El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba resolvió que el Gobierno provincial deberá explicar públicamente las “razones trascendentes” que justifiquen su decisión de convertir a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) en una sociedad anónima.
El fallo, identificado como resolución 272 y emitido el jueves pasado, constituye un paso clave en el amparo presentado por el Sindicato de Luz y Fuerza, representado por el abogado constitucionalista Miguel Julio Rodríguez Villafañe.
“Planteamos el amparo porque consideramos que la electricidad es un derecho humano. Hoy en día ninguna persona puede vivir sin electricidad”, explicó Rodríguez Villafañe en diálogo con VillaNos Radio.
“El servicio eléctrico tiene que ser garantizado por el Estado. Lo vimos en Buenos Aires: cuando se privatizó, las empresas pasaron meses sin restablecer la luz. No reinvierten porque su objetivo es ganar dinero, no garantizar derechos”, agregó.
Un precedente judicial inédito
El fallo del TSJ obliga al Gobierno provincial a argumentar por qué pretende modificar el estatus jurídico de una empresa pública que, según el propio letrado, “no es deficitaria y es altamente rentable”.
“Por primera vez, el Superior Tribunal de Justicia admite que un gremio pueda discutir una política de Estado”, destacó Rodríguez Villafañe. “Hasta ahora, a los sindicatos se los escuchaba solo en temas salariales o paritarias. Pero esta vez reconocen que no es lo mismo una empresa estatal que una sociedad anónima”.
El tribunal, integrado por siete jueces que votaron por unanimidad, dio por admisible el planteo judicial. En términos prácticos, eso significa que el Gobierno deberá responder dentro de los próximos seis días hábiles, justificando con argumentos jurídicos y no solo políticos su iniciativa de transformación de EPEC.
Para Rodríguez Villafañe, el intento de convertir EPEC en una sociedad anónima responde a un interés por “evadir los controles públicos”.
“Al Gobierno le puede interesar privatizar para que la empresa no tenga control del Tribunal de Cuentas”, afirmó. “Además, la Constitución provincial garantiza la participación de los trabajadores en la gestión. Esas son garantías que se están pasando por alto”.
El abogado también advirtió sobre los riesgos de aplicar una “lógica empresarial” a servicios estratégicos: “El manejo de la energía no puede depender de criterios de lucro. Si EPEC se manejara como sociedad anónima, habría que ver los Simpsons para entender lo peligrosa que puede ser una planta nuclear en manos privadas”, ironizó.
Antecedentes y tiempos judiciales
El amparo se presentó a comienzos de año ante la Cámara Contencioso Administrativa, que finalmente derivó el caso al TSJ. “Empezamos en febrero, y en menos de dos meses el Tribunal resolvió. Es un verdadero récord”, destacó Rodríguez Villafañe.
La causa fue encuadrada bajo un trámite abreviado, lo que acorta los plazos y obliga al tribunal a pronunciarse en un tiempo razonable.
Mientras tanto, la vigencia del decreto que impulsa la transformación de EPEC se encuentra “en el limbo”. “No ha sido anulado, pero si el TSJ declara su inconstitucionalidad, todo lo actuado se cae”, explicó el abogado. “Por eso, el Gobierno no puede avanzar hasta que la Justicia defina”.
El representante del Sindicato de Luz y Fuerza insistió en que la electricidad debe ser vista como un derecho humano, no como un negocio. “El día que EPEC sea una sociedad anónima, ¿cómo va a hacer el Estado para garantizar tarifas más accesibles en zonas estratégicas? Una empresa privada no se maneja con criterios de equidad, sino de rentabilidad”, señaló.
Y cerró con un mensaje político y social: “EPEC es una construcción colectiva de los cordobeses. Garantiza un derecho básico y estratégico. No podemos retroceder en esto. Es clave para el bien común”.
