La justicia federal ha dado un paso significativo en la causa que investiga a Óscar González, ex presidente provisional de la Legislatura de Córdoba, al imputarlo por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La denuncia que originó la investigación fue presentada por la legisladora del Frente de Izquierda Unidad, Luciana Echevarría, quien reveló una serie de irregularidades y maniobras fraudulentas por parte de González. La causa, que comenzó en la justicia provincial, fue derivada al fuero federal tras la falta de avances en la investigación en Córdoba.
El escándalo que involucró a González tiene su origen en un trágico siniestro vial ocurrido en octubre de 2022, en las Altas Cumbres, donde el exfuncionario embistió a un vehículo, provocando la muerte de Alejandra Bengoa y dejando graves heridas en dos jóvenes, entre ellas, Alexa. Según la denuncia de Echevarría, el accidente reveló varias irregularidades, como el uso de un auto judicializado de alta gama y la posesión de una licencia de conducir no válida.
En declaraciones a VillaNos Radio, Echevarría explicó: «Este hecho lamentable reveló muchas irregularidades y delitos cometidos por él. Se hizo público que utilizaba un auto judicializado de alta gama y que poseía una licencia de conducir no válida», y agregó que al revisar la declaración jurada de González «se detectaron notorias incongruencias: terrenos valuados en centavos y cocheras en barrios exclusivos a precios irrisorios».
La causa fue derivada al fuero federal luego de que la justicia provincial no avanzara en su investigación. «Los tiempos judiciales nunca son los que uno quisiera, pero el avance de la investigación es una muestra de que los hechos eran demasiado evidentes como para ser ignorados», comentó Echevarría.
La legisladora también destacó que «González ha contado con la protección del poder político provincial durante años”. Y agregó: “La corrupción es tan grande que ya no se puede tapar».
Este hecho llevó a Echeverría a presentar la denuncia en la justicia, lo que originó una serie de denuncias adicionales. Entre ellas, destaca el descubrimiento de transferencias sospechosas por parte de González, quien habría transferido propiedades a sus familiares para evitar embargos.
Gustavo Álvarez, padre de Alexa, fue uno de los más comprometidos en la lucha por justicia, exigiendo que González fuera detenido desde el principio. «Venimos diciendo que debió tener prisión preventiva desde el primer momento, porque ha interferido en la investigación y sigue teniendo peso en el fuero provincial», expresó.
Además denunció que González estaba vinculado a otras irregularidades, como conducir un vehículo con placa clonada y sin seguro, y que la documentación del auto estaba falsificada. «Todo el gobierno estaba al tanto de esto y nadie hizo nada», afirmó Álvarez. Y sobre la lentitud en el proceso judicial, agregó: «Cuando la fiscalía eleva la causa, el expediente pasa al juez que intervendrá. Pero en este caso, todos los jueces originales se tuvieron que apartar por sus vínculos con González».
El reciente pedido de detención e imputación de González solicitado por el fiscal Maximiliano Hairabedian, ha reavivado la discusión sobre el poder político que lo respalda. Sin embargo, a pesar de las evidencias, el proceso judicial aún no ha llegado a juicio, lo que genera preocupación sobre la posible impunidad.
Álvarez considera que la justicia provincial ha sido lenta, por lo que confía en que la justicia federal será más activa en la resolución de la causa. «La justicia federal es un poco más activa e imparcial que la provincial», comentó, añadiendo que espera un fallo contundente que permita a su hija Alexa acceder a sus tratamientos médicos.
El juez Ricardo Vaca Narvaja deberá decidir sobre la situación de González. «No podemos permitir que siga obstaculizando la justicia. Es hora de que lo metan preso y que se avance con las causas», afirmó Álvarez, subrayando la magnitud de las conexiones de poder de González.
El caso de González no solo ha sacudido los cimientos del poder político provincial, sino que también ha abierto una herida en la sociedad, donde la impunidad sigue siendo una preocupación constante.
La expectativa en torno al caso es grande, y tanto las víctimas del accidente como la comunidad en general esperan que la justicia, finalmente, avance sin obstaculizaciones y sin más demoras. «No puede ser que en democracia sigan ocurriendo estos hechos, que además son encubiertos por el gobierno. Estamos hablando de un crimen vial con una víctima fatal y dos jóvenes gravemente heridas. La impunidad no puede ser una opción», concluyó Álvarez.
