Tras el femicidio de Rocío Gómez en Santa María de Punilla, organizaciones feministas y vecinas denunciaron una cadena de fallas institucionales que permitió que Maximiliano Ezequiel Braudaco, condenado por violencia de género, incumpliera las restricciones impuestas por la Justicia. También cuestionaron la ausencia de políticas municipales para la atención de mujeres en situación de violencia.
La comunidad de Santa María de Punilla continúa conmocionada por el femicidio de Rocío Belén Gómez, la joven de 27 años asesinada durante la madrugada de este lunes 20 de julio. El principal acusado es Maximiliano Ezequiel Braudaco, de 40 años, quien ya había sido condenado por hechos de violencia de género y, según trascendió, incumplía las condiciones de la prisión condicional que le había otorgado la Justicia.
Marcela Martín, vecina de la localidad, trabajadora social e integrante de la agrupación Isadora dentro de la Asamblea Ni Una Menos Santa María de Punilla, sostuvo que el crimen expone una vez más las falencias del Estado para prevenir la violencia machista.
«Nos queda cronicar cómo terminan las vidas de las mujeres cuando el Estado está ausente, cuando las condenas no tienen ninguna clase de seguimiento», expresó en diálogo con VillaNos Radio.
El caso guarda similitudes con otros femicidios ocurridos en Córdoba en los que existían antecedentes de violencia. Como ejemplo mencionó el femicidio de Agostina Vega, donde el principal acusado -Claudia Barrelier- ya había sido denunciado por violencia de género. «Todo queda en un papel y las vidas de las mujeres se escapan. Hoy también tenemos una vecina menos, tres niños huérfanos y una madre que perdió a su hija después de haber intentado protegerla», afirmó.
Baudraco cumplía una condena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional (en suspenso). Fue dictada en el año 2025 por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje tras hallarlo culpable de los delitos de coacción, resistencia a la autoridad y daño calificado en un contexto de violencia de género y familiar.
La causa penal se originó tras amenazar a su exsuegra. Al ser una condena de ejecución condicional, Baudraco permanecía en libertad bajo restricciones judiciales y órdenes de restricción de acercamiento que fueron totalmente incumplidas. «Nos pasa esto: ni la denuncia, ni la Justicia, ni la condena salvaron la vida de Rocío», lamentó Marcela.
Falta de controles y ausencia de políticas públicas
Para Martín, el problema no se limita al accionar judicial, sino también a la falta de inversión estatal en prevención y asistencia. «Las medidas tenían que ser mucho más severas y estrictas. Si esto no sucede es porque las medidas no se toman, porque las prohibiciones no se controlan y no se invierte para prevenir la muerte», sostuvo.
Además, cuestionó que Santa María de Punilla no cuente con un Punto Mujer ni con un equipo especializado para el seguimiento de casos de violencia de género. «Con una sola trabajadora social en la Municipalidad no es posible abordar una problemática tan compleja», señaló, al tiempo que vinculó la violencia con el contexto de vulnerabilidad social y económica que atraviesan muchas familias de la localidad.
En este sentido, recordó que aún sigue impune el femicidio de Eliana Anahí Lujan, ocurrido el 17 de septiembre de 2024.
La dirigente también advirtió sobre la falta de avances en otras causas de violencia de género en la localidad y criticó la ausencia de políticas sostenidas por parte del municipio.
«Desde que vivo en este pueblo no existió nunca un Punto Mujer. Van más de doce años sin ninguna política hacia las mujeres», aseguró.
Respecto de la situación de los tres hijos de Rocío, Martín explicó que intervienen organismos provinciales como la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y el Polo Integral de la Mujer, aunque indicó que aún se evaluaba cuál sería el entorno familiar más adecuado para garantizar su cuidado.
«La mamá de Rocío no solamente fue testigo de cómo mataron a su hija, sino que también fue víctima de toda esta violencia y está atravesando un duelo. Habrá que ver cuáles son las mejores condiciones para cuidar a estos niños», manifestó.
Las organizaciones sociales ya comenzaron a organizar acciones para acompañar a la familia y reclamar medidas concretas que eviten nuevos femicidios. «Hay que acompañar y organizarnos para hacer todos los reclamos que puedan aminorar el efecto de la violencia de género en este pueblo y que esto no vuelva a suceder», expresó.
Y concluyó con un mensaje dirigido al Estado: «Vamos a seguir resistiendo y organizándonos. Vamos a seguir exigiendo las inversiones que el Estado tiene que hacer para defender la vida de las mujeres».
