Este jueves 10 de julio se llevará adelante un paro y una jornada de movilización federal en todo el país, impulsada por trabajadorxs vinculados a los servicios de apoyo a personas con discapacidad. La medida se enmarca en el reclamo al Congreso Nacional por la sanción urgente de una ley de emergencia que frene el ajuste y garantice la continuidad de las prestaciones.
Desde Córdoba, Julia Domínguez, licenciada en psicopedagogía e integrante de la Asamblea de Trabajadores de la Inclusión, advirtió sobre el deterioro del sistema: “Se está abriendo un ajuste generalizado que está desgranando sistemáticamente el sistema de inclusión en Argentina. Las instituciones están quebrando y no pueden pagar salarios ni sostener prestaciones”.
Domínguez señaló que el sistema de apoyos —que incluye terapias, pensiones y trabajo protegido— se encuentra en una situación crítica: “Ya de por sí es un sector muy excluyente, y ahora directamente se está retirando el Estado. Las instituciones no pueden afrontar los costos y muchos profesionales no están cobrando”.
Desinformación y hostigamiento desde el Gobierno
Una de las preocupaciones centrales que moviliza al sector es la campaña de desinformación promovida por el Ejecutivo Nacional. “El gobierno está difundiendo mensajes falsos y de odio para generar confusión, malestar y desmovilización”, afirmó Domínguez. “Las jornadas federales buscan que la gente construya ciudadanía defendiendo los pocos derechos que quedan”.
En este contexto, denunció que el oficialismo ha obstaculizado el tratamiento legislativo de la ley de emergencia. “Rechazaron dictámenes, no se presentaron a las comisiones y hasta boicotearon deliberadamente las reuniones. Hubo senadores que se rieron en la cara de la gente, y tuvieron que leerles el reglamento para que entiendan que deben reunirse cada 15 días”, relató.
Domínguez cuestionó también los argumentos del Ejecutivo sobre la supuesta falta de recursos: “El presupuesto para discapacidad no altera el déficit fiscal. Las prestaciones se financian con el fondo solidario que proviene del aporte de trabajadores registrados a través de las obras sociales. Todo ese circo de justificar el recorte no aplica”.
Además, criticó el cinismo de ciertos funcionarios. “Se cargaron un Canva en el Instagram de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para respondernos. Siempre fueron desaires, agravios, provocaciones. Nunca hubo voluntad de implementar las políticas necesarias”, denunció.
El rol de los legisladores cordobeses
Consultada sobre la posición de representantes de Córdoba, Domínguez comentó que hubo reuniones con algunos legisladores. “En el caso del senador Luis Juez, dijo que brindaría apoyo, pero al mismo tiempo propone destruir el instrumento que construimos. Carmen Álvarez Riveros lo dijo en la sesión directamente. Es una provocación que nos pongan a disputar cuando esta ley es apenas una cinta de papel para resguardar lo último que queda”, lamentó.
También apuntó contra la senadora Carmen Riveros, quien planteó aprobar solo el aumento de aranceles, negándose a discutir otros aspectos clave: “Con un desparpajo brutal, dijo que querían pedir más. Ese ‘pedir más’ es que la gente con discapacidad tenga trabajo, proyectos de vida independientes, que no cobren 28 mil pesos. ¿Eso es pedir mucho?”.
Sobre los dichos del oficialismo de que vetarían la ley si se aprueba, Domínguez fue contundente: “Uno no espera de un burro otra cosa que una patada. Estamos preparados para eso. Siempre hemos recibido agresiones, persecuciones, agravios. Lo único que pedimos es que vayan a las reuniones, que hagan su trabajo por el que cobran altísimos honorarios”.
“Lo preocupante —agregó— es el nivel de chicana y chatura que se maneja en el Congreso. Están desconectados de la realidad de las personas, no establecen relaciones causales entre sus decisiones y sus consecuencias. Juegan con un tema tan sensible como discapacidad en una disputa mezquina y cruel”.
Finalmente, Domínguez retomó palabras del diputado Daniel Arroyo, quien presentó el proyecto de emergencia: “La deuda es interna. El fondo solidario sigue recibiendo aportes, aunque esté debilitado. Lo que están haciendo es quebrar obras sociales chicas y perseguir trabajadores. Esto ya no es solo ajuste: es crueldad, improvisación y desinteligencia, una detrás de la otra”.
