Tras seis días de combate intenso, el incendio que afectó al Parque Nacional Quebrada del Condorito, en las sierras de Córdoba, dejó una huella de devastación ambiental. El delegado de ATE, Gabriel Brizuela, advirtió que el incendio expuso el ajuste y la falta de personal en el sistema nacional de brigadistas.
“Ha sido una tarea titánica, una pelea cuerpo a cuerpo con el fuego”, relató Brizuela. “Si bien participaron medios aéreos y brigadas de distintos organismos, las condiciones climáticas fueron muy adversas: vientos de hasta 70 km por hora, baja humedad y un relieve escarpado que hizo muy difícil el trabajo”.
El siniestro afectó unas 6.000 hectáreas, es decir, casi el 20% de la superficie total del parque, que abarca 37.400 hectáreas. Según Brizuela, la mayor parte del daño se concentró en el pastizal serrano, aunque también se vieron afectados bosques de tabaquillos en la zona de uso público. “Hay un nivel importante de vegetación incendiada”, lamentó. “El fuego impacta sobre la biodiversidad”.
“El incendio puso al desnudo la precariedad del sistema”
El delegado gremial vinculó directamente la magnitud del daño con el desmantelamiento de políticas públicas en Parques Nacionales desde diciembre de 2023, cuando asumió el gobierno de Javier Milei.
“Este incendio puso al desnudo la situación de precariedad en la que se encuentra el sector de brigadistas. Desde que asumió este gobierno hubo cesantías, recortes de contratos y despidos de compañeros con mucha experiencia”, denunció Brizuela.
Según detalló, de los 450 brigadistas que había a nivel nacional hasta 2023, hoy quedan menos de 370 para cubrir más de cinco millones de hectáreas. En el caso del Parque Quebrada del Condorito, el equipo cuenta con apenas ocho brigadistas capacitados para el combate del fuego.
“Es muy poco personal para una superficie tan grande. El resto somos guardaparques que también vamos al fuego, pero los brigadistas especializados son muy pocos y están mal pagos”, explicó.
Los salarios del sector, afirmó, “no alcanzan ni siquiera para cubrir la canasta básica”. Un brigadista recién ingresado cobra alrededor de 600 mil pesos, mientras que los de mayor categoría “no superan el millón”. Además, denunció que los contratos precarios —que antes eran anuales— pasaron a ser trimestrales e incluso se intentó que fueran mensuales.
“Es un panorama desolador. El ajuste que lleva adelante el gobierno impacta directamente sobre quienes arriesgan su vida y su salud en el combate del fuego”, sostuvo.
El impacto ambiental y social
Brizuela también advirtió sobre las consecuencias ecológicas del incendio: “Esto trae aparejado una cantidad de impactos sobre los ecosistemas y la biodiversidad. Muchas aves, como las loicas o las perdices, nidifican en esos pastizales, y el fuego genera un daño enorme”.
El delegado señaló que una vez extinguido el fuego, el desafío será recomponer lentamente los ecosistemas dañados. Finalmente, relacionó lo ocurrido con una política de desmantelamiento del Estado:
“Hay una política de achicamiento que se traduce en despidos, recortes presupuestarios y falta de insumos. Es un combo destructivo que pone en riesgo la continuidad de los ambientes naturales protegidos”, advirtió.
“Desde ATE venimos denunciando y resistiendo junto a vecinos, comunidades y pueblos originarios para defender el ambiente y los bienes naturales comunes”.
