A un año de la primera denuncia, las familias realizaron una movilización frente al colegio parroquial y apuntaron contra un sacerdote que, según dijeron, fue señalado en los relatos de las víctimas. Exigen mayor celeridad judicial y medidas preventivas por parte de la institución y del Arzobispado.
Familias denunciantes de presuntos abusos sexuales ocurridos en el jardín de infantes del colegio parroquial de Villa Carlos Paz realizaron una movilización para reclamar avances en la investigación judicial y exigir medidas preventivas por parte de las autoridades educativas y eclesiásticas.
La protesta se llevó a cabo al cumplirse un año de la primera denuncia presentada entre en mayo del 2025. Según expresaron las familias, durante este tiempo “se avanzó muy poco” en la causa y, además, se sumaron otras tres denuncias, por lo que actualmente existen cuatro presentaciones judiciales unificadas en un único expediente, bajo la órbita de la Fiscalía Nº 3, a cargo de Jorgelina Gómez.
Durante la manifestación, las familias reclamaron “mayor celeridad” en el proceso judicial y pidieron el apartamiento preventivo de un sacerdote de la institución, señalado por las víctimas en sus relatos.
“En las cuatro denuncias hay coincidencias. Los cuatro chicos nombraron a la misma persona”, sostuvo Laura, una de las madres denunciantes. La mujer aseguró además que las familias ya realizaron presentaciones tanto en la Justicia como ante el Arzobispado.
La movilización se desarrolló frente al establecimiento educativo y contó con un cordón policial que impidió que la manifestación llegue hasta las puertas del colegio y de la iglesia.. “Siempre coartando, sin diálogos, sin respuestas, sin recibirnos nunca”, cuestionó Laura al referirse a la actitud de las autoridades escolares.
La mujer manifestó además su preocupación por la continuidad de las denuncias. “Mucha bronca, porque si hubieran frenado las cosas como correspondía, nada de esto hubiera pasado. No seguirían apareciendo más denuncias, pero nadie le dio la importancia que debía a las palabras de los niños”, afirmó.
Las familias anticiparon que continuarán con las manifestaciones y que la próxima convocatoria será frente a Tribunales. “Si esto no avanza, la próxima es en Tribunales”, indicó.
Fernanda es otra de las madres denunciantes. Su familia presentó la denuncia en abril de este año, luego de que su hija identificara en una fotografía a la persona que, según sostuvo, estaría involucrada en los hechos denunciados.
“El disparador fue que mi hija vio la foto de esta persona y se asustó. Cuando le tapé los ojos y los oídos en la imagen, me dijo: ‘Ese es el monstruo’”, expresó el papá de la víctima.
Según explicó, los niños comenzaron a hablar durante procesos de acompañamiento psicológico. “Gracias a esas terapias pudieron empezar a decir lo que había pasado, no solamente en las sesiones, sino también espontáneamente en casa”, agregó.
El hombre aseguró que los relatos de los menores coinciden entre sí. “Todos los relatos de los cuatro niños son exactamente los mismos, incluso hay chicos que no se veían hacía seis meses y repetían lo mismo sin haber estado en contacto”, sostuvo.
Además, afirmó que los episodios denunciados habrían ocurrido dentro de la institución educativa y en distintos sectores del establecimiento. “No fue una sola vez, fueron episodios repetidos en diferentes lugares de la institución”, indicó.
Reclamos al Arzobispado y al Ministerio de Educación
Las familias también cuestionaron la falta de respuestas institucionales. “No hemos tenido ninguna respuesta”, aseguró Fernanda respecto del colegio. Según relataron, mantuvieron contactos con el Arzobispado y el Ministerio de Educación para denunciar la situación y advertir sobre la falta de activación de protocolos internos.
También cuestionaron que el sacerdote señalado continúe desempeñándose dentro de la escuela. “Este individuo sigue en la institución, paseándose con los niños, yendo aula por aula”, expresó.
Las familias sostienen que existen más niños afectados y que podrían surgir nuevas denuncias en las próximas semanas. “Esto está empezando. Vamos a seguir y no vamos a bajar los brazos en ningún momento”, concluyeron.
En paralelo a la marcha, las familias presentaron una carta formal dirigida a la Fiscalía, al Arzobispado de Córdoba, a la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza (DIPE), a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) y a las autoridades del establecimiento.
El documento, acompañado por firmas de manifestantes, fija un plazo de 48 horas para recibir respuestas oficiales y reclama la adopción de medidas urgentes. Entre los pedidos figuran el apartamiento preventivo del sacerdote señalado en las denuncias, mayor transparencia institucional, preservación de pruebas y acompañamiento psicológico para los niños y sus familias.
