La Legislatura de Córdoba adhirió, en la sesión del miércoles 16 de octubre, al Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones (RIGI). Lo hizo con un proyecto enviado por el Ejecutivo un día antes del tratamiento en sesión.
El “RIGI a la cordobesa”, como lo llaman desde el bloque oficialista, amplía el sentido extractivista al incluir otras actividades por fuera de las que se mencionan en la Ley Bases y más exenciones impositivas.
“Cuando una inversión esté por llegar a la Argentina, y vea en qué provincia desembarcar, analizará las posibilidades. Por ejemplo, una inversión turística. Puede ir a Mendoza, a Salta, a Jujuy o a Córdoba. Si no tenemos ley de RIGI, ¿a dónde se va a ir esa inversión? Se va a ir a Salta, Jujuy, o a la provincia que tenga incentivos para que esa inversión llegue. No va a venir a Córdoba. Ahora, lo que nosotros hacemos con esta ley es fomentar la inversión para que pueda venir a Córdoba. Pero incluso vamos más allá, porque no solamente adherimos al RIGI, sino que además en Córdoba te vamos a dar más beneficios”, graficó el jefe de la bancada oficialista de Hacemos Unidos por Córdoba, Miguel Siciliano.
El proyecto contó con 39 votos a favor, 28 negativos y 2 abstenciones. A favor votaron la Banca Oficialista, el PRO y la Libertad Avanza. Estuvieron en contra la Unión Cívica Radical, el Frente Cívico, el Frente de Izquierda y los Trabajadores, el kirchnerismo y Encuentro Vecinal.
Los principales ejes de rechazo fueron la imposibilidad del tratamiento en comisión y la discrecionalidad que habilita la autorización de emprendimientos en la provincia.
En este sentido, el periodista e investigador Leandro Ross publicó un informe en el portal La Luna con Gatillo donde también advierte sobre las posibilidades de trato diferencial que podrían generarse con la llegada de las grandes inversiones.
“El proyecto de ley del oficialismo provincial, por lo menos a mí no me ha generado claridad, tampoco sobre los montos. El RIGI es muy claro; es de mínima 200 millones de dólares. En el proyecto provincial no se habla de los montos, lo cual nuevamente hablamos de la propia discrecionalidad”, explicó Ross en diálogo con VillaNos Radio.
Además recordó que en una entrevista que le hicieron a Roberto Cachanosky, un economista que iba a ser asesor de Milei, donde afirmó que el RIGI es una entrada a la corrupción.
“En la entrevista le preguntan a Cachanosky por qué decía eso y él contesta que por más que te dé especificaciones sobre cuáles son los rubros económicos que pueden adherirse, el que tiene la última palabra, la lapicera, es un burócrata designado por el Poder Ejecutivo. Imaginate, viene un inversor que tiene 200 millones de dólares, cara a cara con un funcionario público, que lo único que tiene que hacer es una firma, ¿qué va a hacer el empresario para convencerlo?”, se preguntó el periodista.
Para el abogado Juan Smith, la mirada también hay que ponerla en el impacto ambiental que la llegada de las grandes inversiones podría generar en los territorios.
“Cuando los legisladores aprobaron esta adhesión no han tenido en cuenta que estos sectores se van a sentar para su desarrollo sobre los territorios de nuestras comunidades. Esto significa que harán uso del suelo y de los escasos bienes comunes o recursos naturales, como les llaman ellos, como el agua y el monte.
“Imaginemos un emprendimiento minero de 200 millones de dólares de inversión en cualquiera de nuestros municipios y comunas. Hay que recordar que en nuestros territorios ya arrastramos un exceso de nuestra capacidad de acogida. Muestra de ello es que ya nuestras cuencas hídricas no están soportando la actividad que nosotros ya desarrollamos en nuestros territorios”, expresó el abogado.
Además subrayó que este tipo de normas de este tipo tienen que ser precedidas por una discusión pública amplia y diversa. “Desde el sector ambiental tenemos muchos reparos. Córdoba está atravesando su peor situación medioambiental de la historia”, afirmó.
