La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación atraviesa una crisis sin precedentes. Desde enero hasta la fecha, el organismo ha sufrido casi 300 despidos que afectan todas sus áreas, incluyendo abogadxs especializados en delitos de lesa humanidad, personal encargado de los sitios de memoria y trabajadores de conservación y actividades pedagógicas.
Así lo denunció Paula Eugenia Donadio, integrante de ATE Capital y secretaria gremial de la Junta Interna del Ministerio de Justicia. «La Secretaría se encuentra en su mínimo histórico de trabajadores desde que existe con esta denominación», aseguró en diálogo con VillaNos Radio.
Y agregó: «Hubo despidos de abogados que llevan adelante causas de lesa humanidad, compañeros que realizan tareas en los sitios de memoria y en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que permanece cerrado desde el 2 de enero por decisión del secretario, quien comunicó la medida prácticamente por WhatsApp».
La reducción de personal ha generado serios problemas en el funcionamiento del organismo. Según Donadío, la continuidad de ciertas tareas se mantiene exclusivamente por el compromiso de lxs trabajadorxs. «Atendemos casos de violencia institucional, brindamos asesoramiento jurídico y psicológico, y sostenemos espacios clave como la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y el Archivo Nacional de la Memoria, pero cada vez hay más dificultades para articular las políticas de derechos humanos», advirtió.
La situación se tornó aún más tensa el pasado viernes, cuando se impidió el ingreso de trabajadorxs y delegadxs sindicales a la Secretaría. «El jueves a la noche, el Secretario envió una nota indicando que aquellos cuyo contrato vencía el 31 de marzo no podían ingresar al día siguiente, sin ninguna notificación oficial. La gente dejó sus pertenencias en el escritorio el día anterior y a la noche se enteró de que no podía volver a su trabajo», relató la dirigente.
La medida incluyó la prohibición de acceso a delegados gremiales y la presencia de un operativo policial en el ingreso. «Había cuatro listas diferentes, con situaciones confusas sobre quién podía entrar y quién no. Nos tienen acostumbrados a esto, pero no queremos normalizarlo y por eso seguimos denunciándolo».
El contexto de los despidos también genera preocupación por su cercanía con el 24 de marzo Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia. «Lo hicieron diez días antes del aniversario del golpe de Estado, en un organismo donde una de las políticas centrales es la lucha contra las consecuencias del terrorismo de Estado. Trabajamos en un espacio de memoria y nos ponen policías en la puerta», señaló Donadío, resaltando la gravedad del hecho.
Desde ATE, el rechazo a los despidos es contundente. «Venimos denunciando el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos desde el año pasado. Antes logramos algunas reincorporaciones, pero ahora la gestión no quiere sentarse a dialogar. Nos organizamos en asambleas y articulamos con otros sindicatos y organismos, porque esto no es solo un ataque a la Secretaría, sino parte de un desguace del Estado nacional», enfatizó.
Finalmente, la gremialista vinculó esta situación con una estrategia del Gobierno para debilitar la protesta social y la organización sindical. «Estamos viendo un uso desmedido de la fuerza policial, represión en las calles y un claro avance sobre los organismos que deberían estar denunciando estas situaciones. El desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos también responde a eso», concluyó.
Mientras los trabajadores resisten el ajuste, el futuro de la Secretaría de Derechos Humanos permanece incierto en un contexto de creciente tensión y conflicto.
