Con el edificio municipal encadenado, con presencia policial y de Seguridad Urbana y con trabajadorxs amenazadxs. Esas fueron las condiciones en las que este martes se concretó la asamblea convocada por el SIPOS (Sindicato del Personal de Obras Sanitarias) en Palacio 16 de julio.
La intención fue desarrollar una reunión informativa -tal como se hizo el lunes en el centro operativo ubicado en la extextil– sobre la situación en la que se encuentra la discusión sobre el reconocimiento de lxs 83 trabajadorxs abocados al servicio de agua y que el municipio todavía no ha otorgado el alta temprana en AFIP. Es decir: desde el 30 de abril están trabajando en negro y sin cobertura de obra social.
“El municipio decidió, a través de un funcionario de menor rango como es el director de Recursos Humanos Roberto Buzurro, impedir que ingresáramos. Encadenaron todo el cero perimetral de modo que no podamos hacer la asamblea en el interior del municipio, en el lugar de trabajo, que es lo que legalmente corresponde”, dijo a VillaNos Radio Gustavo Valdez, secretario general del gremio.
A esto se suma situaciones de amedrentamiento y amenazas de aplicar descuentos a quienes participen de las asambleas. De hecho, durante la asamblea se vio a personal municipal fotografiando a lxs trabajadorxs que participar del encuentro. “Ante la realidad de que los trabajadores salían a la explanada para participar de la asamblea, a un grupo de compañeros se les impidió salir”, detalló Valdez.
Hasta el día de hoy el municipio sigue sin reconocer a lxs 83 trabajadorxs abocadxs al servicio de agua, incumpliendo de esta manera lo establecido en el laudo ministerial. “Los trabajadores de agua y saneamiento no están incorporados al municipio como empleados”, resumió el dirigente y que esto significa perjuicios muy concretos como la falta de cobertura de una obra social. “Al municipio parece no importarle esto”, afirmó.
Este miércoles a las 10:00 habrá una audiencia en la delegación local del Ministerio de Trabajo. Se ha convocado al SIPOS y al municipio. El planteo principal del gremio es que se cumpla todo lo que está establecido en el laudo, desde las condiciones de trabajo, los derechos laborales hasta la definición de lxs 118 trabajadorxs de agua que deben ser incorporadxs al municipio.
“El municipio no ha preparado nada para llevar adelante la tarea. No hay ropa de trabajo, herramientas, elementos de seguridad. Esperamos que esto se resuelva en el corto plazo, porque esta es una situación grave y escandalosa”.
Pedido de audiencia al Concejo. El gremio también ingresó al Cuerpo Legislativo un pedido de audiencia con la totalidad de lxs concejalxs, con la intención de que también aborden la situación de precarización en la que se encuentran lxs 83 trabajadorxs municipales del agua.
En este sentido, Valdez apuntó a la responsabilidad de lxs edilxs que aprobaron la ordenanza 6690 y que decían que se podía incorporarlxs al municipio bajo régimen de contratación laboral establecido por la Ley de Contrato de Trabajo. Hoy, en términos concretos, eso no puede realizarse. Por eso volvió a sugerir la creación de un ente autárquico.
“Esto se resuelve, como lo dijimos desde un principio, con la creación de un ente autárquico que pueda absorber sin dificultades y con toda regularidad los trabajadores transferidos. Esto es responsabilidad del Concejo de Representantes”, expresó.
