Hace unos días se conoció la noticia de que el presidente Javier Milei autorizó, a través del Decreto 95, a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a “disponer, enajenar o transferir” 309 inmuebles distribuidos en todo el país. Dentro de esos terrenos está un predio de Malagueño, en Córdoba, donde está emplazada La Perla Chica, una construcción que sirvió de anexo a La Perla, el mayor campo de concentración del interior del país.
El juez federal de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, dictó una medida de no innovar y por el momento el gobierno de Milei no podrá avanzar con la venta de este terreno. La acción judicial fue impulsada por los fiscales Carlos Gonella, Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirolo, integrantes de la Unidad Especial de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado en Argentina.
En diálogo con VillaNos Radio, Trotta afirmó que uno de los fundamentos centrales para impedir la venta del predio es que aún se están investigando los crímenes cometidos en ese centro clandestino.
“Nos presentamos ante el juzgado federal del doctor Alejandro Sánchez Freites y le hicimos saber las causas que se instruyen en la unidad que tiene intervención con ese juzgado, las víctimas que pasaron por ese centro clandestino, la trascendencia que tiene y la necesidad de resguardarlo a los fines de las investigaciones”, expresó el fiscal.
El predio fue señalizado en noviembre del año pasado como sitio de memoria por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Durante la dictadura cívico militar La Perla Chica cumplió un rol central recibiendo transitoriamente a las personas que estaban en cautiverio en otros centros clandestinos de detención durante el Mundial de Fútbol de 1978, la visita de la Cruz Roja Internacional ese mismo año y la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979.
Según testimonios obrantes en el Archivo Nacional de la Memoria, el Archivo Provincial de la Memoria y en la Justicia federal, aquí permanecieron secuestrados y sometidos a torturas hombres y mujeres perseguidxs por su militancia política, social y sindical. Muchas de las víctimas fueron asesinadas o continúan desaparecidas. Este lugar estaba subordinado a la IV Brigada de Infantería Aerotransportada, bajo el control operacional del III Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba, cuyo mando era ejercido por Luciano Benjamín Menéndez.
En 2016, en la denominada “Megacausa La Perla”, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba condenó por crímenes de lesa humanidad a muchos de los represores que actuaron en “La Perla”, La Perla Chica y Campo de la Ribera, entre otros lugares.
Trotta remarcó que no sólo a los fines investigativos debe preservarse el lugar e impedir que se venda, sino que también la ley 26.691 le exige al Estado Nacional preservar estos sitios como lugares de memoria sobre el terrorismo de Estado.
“Nosotros tenemos un día nacional de la memoria por la verdad y la justicia; es decir, a partir de los crímenes de lesahumanidad que se vivieron en otro país, nosotros tenemos un compromiso frente a eso. Tenemos que recordar ese oscuro pasado para que esto no se vuelva repetitivo. Tenemos que entender que los hechos que se cometen, los crímenes tienen que someterse a los juicios, a la garantía del debido proceso y tenemos que procurar siempre alcanzar la verdad”.
