Tras el fin del contrato societario entre el municipio y la COOPI, la empresa Carlos Paz Gas se encuentra camino a su disolución. Tal es así que el pasado viernes se desarrolló una reunión de directorio en la que Roberto Rizzi, Fernando Cotti y Marcelo Cuevas debían ratificar su rol como liquidadores. Sin embargo esto no se pudo concretar debido a las impugnaciones presentadas por los directores cooperativistas.
Mario Díaz, uno de los representantes de la COOPI en el directorio de la empresa, detalló a VillaNos Radio que las objeciones planteadas tienen que ver con que no se cumplieron con algunos trámites para las últimas convocatorias a asamblea de socios y reunión de directorio.
“No habían presentado ante la Inspección de Personas Jurídicas y difundido que es una empresa en liquidación. Eso está obligado por ley. Esta situación los lleva a retrotraer la decisión que habían tomado y convocar a una nueva asamblea de socios para el 5 de febrero a los fines de ratificar lo actuado”, dijo.
El dirigente ratificó que, pese a estar en proceso de liquidación, Carlos Paz Gas seguirá prestando el servicio hasta tanto el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) resuelva quien seguirá brindando gas natural en la ciudad.
“Si ve que está en riesgo la continuidad de la prestación del servicio, va a nombrar a quien debería continuar que por ley es ECOGAS, que es la distribuidora de la zona. Esto implica que se paralizarían todas las obras porque los proyectos aprobados son de Carlos Paz Gas. Si la empresa no está más, no hay más obras de redes domiciliarias. ECOGAS debería presentar un nuevo proyecto –trámite que a nosotros nos llevó un año y medio-, en caso de que decidiera hacerlas. Ya hay una negativa de ECOGAS a realizar las obras de redes domiciliaras”, expresó.
Y haciendo referencia al impacto que genera la paralización de Obras, Díaz precisó: “A Villa Carlos Paz le impacta seriamente porque faltan 155 mil metros de redes domiciliarias. Todos los proyectos constructivos están presentados. La continuidad que íbamos a tener en Playas de Oro, Costa Azul y La Quinta no se podrá dar. Hablamos de barrios muy poblados, con vecinos estables que no tendrán la posibilidad de acceder a este servicio.
“No solo destruyen una empresa que es superavitaria, que hizo muchas obras con recursos propios sino que también dejan sin la posibilidad de acceder al servicio a la mitad de los habitantes de Villa Carlos Paz, sobre todo de la periferia”.
Consultado sobre si hay plazos definidos para que el ENARGAS resuelva quien debe continuar con la prestación, el director cooperativo respondió que “esa es una potestad del ente” y que desde la COOPI se solicitó que esto sea resuelto una vez que esté terminada la liquidación de Carlos Paz Gas. “Planteamos esto para ver si podemos continuar con la mayor cantidad de obras para que no se paralicen y seguir brindando servicio”, reconoció.
En este sentido detalló que la Cooperativa Integral solicitó ante el ente nacional poder constituirse como subdistribuidores y continuar al frente de la prestación.
“Quien hace la subdistribución en Carlos Paz, es la COOPI más allá de que Carlos Paz Gas tenga la licencia. La COOPI es el operador técnico-administrativo; es decir, hacemos todo. La COOPI es el subdistribuidor de hecho, con el nombre de Carlos Paz Gas. Por eso hemos hablado con algunos funcionarios y estamos tratando de persuadirlos para que resuelvan el tema en este sentido.
“No somos una organización que recién se instala, sino que tenemos sobrada experiencia. El Ente lo sabe y está evaluando esta posibilidad, a los fines de resolver. Nuestro planteo fundamental es que el servicio y la continuidad de las obras deben quedar en una empresa local”, afirmó y remarcó: “Si hay voluntad política, es posible que nos deriven el servicio a nosotros”.
En cuanto a los plazos que podría tener la liquidación, Díaz dijo que podría ser de no menos de seis meses para un proceso normal, pero que “a esta gente le llevará un poco más de ese tiempo, en función de las desprolijidades que ellos mismos cometen”.
Respecto al capital con el que cuenta la firma hoy, lo estimó en mil millones de pesos a valores históricos. Además añadió que la COOPI ha designado a Blanca Pérez y a él como controladores del proceso. “Vamos a seguir muy de cerca cada paso que den”, aseguró.
En este sentido se refirió al pedido de remoción de los directores municipales presentado en los últimos días a raíz de las desprolijidades cometidas hasta el momento en el proceso de liquidación
“Tendrían que haber inscripto la disolución en la IPJ y anunciar que es una empresa en liquidación a los fines de que terceros –como pueden ser proveedores- sepan que no pueden arriesgarse o por lo menos estar alertados de que puede haber riesgos en el tema de la cobranza. Eso les reclamamos que no hicieron y por tanto son plausibles de que se le pida la remoción”, indicó y detalló que a ese pedido se tiene que resolver en asamblea de socios. “Si hay causas, se debe proceder a removerlos”, afirmó.