Este lunes 5 de agosto comenzó el juicio contra el ex director general de Defensa Civil, Diego Concha por su responsabilidad en la muerte de la bombera Luana Ludueña.
Concha está imputado de homicidio con motivo del abuso sexual con acceso carnal calificado (por haber sido cometido en ocasión de sus funciones, desarrollado en un contexto de violencia de género).
La joven denunció a Concha en noviembre del 2021 y en enero del 2022, tras sobrellevar una profunda depresión, decidí quitarse la vida. Tenía 26 años y formaba parte del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Pilar (Córdoba). Tenía a su cargo un perro de búsqueda y rescate reconocido a nivel nacional por el Ministerio de Seguridad.
Desde el entorno de la joven afirman que llegó a esta drástica decisión producto de la depresión en la que quedó inmersa tras ser atacada sexualmente. Es por ello que desde el colectivo #JustciaPorLuana exigen la máxima condena al extitular de Defensa Civil de la provincia.
“Basta de impunidad para quienes ocupan cargos públicos y abusan de su lugar de poder. No es un caso aislado, sino que forma parte de un problema estructural de nuestra sociedad, dónde quienes tienen poder lo ejercen de forma abusiva.
“El Estado debe garantizar los recursos necesarios para que las víctimas de violencia puedan ser asistidas a tiempo y la justicia actuar rápidamente. Quienes denuncian tienen derecho a estar protegidas”, expresaron las organizaciones a través de un comunicado.
Romina Corbalan, integrante del Colectivo de Mujeres y Disidencias de Pilar, dialogó con VillaNos Radio y consideró que no es menor que en el banquillo de los acusados esté un funcionario público. “Él tenía cargos jerárquicos. Tenía varias personas bajo su responsabilidad y ejerció abuso de ese poder. Sabemos que esto no es un hecho aislado y ocurre más seguido de lo que se hace visible”, dijo y remarcó: “Van a estar todos los ojos puestos en este juicio. No queremos que haya más impunidad”.
Concha también será juzgado por otros ilícitos cometidos contra su pareja, que fueron calificados como lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género; amenazas calificadas por el uso de arma de fuego; y agresión con arma.
El antecedente jurídico clave que sustenta esa posibilidad de que concha sea condenado a prisión perpetua es un fallo de julio del 2021 emitido por la Cámara Tercera del Crimen que condenó a prisión perpetua al pastor evangélico Walter Insaurralde por abusar sexualmente de su hija, Sathya, durante seis años, mientras la menor tenía entre 8 y 14 años.
En mayo de 2017 la joven pudo contar lo que le ocurría y hacer la denuncia en el Polo de la Mujer. En 2020 decidió quitarse la vida. Tenía 19 años. Las razones que la empujaron hacia ese final estaban directamente relacionadas con los ataques sexuales que había recibido por parte de su progenitor.
Insaurralde fue condenado a prisión perpetua por ser “autor penalmente responsable de homicidio con motivo de abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y la convivencia preexistente, en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores de 18 años, doblemente agravado por el vínculo y por el medio intimidatorio”.
El fallo fue histórico porque es la primera vez que se responsabiliza a un violador por el suicidio de su víctima.
