La iniciativa busca impulsar una legislación que contemple la condonación de deudas de familias que se encuentran por debajo de la línea de pobreza y que se endeudan para afrontar gastos esenciales. El abogado constitucionalista Miguel Julio Rodríguez Villafañe sostuvo que se trata de un problema de interés público y llamó a construir “musculatura política” para que el Congreso avance con el proyecto.
El creciente endeudamiento de las familias argentinas para afrontar gastos básicos comenzó a instalarse como una problemática que trasciende las situaciones individuales. Créditos bancarios, préstamos de billeteras virtuales y otras formas de financiamiento son utilizados, en muchos casos, para comprar alimentos, medicamentos o pagar servicios esenciales.
En este contexto, comenzó a gestarse a nivel nacional una propuesta de ley de desendeudamiento para personas económicamente vulnerables. El abogado constitucionalista Miguel Julio Rodríguez Villafañe, uno de los impulsores de la iniciativa, explicó en diálogo con VillaNos Radio que el objetivo es avanzar hacia una legislación que contemple la condonación de determinadas deudas de familias que no cuentan con ingresos suficientes para afrontar los compromisos financieros.
“Las familias no se han endeudado para cosas que podrían ser perfectamente legítimas, comprar una casa, comprar un auto. Se han endeudado fundamentalmente a veces para comprar alimentos, medicamentos, o para cosas fundamentales”, señaló.
Para el abogado, la situación debe ser abordada como una cuestión de interés público y no como un problema exclusivamente individual. “Un día a una persona que le cortan la electricidad o le cortan el agua por falta de pago, la vuelven un paria social, porque hoy en día no se puede funcionar sin tener agua y sin tener acceso a la electricidad”, afirmó.
Rodríguez Villafañe sostuvo que existen fundamentos constitucionales para que el Estado intervenga frente a estas situaciones. En particular, señaló que la Constitución Nacional establece la necesidad de brindar protección integral a las familias y garantizar condiciones dignas de vida.
También destacó que, a partir de la reforma constitucional de 1994, se incorporó el mandato de promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad de oportunidades y el pleno ejercicio de los derechos, además del principio de promover “el progreso económico con justicia social”.
En ese sentido, cuestionó la reducción de las políticas públicas destinadas a los sectores más vulnerables y retomó un mensaje atribuido al obispo de Córdoba: “Cuando se eliminan las políticas públicas que cuidan a los más frágiles, no se genera libertad. Lo que se genera es desamparo”.
El abogado consideró que el actual modelo económico profundiza las dificultades de quienes tienen menores ingresos y planteó que las políticas de desendeudamiento no deberían limitarse a refinanciar las obligaciones.
“Nosotros proponemos directamente la condonación de deuda”, sostuvo. Y explicó que para una persona que percibe ingresos por debajo de la línea de pobreza, “cualquier financiación, por poca que sea, es carísima”.
Uno de los argumentos centrales de la iniciativa es que históricamente el Estado ha implementado mecanismos de asistencia o condonación de deudas para grandes empresas y grupos económicos, mientras que las personas de menores ingresos continúan afrontando intereses y punitorios.
“Nosotros estamos viendo que el Estado siempre se ha ocupado de favorecer a los poderosos”, cuestionó Rodríguez Villafañe, al referirse a distintos antecedentes de asistencia estatal a grandes empresas y sectores económicos.
En contraposición, sostuvo que quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad quedan expuestos a sistemas de crédito con tasas que considera abusivas. En particular, cuestionó los préstamos otorgados por plataformas financieras y billeteras virtuales.
“Hay sectores como Mercado Libre, que está teniendo ganancias terribles y sin embargo está otorgando créditos al 600% de interés anual. Es una vergüenza”, afirmó durante la entrevista.
El abogado también advirtió sobre las consecuencias que puede generar la venta de carteras de deuda y el posterior accionar de empresas de cobranzas. Según relató, algunas personas endeudadas reciben amenazas y presiones que incluso alcanzan a familiares y allegados.
“Los bancos están vendiendo las deudas y caen en empresas que individualmente están usando métodos realmente mafiosos”, denunció.
Para Rodríguez Villafañe, la situación puede generar una forma de exclusión social vinculada directamente con el endeudamiento.
“No podemos tener una sociedad en donde podamos nosotros estar conviviendo con sectores que generalmente son parias civiles, que no tienen ninguna oportunidad ni de trabajo ni de ingreso digno, y están sometidos a una verdadera esclavitud desde la deuda”, expresó.
Frente a este escenario, la propuesta busca generar una respuesta institucional que permita atender las situaciones de mayor vulnerabilidad y evitar que las personas recurran a circuitos de crédito cada vez más gravosos.
Una campaña nacional de firmas
El impulso de la iniciativa contempla una campaña de recolección de firmas, tanto a través de Internet como en espacios públicos. El objetivo es reunir respaldo social suficiente para llevar la propuesta al Congreso de la Nación.
Según explicó Rodríguez Villafañe, ya hubo contactos con legisladores interesados en la iniciativa. Sin embargo, consideró que la existencia de proyectos legislativos no alcanza para garantizar su tratamiento.
“Hay 30 proyectos, pero nadie les llevó la punta. La única forma que eso se analice en serio es que haya la musculatura política necesaria”, afirmó.
En esa línea, remarcó que la propuesta pretende trascender las pertenencias partidarias. “Este proyecto no tiene ningún color político, es el pueblo pretendiendo unificar criterios para generar, como digo yo, musculatura política para hacer que de una vez en serio el Congreso se ocupe de esto”, sostuvo.
La iniciativa también cuenta, según señaló, con el acompañamiento de sectores sindicales y organizaciones sociales. En ese marco, mencionó el respaldo de la CGT y vinculó el reclamo con las movilizaciones previstas por la central obrera.
