La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Segunda Nominación resolvió este miércoles 18 de agosto admitir el recurso de amparo presentado por la COOPI y otorgar una medida cautelar de no innovar, poniendo así un freno a la municipalización del servicio de agua planteada por el municipio de San Antonio.
Vale recordar que según el decreto 138, firmado por la intendenta Patricia Cicerone, el 18 de agosto se concretaría la recepción provisoria del servicio y el 20 de septiembre, la toma definitiva.
Julio Cesar Martínez, abogado de la COOPI, explicó a VillaNos Radio que el municipio de San Antonio ha intentado desconocer a la Cooperativa Integral como prestadora del servicio, siendo que la institución brinda el agua potable a los vecinos de esa localidad incluso desde antes de su formación como comuna.
“La cautelar surgió de un amparo presentado por un grupo de trabajadores. Se trata de un amparo que hace pie en otro amparo, que presentó la COOPI el 22 de julio, y que ambos amparos trabajan sobre el desconocimiento en todos sus términos y alcances de la COOPI como prestadora del servicio de agua en San Antonio. Todos conocen que la COOPI brinda el agua desde casi 60 años, cuando esto era sólo un loteo.
“Ese desconocimiento implica una falta grave a la norma que dice cómo, de qué manera y porqué tienen que ser fundados en el derecho los actos administrativos y lesiona garantías y derechos constitucionales. Para el caso de los trabajadores, fundamentalmente, desconoce la fuente laboral”, expresó el letrado.
Y remarcó que, como prueba de ese desconocimiento, aportaron la contestación que la intendenta Cicerone dio al Ministerio de Trabajo en ocasión de ser convocados el 3 de agosto pasado. Martínez dijo que tras el otorgamiento de la medida cautelar “se abre un nuevo momento” que tiene que ver también con discusiones en torno a la competencia de la Cámara 2 para resolver sobre este litigio. Recordemos que, durante el proceso judicial de traspaso de servicio de agua en Villa Carlos Paz, quedó establecido que la Cámara Uno sería la que tendría que abocarse a los distintos amparos presentados referidos al tema.
En este sentido, el abogado aclaró que se trata de otro proceso judicial y que, como tal, la Cámara Dos es la que tiene que seguir interviniendo en el litigio. También hizo hincapié en que el amparo no cuestiona la ordenanza de municipalización ni la creación del ente, sino el decreto 138 a través del cual se pretendió ejecutar la decisión de municipalización.
“Estamos estudiando también la posible comisión de delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, adelantó.
De parte del SIPOS (Sindicato del Personal de Obras Sanitarias), en tanto, reforzaron el plan de lucha en defensa de los puestos de trabajo. En esa línea, se volvió a concretar una manifestación frente a edificio municipal con la intención de lograr alguna audiencia con las autoridades municipales, cosa que finalmente no sucedió.
“Es claro que no hay una intención de atendernos”, dijo el secretario general del gremio, Gustavo Valdez.
Además, adelantó la realización de una marcha hacia la capital provincial: “Vamos a seguir construyendo movilización por sectores en todo Punilla, y vamos a avanzar en una gran movilización al Ministerio de Servicios Públicos porque entendemos que en términos políticos quien debe resolver esto, más allá de los gobiernos locales, es el gobierno de la provincia de Córdoba”.
