El conflicto salarial de las y los trabajadores judiciales de la provincia de Córdoba sigue escalando y amenaza con desembocar en un paro por tiempo indeterminado si no hay respuestas concretas a sus reclamos. Tras un paro de 38 horas con un alto nivel de adhesión, les trabajadores sostienen su exigencia de una recomposición salarial y la equiparación con los sueldos que perciben sus pares del Poder Judicial Federal.
Juliana Arias, trabajadora judicial y delegada de les autoconvocades, dialogó con VillaNos Radio y explicó el trasfondo de este conflicto que, lejos de ser reciente, acumula más de una década de reclamos no atendidos. «Este conflicto no ha empezado hace dos meses, sino que tiene más de 12 años. El origen fue una ley que otorgó a funcionarios y magistrados el enganche con la Justicia Federal, dejándonos afuera a los empleados», señaló.
La tensión se intensificó en los últimos días tras la resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que prohibió la realización de asambleas en los espacios laborales, decisión que fue interpretada como una provocación. «Todas estas acordadas son absolutamente ilegales, inconstitucionales, contrarias a las convenciones internacionales. Nuestra posición es desconocer en forma contundente todas estas prohibiciones porque no son legales», expresó Arias, y añadió: «El derecho a huelga no puede ser limitado por la patronal en medio de un conflicto».
Según detalló la delegada, el último paro tuvo un alto nivel de acatamiento, superior al 90% en algunos edificios judiciales. «A la movilización de antes de ayer, que comenzó con el paro de 38 horas, fue muchísima gente, pese al frío y la lluvia», subrayó.
En cuanto al reclamo central, Arias explicó que la diferencia salarial con la Justicia Federal es abismal en los cargos de ingreso. «Tenemos empleados que hoy cobran 600.000 pesos, lo que los ubica debajo de la línea de pobreza e incluso algunos al borde de la indigencia. En esos mismos cargos, en la Justicia Federal se cobra el doble«, detalló.
La trabajadora señaló, además, que la respuesta del TSJ ha sido «insuficiente», al ofrecer una reestructuración de cargos que no impacta en la situación salarial de fondo, mientras que la provincia se niega a discutir una recomposición. «Hasta ahora nos han dicho que no hay plata. Pero nuestros compañeros siguen en la misma situación crítica», lamentó.
Asimismo, destacó que el conflicto ha logrado el respaldo de distintos sectores políticos e institucionales: «Esta semana hemos tenido el apoyo del Consejo Deliberante, bloques de la oposición en la legislatura, el Colegio de Abogados de Córdoba y la Federación de Colegios de Abogados de la provincia».
Por último, Arias recordó que la última vez que el conflicto alcanzó este nivel de movilización fue en 2013, cuando el TSJ firmó una acordada comprometiéndose a establecer un sistema salarial porcentual que nunca se cumplió. «Desde entonces, todo quedó en letra muerta. Nuestros jefes tienen el enganche al 90% de la Justicia Federal, pero los empleados seguimos desanclados de esa equiparación«, reclamó. Y cerró: «Lo único que pedimos es que se reconozca nuestro trabajo y tener un sueldo que nos permita vivir».
