El espacio Ciudad Futura impulsa una enmienda de la Carta Orgánica Municipal que tiene por objetivo modificar la forma de elección del Defensor del Pueblo de Villa Carlos Paz y su Adjunto. También se plantea una disminución en sus respectivos salarios. Por un lado, pretenden eliminar la elección por voto popular, delegando la responsabilidad de elegir al Defensor del Pueblo en la fuerza política que consiga el segundo lugar en los comicios de intendente; y el Adjunto para quien salga tercero.
En cuanto a las remuneraciones, se dispone equiparar el sueldo del Defensor del Pueblo con el de un secretario del Ejecutivo (hoy cobra lo mismo que el intendente; $2.427.597 neto en octubre) y el del Adjunto con un director.
Queda claro que se busca evitar que el organismo sea cooptado por el gobierno de turno, como sucedió durante el mandato de Daniel Mowszet (2017-2021) y el actual, más escandalosamente, con Víctor Curvino al frente. En representación de Ciudad Futura, Luis Farías ingresó la propuesta al Concejo de Representantes y solicitó utilizar la Banca del Ciudadano para explicar sus alcances. Esta presentación tendrá lugar el próximo jueves.
“Nosotros hemos tenido varias reuniones donde han participado distintos convencionales que redactaron la Carta Orgánica Municipal y entendemos que el espíritu era que la Defensoría del Pueblo sea un organismo de control y creo que no se viene cumpliendo”, dijo en una entrevista con VillaNos Radio. Sobre el mecanismo de elección, expresó que, “por ahí es bueno que sea directa, pero consideramos que no se cumple con el espíritu al ser generalmente electa una persona que ha sido cooptada por el gobierno de turno”.
“La institución está perdiendo credibilidad y la gente no la ve bien. Un poco por las funciones que aparentemente tiene que cumplir y no cumple y un poco porque queda demostrado también en la evolución de las elecciones”, dijo, en alusión a la paupérrima participación ciudadana en los comicios donde resultó electo Curvino (apenas votó el 25% del padrón).
Farías aclaró que, “no vamos en contra de la institución en sí, sino lo que queremos plantear es precisamente que haya una discusión y que vaya con el espíritu con que fue creada. Básicamente, la primera atribución que tiene el Defensor del Pueblo es defender a los vecinos del exceso de poder que pudiera tomar el gobierno municipal o el Ejecutivo, y eso no está ocurriendo”. En este punto insistió con que, “no estamos planteando esto por la confrontación en sí, sino para que la Defensoría del Pueblo cumpla con la función principal que tiene, y que es la de evitar los abusos en cuanto a las medidas que tome el gobierno”.
Y puso como ejemplos la implementación del nuevo Código de Convivencia y la delegación de facultades del Concejo de Representantes al Ejecutivo para que determine aumentos en las tasas municipales y servicios públicos por su cuenta. “Hemos pedido la intervención del Defensor del Pueblo en el caso concreto del Código de Convivencia y nos dijo que no pueden definir el tema de inconstitucionalidad porque debería haber un caso específico de daño, que no es el caso, pero es factible; y en el caso del aumento de las tarifas no he escuchado que haya participado ni siquiera pidiendo antecedentes o la posibilidad de hacer algo”, explicó.
“Lo que esperamos es que la ciudadanía tome el tema y lo discuta. Después sabemos que es difícil que prospere porque tiene que haber una mayoría extraordinaria en el Concejo de Representantes, y luego una consulta popular para avalar la enmienda”, dijo. Y reflexionó: “creo que en su momento los convencionales incluyeron la Defensoría del Pueblo con muy buena intención. Pero no está funcionando como se la imaginó”.
Enmienda
Vale recordar que una enmienda permite modificar hasta dos artículos de la Carta Orgánica Municipal. El proyecto debe ser aprobado con mayoría extraordinaria (al menos 10 de 12 votos en la actual configuración legislativa) y luego validado a través de un referéndum obligatorio para que quede firme. Si avanza la propuesta de Ciudad Futura, se evitaría la elección del Defensor del Pueblo y Adjunto prevista para junio del año próximo, y el siguiente ombudsman se designaría con el nuevo sistema tras los comicios municipales de 2027.
Redacción: La Jornada Web
