El Tribunal Ético de Opinión dictó una dura sentencia en la que responsabilizó al Gobierno Nacional, encabezado por Javier Milei, de llevar adelante políticas que configuran un “genocidio por goteo” contra los adultos mayores en Argentina.
El fallo, firmado por los juristas Miguel Julio Rodríguez Villafañe, Patricia Coppola y Rubén Stiberman, sostiene que las medidas económicas implementadas desde diciembre de 2023 provocaron un deterioro sistemático de las condiciones de vida de jubilados y pensionados.
Patricia Coppola, integrante del tribunal, explicó que este tipo de procesos tienen antecedentes internacionales desde 1979 en Bolonia (Italia), cuando se comenzó a hablar de juicios de opinión y justicia popular. “Se trata de un juicio moral, no penal, pero con consecuencias muy similares, porque busca visibilizar y escuchar a las víctimas de medidas sistemáticas y violentas contra sectores vulnerables”, sostuvo.
Coppola recordó que la figura del “genocidio por goteo” fue desarrollada por el jurista Eugenio Raúl Zaffaroni y retomada por el papa Francisco, para describir la acumulación de decisiones gubernamentales que terminan afectando la vida y la dignidad de los mayores. “Muchos testimonios dieron cuenta de cómo estas políticas llevan incluso a la muerte de adultos mayores que no pueden afrontar los costos de la crisis”, agregó.
Como fiscales, participaron el doctor Carlos Raymundi, la doctora Irina Santesteban y el doctor Oscar Seleme. Como defensoras estuvieron las abogadas Mariana Romano y Mariana Stiberman.
Durante el juicio se tomaron testimonios a médicos, economistas, especialistas en derecho previsional, representantes de organizaciones sociales y personas de la tercera edad que dieron cuenta del deterioro de su calidad de vida desde que Milei está en el gobierno.
Entre otrxs estuvieron Miguel Berrotarán, del Foro Solidario Córdoba; el economista y docente universitario José María Rinaldi, el sacerdote Mariano Oberlín, el médico especialista en gerontología Carlos Presman; el médico sanitarista Oscar Atienza y el economista Eduardo Gonzalez Olguín.
“Este juicio es un ejercicio de participación democrática profunda. No se trata de una postura legal, sino de una argumentación moral, una ética de la solidaridad basada en los derechos humanos”, afirmó Coppola. En ese sentido, destacó que el objetivo es interpelar a la ciudadanía y fortalecer la conciencia crítica frente a las consecuencias sociales de las políticas actuales.
Los argumentos de la acusación
Los fiscales del juicio denunciaron que la nueva fórmula de movilidad jubilatoria aplicada desde 2024 redujo drásticamente los ingresos de los jubilados, sin contemplar la pérdida previa por inflación. Además, se recortaron coberturas médicas y medicamentos que antes eran gratuitos, obligando a los adultos mayores a afrontar copagos de hasta el 80%.
“Esto ha llevado a muchos a saltear comidas, suspender tratamientos y vivir en condiciones de pobreza extrema”, señalaron, y sumaron la represión de manifestaciones de jubilados como otro elemento de violencia institucional.
La defensa
Las defensoras de oficio rechazaron la acusación. Alegaron que no se trata de un genocidio en sentido estricto, que el tribunal carece de competencia y que la crisis previsional es consecuencia de políticas heredadas. También justificaron las acciones represivas como medidas para garantizar la libre circulación.
El concepto de “genocidio por goteo”
El tribunal se apoyó en la teoría elaborada por el jurista Raúl Zaffaroni y retomada por el Papa Francisco. Según esta visión, hay formas de violencia estatal que no se expresan en matanzas directas, pero que a través de recortes económicos y abandono de derechos básicos provocan muertes evitables y deterioro progresivo de sectores vulnerables.
Los jueces remarcaron que, aunque jurídicamente no encuadre en la figura penal de genocidio, desde una perspectiva ética y política se trata de una forma moderna de violencia estatal letal.
Pruebas y testimonios
Médicos, psicólogos, economistas y dirigentes sociales aportaron datos alarmantes:
- Un exceso de muertes del 10,9% en Córdoba en 2024, comparable a los años de pandemia, pero sin pandemia.
- Aumento de cuadros de depresión, ansiedad e insomnio en adultos mayores, con prevalencias cercanas al 30%.
- Restricciones crecientes en PAMI, eliminación de medicamentos esenciales y desfinanciamiento de programas sociales.
“Estamos ante una tragedia sanitaria como nunca se vivió en el país”, declaró el médico Oscar Atienza.
La condena ética
En sus conclusiones, el tribunal calificó las políticas del gobierno como una “destrucción planificada” contra la población mayor y dictó una condena ética a Milei, sus ministros, legisladores afines y fuerzas de seguridad.
Además, resolvió enviar copia de la sentencia al Poder Ejecutivo, al Congreso y a la Corte Suprema, e instó a universidades, medios, sindicatos y organizaciones sociales a difundir y denunciar la situación.
“El Estado no puede convertirse en perverso y cruel con los más débiles. No son números: son vidas concretas”, subraya la resolución, que será resguardada en la Asociación Cultural Israelita de Córdoba como parte de la memoria histórica de los derechos humanos.
“No nos podemos quedar callados frente a las injusticias”
La presidenta de la Asociación Cultural Israelita de Córdoba (ACIC), Esther Galina, destacó la importancia del juicio y el valor político e histórico que tiene en el actual contexto. “Ha sido muy interesante porque además de las argumentaciones de la defensa y la fiscalía, y de lo que contaron los testigos, la información que se plasmó en esa sentencia es un material importante para que la comunidad lea y para que el Congreso de la Nación pueda tener como herramienta”, señaló.
Para Galina, el proceso judicial también evidenció “que la gente, el pueblo, no se quiere quedar callada” y que resulta imprescindible organizarse para “poner nuestra palabra en defensa de una vida mejor para todos”.
En relación al papel de la institución que preside, recordó que la ACIC, con más de 112 años de historia, fue creada por inmigrantes judíos que llegaron al país “huyendo de hambre, de discriminación” y que sostuvieron valores progresistas, humanistas, antifascistas, antidiscriminatorios e internacionalistas.
“Nuestra institución tiene siete desaparecidos, y quienes estuvieron presos y tenían origen judío la pasaron peor. Entendemos que no podemos mirar para otro lado ni dejar pasar las injusticias que están pasando en nuestro país”, afirmó.
La dirigente recalcó la necesidad de articular con otros sectores sociales: “Es importante conformar espacios como este Espacio Antifascista de Córdoba, con organizaciones sociales, culturales, políticas y de recreación. Más allá de las diferencias, hay que acordar en lo esencial: la defensa del trabajo, la dignidad, el derecho a la salud, a la vivienda y a la comida. Hoy hay gente que está pasando hambre en un país que produce alimentos para millones. No nos podemos quedar callados, tenemos que reaccionar”.
Al recibir la sentencia, Galina también hizo referencia a la situación por la que viene atravesando el pueblo palestino, con las políticas genocidas implementadas por el gobierno de benjamín Netanyahu. “Sin lugar a dudas, una cosa son los pueblos y otra son los gobiernos. El pueblo en Israel también está pidiendo la paz y basta del genocidio. No podemos concebir que en pleno siglo XXI estemos mirando un genocidio por televisión”, subrayó.
En ese sentido, cuestionó duramente al actual gobierno de Israel: “Ha tenido una política de exterminio al pueblo palestino, y si eso no tiene los tintes de fascismo o nazismo, entonces ¿qué es? No se puede matar a un pueblo de hambre, de bombardeos, de destrucción de sus viviendas, hospitales o universidades. Eso no puede ser en esta época”.
Galina reiteró su histórica posición a favor de la convivencia pacífica: “Siempre hemos sostenido la defensa de dos pueblos, dos Estados, y eso más que nunca hoy hay que apoyar: la existencia del Estado palestino”.
Por último, criticó la postura del actual presidente argentino respecto del conflicto internacional. “Nos ha puesto en una posición que no merecemos. Argentina siempre tuvo una postura de no injerencia y de paz, de buscar el arreglo de los conflictos en forma diplomática”, concluyó.
