A más de tres años del episodio que derivó en una causa penal contra defensores ambientales del Valle de Punilla, el proceso judicial avanza hacia una audiencia clave el próximo 18 de diciembre en los Tribunales de Cruz del Eje.
Las personas imputadas sostienen que se trata de un caso de criminalización de la protesta social, originado tras una interpelación pública al entonces intendente de Cosquín, Gabriel Musso, por su decisión de habilitar la obra de la Autovía de Punilla.
Marco D’Angelo, uno de los imputados en la causa, repasó el comienzo del conflicto y recordó que en las tres audiencias públicas realizadas, “en la primera el 70%, en la segunda el 80% y en la tercera el 90% de la ciudadanía dijo no por la montaña”, pero aun así “los intendentes del corredor, entre ellos Musso, firmaron el permiso a espaldas del pueblo”.
En la reconstrucción de los hechos, recordó que el 12 de agosto de 2022 se desarrollaba un plenario provincial de organizaciones socioambientales en la plaza central de Cosquín. Musso apareció sin previo aviso y se ubicó en un bar frente a los manifestantes. “Se sentó a tomar un café al frente de los manifestantes, una actitud desdeñosa, una actitud irreverente; fue una provocación”, afirmó.
Ante su presencia, varias personas se acercaron a pedir explicaciones sobre el permiso de uso de suelo firmado para habilitar la autovía. “Un reclamo coherente, porque la última audiencia había salido con un 90% de rechazo”, explicó D’Angelo.
Y agregó que el intendente evitó responder: “Obviamente no dijo ni una palabra ante las preguntas de la ciudadanía ni de la prensa”. Minutos después intervino la policía, lo que derivó en “patadas, empujones y represión”.
Días más tarde, los manifestantes se enteraron de que habían sido imputados por distintos delitos, entre ellos amenazas, daño y resistencia a la autoridad. “La figura más grave es la de amenaza. Este funcionario denunció que se sintió amenazado porque le fueron a preguntar por qué firmó el permiso”, señaló.
Los defensores ambientales denunciaron irregularidades en el avance de la causa. D’Angelo indicó que se rechazaron pedidos de nulidad, apelaciones y hasta una probation. “Nos dimos cuenta de que realmente la balanza de la justicia está inclinada por un solo lado”, afirmó. También cuestionó que no se aceptaran testigos propuestos por la defensa mientras “a los testigos de la querella se les abrió la puerta grande”.
Uno de los episodios más graves —señaló— fue la detención de un joven imputado: “Lo detuvieron con el grupo ETER. Se lo llevaron como si fuera un terrorista”.
Respecto de las pruebas, aseguró que durante todo el proceso no les permitieron presentar las pruebas. “Recién en la última instancia recibieron los videos”, expresó Marco y remarcó que allí escucha claramente que hubo un reclamo y no una amenaza.
Para D’Angelo, la causa busca “sentar un precedente” contra quienes reclaman a funcionarios públicos: “Es gravísimo, un atentado contra el legítimo derecho a la protesta social”. Advirtió que situaciones similares están ocurriendo en otras provincias: “En Mendoza también van a convertir un reclamo en causa penal. Es absurdo”.
Convocatoria y colecta solidaria
De cara a la audiencia del 18 de diciembre, lxs defensores ambientales convocan a movilizarse frente a tribunales: “Solicitamos a la ciudadanía consciente, quienes defienden los principios de la democracia, que acompañen”, expresó.
También informaron que se encuentra activa una colecta solidaria para cubrir gastos legales, bajo el alias imputados.punilla.mp. “Necesitamos del aporte solidario. Uno tiene que pagar para que lo repriman y para que lo enjuicien por haber hecho un justo reclamo”, lamentó D’Angelo.
