A casi cuatro meses del cierre repentino de los bares Rock Me Beer, Motocafé y Café París, lxs trabajadorxs despedidxs continúan sin recibir sus indemnizaciones ni la liquidación final. Así lo denunció el secretario gremial de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), Cristian Ruiz, en diálogo con VillaNos Radio.
Los tres locales, pertenecientes al empresario Ariel Tondo, bajaron sus persianas en julio de este año, dejando a 14 empleados sin empleo. “Los trabajadores llegaron un día y se encontraron con que habían sacado todos los muebles, sin posibilidad de seguir en actividad”, relató Ruiz.
El viernes 24 de otubre el sindicato realizó una protesta en pleno centro de la ciudad, visibilizando el conflicto. Según explicó el dirigente, el gremio presentó varias denuncias ante el Secretario de Trabajo, donde se llevaron a cabo diversas audiencias.
“El empresario había manifestado que había llegado a un acuerdo con los trabajadores, pero cuando vimos el acuerdo establecía que las indemnizaciones se iban a pagar recién en enero, febrero y marzo del año próximo. Por supuesto que lo rechazamos”, señaló.
Ruiz aseguró que Tondo no cumplió ni siquiera con los pagos adeudados del mes de julio: “Le dijimos que no íbamos a tolerar esto. La ley establece que debe pagarse dentro de los 30 días o en el cuarto día hábil. Los trabajadores necesitan cubrir sus gastos y servicios. Nada lo exime de su obligación como empleador”.
El dirigente gremial denunció además que uno de los locales, Rock Me Beer, continúa funcionando en la Galería Strada “con las mismas irregularidades que antes: trabajadores no registrados, pagos por día y sin cobertura de ART”.
“Siguen con registración deficiente, pagándoles por día. Las mismas irregularidades que tenían en Motocafé y Café París”, apuntó.
Ruiz remarcó que la situación se agrava porque el empresario no se presenta a las audiencias con abogado y se excusa diciendo que fue víctima de una estafa. “Eso no lo exime de su responsabilidad. Son dos cosas distintas. Tiene una obligación con sus trabajadores y con las familias de cada compañero”, enfatizó.
Según los datos de Uthgra, el conflicto involucra a 14 trabajadores, algunos de los cuales fueron reubicados dentro de la misma galería, aunque sin percibir sus indemnizaciones. “Hubo una compañera embarazada que tampoco tuvo sus aportes ni cobertura social. Son situaciones muy delicadas”, dijo Ruiz.
El gremialista advirtió sobre los riesgos de la falta de registración: “Un trabajador no registrado, si tiene un accidente, va a tener un problema muy importante. Económicamente puede poner en riesgo hasta el propio negocio”.
Precarización extendida en la ciudad turística
Ruiz contextualizó el conflicto dentro de una problemática mayor en Villa Carlos Paz. “La registración deficiente y el trabajo no registrado son algo alarmante en la localidad. La comunidad empresarial tiene que entender que después esto deriva en situaciones muy complejas”, sostuvo.
Consultado sobre el rol del municipio y los organismos de control, el dirigente reclamó mayor coordinación entre los entes: “Hay que actualizar los sistemas de control. Hoy con una declaración jurada uno puede ver si hay irregularidades. Falta articulación entre la Secretaría de Trabajo, el municipio, el sindicato y las ART. Todo el sistema está obsoleto”.
En el tramo final de la entrevista, Ruiz se refirió a los debates sobre la reforma laboral impulsada a nivel nacional. “Si aún estando regulado hay trabajadores que cobran la mitad de lo que deberían, imagínese lo que pasaría si cada uno negocia directamente con el empresario. Sería peor”, advirtió.
“Un sindicato nunca va a ir en contra de los derechos del trabajador. La seguridad social es fundamental. Un trabajador registrado tiene obra social para él y su familia, cobertura por accidente y aportes para su jubilación”, remarcó.
Por último, cuestionó la lentitud judicial y las modificaciones recientes a las leyes laborales que, según dijo, “han alentado a algunos empresarios a tomar más riesgos”. “Si los juicios laborales duraran un año, muchos empleadores se regularizarían. El 75% de los trabajadores del sector está en condiciones irregulares. Por todos lados pierde el trabajador”, concluyó.
