(Fotos: El Resaltador) La provincia de Córdoba fue una de las sedes de la 11° Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, una jornada de lucha que cada año recuerda a las víctimas de la represión estatal y reclama justicia. La convocatoria se desarrolló frente a Tribunales I el miércoles 27 de agosto.
“Este año no vamos a marchar, vamos a concentrar en el Paseo Sobremonte, donde va a haber intervenciones artísticas, una olla popular y diferentes organizaciones acompañando”, explicó Guillermo Castro, padre de Ezequiel Castro, joven asesinado en un contexto de encierro.
Castro, referente en la lucha contra la violencia policial, señaló que uno de los ejes de la convocatoria será volver a visibilizar casos que “han quedado en el olvido” y denunciar que las muertes bajo custodia estatal “son algo sistemático, no sólo en Córdoba sino en todo el país”.
En esa línea, recordó que el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura denunció a la provincia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por muertes en contextos de encierro, el hacinamiento en cárceles y la falta de atención médica.
“La provincia de Córdoba no cuenta con un Comité Local de Prevención de la Tortura, y venimos presentando proyectos que el gobierno no aprueba. Queremos que se comprometa y se pueda inspeccionar los lugares de encierro donde siguen ocurriendo muertes”, reclamó.
Sobre la causa judicial por la muerte de su hijo, Castro reveló que existen 27 personas imputadas, entre policías, agentes del DUAR y médicos. “Mi hijo nunca tendría que haber ingresado al CPA (Centro Psicoasitencial) porque no tenía problemas de adicción ni de salud mental. Fue una derivación irresponsable y eso lo llevó a la muerte”, denunció.
El militante también criticó la ausencia de protocolos adecuados para que las fuerzas de seguridad intervengan en situaciones de consumo o crisis de salud mental. “Ahí se desata el desenlace fatal de algunas víctimas que terminan perdiendo la vida, como Jonathan Romo o Guillermo Bustamante. Esto es sistemático y demuestra la falta de capacidad de los ministros para actuar frente a la problemática”, sostuvo.
Pese a las trabas y la falta de respuestas del Estado provincial, Castro afirmó que la denuncia internacional significa un paso adelante: “Nos trae un poquito de satisfacción, porque más allá de no ser escuchados en Córdoba, logramos visibilizar que en tiempos de democracia la provincia sigue cometiendo delitos”.
Y remarcó: “Seguiremos gritando y pidiendo por nuestros hijos y por justicia. Que sepan que las calles todavía son nuestras y que vamos a seguir luchando para que otras familias no tengan que pasar por lo mismo”.
