El reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 62/2025, firmado por el presidente Javier Milei, ha desatado un fuerte rechazo al modificar el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género (26.743). Este cambio elimina la posibilidad de que menores de 18 años accedan a tratamientos de hormonización, incluso bajo supervisión judicial.
«La oficina del Presidente informa que el Presidente Javier Milei ha tomado la decisión de prohibir los tratamientos y cirugías para cambios de género en menores de edad», comienza el comunicado difundido por la Oficina de Presidencia.
“No se practican cirugías en menores para adecuar su cuerpo a la identidad de género”, aclaró con contundencia Cristina Monserrat Hendrickse, abogada y activista trans.
Entrevistada por la periodista Casandra Sandoval para la columna Territorio Diversidad, la letrada expresó su preocupación por la situación y explicó que, según la normativa vigente hasta ahora, los menores de 18 años podían acceder a tratamientos hormonales con consentimiento de sus tutores y la aprobación de un juez. Sin embargo, el nuevo decreto suprime la intervención judicial y prohíbe de manera absoluta cualquier tipo de tratamiento.
«El Estado ha decidido unilateralmente negar el derecho a la identidad de género a niños, niñas y adolescentes, sin evaluar cada caso particular», afirmó la abogada.
Además advirtió sobre la discriminación implícita de la medida: «A los 16 años, cualquier adolescente puede someterse a cirugías estéticas sin autorización judicial, pero a los adolescentes trans se les impide el acceso a tratamientos de hormonizacion de género».
El decreto también contraviene el principio de progresividad de los derechos humanos, establecido en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La abogada remarcó que negar el derecho a la identidad de género a menores de edad tiene consecuencias graves en su salud mental, aumentando los riesgos de depresión y suicidio, según informes del Comité de los Derechos del Niño de la ONU.
Hendrickse alertó sobre el riesgo de que esta medida sea el primer paso hacia una derogación más amplia de la Ley de Identidad de Género, en un contexto donde ciertos sectores políticos consideran la «ideología de género» como una amenaza. «Hoy limitan este derecho, mañana podrían eliminarlo por completo», advirtió.
Ante este escenario, se espera una ola de impugnaciones judiciales y movilizaciones sociales. Organizaciones de derechos humanos y familiares de menores trans ya han manifestado su intención de recurrir a la justicia para frenar la aplicación del decreto. «La batalla se dará en las calles, en los tribunales y en las urnas», concluyó.
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