cosa que creo que está ocurriendo en general, pero tenemos que profundizar en este trabajo de explicar a la sociedad en su conjunto qué hacemos, qué estamos reclamando, por qué nuestro reclamo no es meramente salarial o corporativo o sectorial o de clase, sino que es estratégico, de soberanía, de desarrollo, de crecimiento. Hay que tratar de despejar todas las dudas sobre los controles que estamos completamente dispuestos a que se haga sobre el sistema. Un sistema que en estos años ha sido cada vez más transparente”, consideró.
Y remarcó: “Todo depende de lo que hagamos nosotros, no de lo que haga el gobierno. Hay que ponerse de pie, levantarse, sostener este proceso con calma, sin enojarnos con quienes no comprenden, explicando lo que nos pasa”.
