La ONG ADARSA (Asociación de Amigos del Río San Antonio) ha expresado su rechazo a la autorización otorgada por el municipio de San Antonio de Arredondo para el desarrollo de un emprendimiento en una zona protegida. Se trata de «Chill de Montaña S.A.S.», un resto bar a cielo abierto que ya se encuentra en funcionamiento y que, según la organización, genera un impacto ambiental negativo en un área que debería estar resguardada por la ley.
En diálogo con VillaNos Radio, el biólogo y miembro de ADARSA, Fernando Barri, explicó que este tipo de situaciones eran previsibles luego de la construcción de la ruta que une San Antonio con La Jarilla y la nueva bajada a las Altas Cumbres. “Era absolutamente previsible que todo ese sector iba a sufrir una presión inmobiliaria muy intensa”, señaló.
Detalló, además, que el emprendimiento se apoya en un dictamen técnico emitido por una persona dentro de la Secretaría de Ambiente, quien luego fue apartada de su cargo por emitir varios informes irregulares.
“Ese dictamen establecía que en el predio de 80 hectáreas se podían construir en unas 20 hectáreas, otorgándole una categoría blanca dentro de la ley de bosques, categoría que en realidad no existe”, explicó el biólogo. “Cuando el municipio nos mostró ese expediente, les dijimos claramente que estaba mal y que además no era vinculante, ya que no contaban con la licencia ambiental”, agregó.
Pese a las advertencias, los propietarios del predio avanzaron con movimientos de suelo, la construcción de un obrador e incluso la creación de una laguna artificial. Estas acciones fueron detectadas y denunciadas con imágenes satelitales y derivaron en múltiples clausuras por parte de la Policía Ambiental.
Según ADARSA, ante la imposibilidad de concretar un proyecto inmobiliario en la zona, los propietarios decidieron reconvertir el predio en un bar de montaña donde se realizan eventos, incluidas fiestas electrónicas. “Si bien no es un country, sigue produciendo un impacto ambiental significativo: implica tránsito de vehículos, alteración del suelo, ruido que afecta la fauna y una transformación del paisaje que es incompatible con la conservación del área”, advirtió Barri.
Desde la ONG insisten en que el predio está dentro de una zona roja y amarilla según la Ley de Bosques, lo que impide cualquier tipo de modificación o emprendimiento de este tipo. Además, el terreno forma parte de una reserva municipal, lo que refuerza su estatus de protección.
El rol del municipio y la respuesta de la Secretaría de Ambiente
ADARSA cuestiona el accionar del municipio de San Antonio de Arredondo, al considerar que otorgó una autorización sin los requisitos legales necesarios. “El municipio cometió un error que ahora tiene que subsanar”, enfatizó Barri.
Por su parte, la Secretaría de Ambiente de la Provincia se ha desentendido del dictamen técnico en cuestión. “Dijeron que no tiene ninguna validez y que el emprendimiento no debería haber sido autorizado”, aseguró el biólogo. Sin embargo, hasta el momento no se han tomado medidas efectivas para revertir la situación.
Desde la ONG también criticaron la postura del intendente de San Antonio, Ariel Moyano, quien recientemente manifestó la necesidad de actualizar los mapas de ordenamiento territorial y reconocer las construcciones ya existentes.
“No estoy para nada de acuerdo con el concepto de actualizar los mapas”, respondió Barri. “Primero hay que asegurar la protección efectiva de las áreas naturales y luego se puede discutir qué se hace en el resto del territorio”, sostuvo.
Finalmente, respecto a la posibilidad de llevar el caso a la justicia, desde ADARSA señalaron que están esperando la reacción del municipio. “Si el municipio no toma medidas y la empresa sigue funcionando, evaluaremos qué acciones legales corresponden”, concluyó Barri.
