Este miércoles la Cámara de Diputados avanzará en el tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado y que genera un intenso debate tanto en el ámbito político como en la sociedad civil. En ese marco, crecen las críticas no solo por el contenido del proyecto, sino también por el desarrollo de la audiencia pública convocada para discutirlo.
Más de 100.000 personas se inscribieron para participar, aunque menos de un cuarto de ellas han podido expresarse. Para analizar el alcance de la reforma, el biólogo y presidente de la Fundación para la Defensa del Medioambiente, Raúl Montenegro, advirtió sobre los riesgos de modificar la normativa vigente. “En este momento está vigente la Ley de glaciares y ambientes periglaciales, que es una ley de 2010, que es una muy buena ley y que hasta ahora va como una suerte de cubo protector de todos estos ecosistemas”, explicó en diálogo con VillaNos Radio.
El especialista alertó que el proyecto en discusión implica una pérdida de esa protección: “La amenaza que tenemos es que ya tiene media sanción del Senado y se busca completar la sanción en Diputados”. En particular, cuestionó que se avance sobre áreas hasta ahora resguardadas, como el ambiente periglacial, donde actualmente no se permite la actividad minera.
Montenegro subrayó además la importancia estratégica de estos ecosistemas: “Los glaciares no son solamente agua congelada, sino sistemas que tienen que ver con el mantenimiento del clima y con la biodiversidad”. En ese sentido, indicó que en Argentina existen cerca de 17.000 glaciares, muchos de ellos ubicados en regiones vulnerables como los Andes secos.
El biólogo vinculó el impulso de la reforma con intereses económicos concretos. Señaló a la empresa Vicuña Corporation —resultado de la fusión de capitales internacionales— como un actor clave: “Lo visitaron varias veces al presidente para decirle que estaban dispuestos a invertir 17.000 millones de dólares para hacer la mina de cobre más grande del mundo. Esto es lo que está detrás de todo”.
En cuanto al proceso de participación ciudadana, Montenegro consideró que la masiva inscripción en la audiencia pública refleja un cambio social significativo: “Nunca ha habido una audiencia pública con tantas personas interesadas en mostrar su opinión, donde más del 90% estaba en contra de estas modificaciones”.
No obstante, advirtió que esto no garantiza el resultado legislativo: “No asegura que el gobierno pueda manejar a ese grupo de diputados que pueden llegar a aprobar la ley”. En ese escenario, anticipó un fuerte frente judicial: “En el mismo momento en que eso suceda, ya van a estar haciéndose las presentaciones judiciales”.
El investigador también hizo hincapié en el impacto que podría tener la reforma en la vida cotidiana: “Las masas glaciares alimentan día a día a más de 7 millones de personas y sostienen economías regionales”. Por ello, alertó que habilitar actividades extractivas en esas zonas podría tener consecuencias irreversibles.
En paralelo, consideró que el contexto socioeconómico dificulta la movilización social: “Estamos en un país donde las personas están tratando de ver cómo llegan a la primera parte del mes, entonces se vuelve muy difícil movilizar”. Aun así, destacó la organización creciente en redes sociales y distintos espacios ciudadanos.
Finalmente, Montenegro cuestionó el modelo extractivo asociado a la megaminería: “Es un mito que genera grandes cantidades de trabajo. Son muy pocos puestos en comparación con las ganancias que obtienen”. Y concluyó con una advertencia sobre el trasfondo del debate: “No se trata solamente de hielo. Es el futuro de un país lo que está en juego”.
