Trabajadorxs de la ahora Subsecretaría de Derechos Humanos expresan su preocupación frente a los recortes impulsados por el gobierno nacional, que incluyen la reducción de personal, el traslado de organismos clave y la degradación institucional del área.
Paula Eugenia Donadío, integrante de ATE Capital y secretaria gremial de la Junta Interna del Ministerio de Justicia, trazó un duro diagnóstico sobre el presente del organismo tras los decretos anunciados por el vocero presidencial Manuel Adorni: “La degradación a subsecretaría ya sucedió con un decreto la semana pasada”, explicó en diálogo con VillaNos Radio.
Donadío detalló que lxs trabajadorxs atraviesan una situación de “mucha incertidumbre” y denunció que aún no tienen información clara sobre el destino de sus puestos laborales ni sobre los cambios en la estructura y funciones del organismo. “Lo que tenemos fehacientemente es el anuncio de Adorni, que en apenas 34 segundos informó una reducción del personal del 30%, de la estructura en un 40%, y la degradación de la Secretaría a subsecretaría”, señaló.
Uno de los puntos más preocupantes es el reordenamiento de organismos que eran parte de la Secretaría de Derechos Humanos. “El Archivo Nacional de la Memoria y el Sitio de Memoria ESMA fueron trasladados a otra estructura administrativa, lo que implica también una degradación en su nivel institucional”, advirtió.
La situación impacta directamente en las políticas de memoria, verdad y justicia. “Estamos teniendo problemas en los juicios por delitos de lesa humanidad, dificultades en las atenciones en los espacios de memoria y en la asistencia a víctimas de violaciones de derechos humanos”, relató Donadío, quien además remarcó que la planta actual de trabajadores se redujo a casi la mitad: “Terminamos 2023 con 1.050 trabajadores y hoy no llegamos a 600”.
La dirigente explicó que parte de esa merma se debe a despidos, pero también al vaciamiento de otros organismos como el INADI y el Ministerio de las Mujeres, cuyas funciones pasaron a la Subsecretaría sin el correspondiente refuerzo de personal. “Es una estructura más grande, con menos gente”, subrayó.
En cuanto al impacto territorial, Donadío fue contundente: “En Córdoba la Secretaría ya no tiene abogados querellantes. Tampoco en Mendoza, Catamarca ni La Rioja. En este momento, la Subsecretaría no puede aportar querella en causas de lesa humanidad en varias provincias”.
También advirtió sobre la pérdida de personal especializado. “Estamos perdiendo abogados y abogadas preparados para estos juicios, psicólogos, psiquiatras, equipos pedagógicos para trabajar con escuelas. Todo eso forma parte de una política pública que se está desmantelando”, expresó.
Por último, Donadío destacó el acompañamiento social que han tenido en otras instancias de lucha, como el abrazo al ex ESMA y el festival en defensa del Centro Cultural Haroldo Conti: “No nos resignamos a que estas cosas sucedan solo porque el gobierno puede hacerlas. Queremos más políticas de derechos humanos, no menos”, concluyó.
