El diputado nacional por Córdoba, Eduardo Fernández, estuvo el pasado viernes 22 de abril en Villa Carlos Paz presentando el proyecto de ley de presupuestos mínimos para el Acceso al Agua y Saneamiento.
El proyecto propone la definición de presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar de forma universal y equitativa, el acceso al agua potable y el saneamiento como derecho humano esencial y fundamental, en concordancia con lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, los tratados internacionales ratificados por el Congreso de la Nación, el Código Civil y Comercial y la Ley General del Ambiente N° 25.675.
El evento se concretó en la Casa de la Cultura de la COOPI y contó con la presencia, además, del médico sanitarista Emilio Iosa. “Habremos perdido el servicio de agua, pero no los ideales”, dijo al comienzo del evento la vicepresidenta de la Cooperativa Integral, Alicia Clérico, al tiempo que destacó que la Casa de la Cultura se estaba reabriendo luego de que se concreten refacciones en el lugar.
Iosa, por su parte, destacó que se sumaba a la presentación sin importar el color político porque la prioridad sigue siendo trabajar por el saneamiento integral del lago San Roque. “Mucha gente me dijo ‘no vayas a la Cooperativa, no te pegues al kirchnerismo’. Y la respuesta a eso es que tenemos un lago verde y no me importa el color político de las personas que pueda gestionar a nivel nacional, provincial o regional alguna solución, aporte o idea sobre cómo sumar en estas circunstancias.
“Nosotros queremos gobernar Carlos Paz y eso implicará sentarse con Eduardo, con Larreta, con Juez o con Schiaretti. Es decir: sentarse con quién haya que sentarse a discutir porqué en los últimos 50 años esta situación fue escondida y separada de la agenda pública al punto de que hoy nuestro lago se convierte en un elemento peligroso para la salud y la vida y que además atenta contra la principal economía regional”, expresó.
La propuesta de Fernández tiene siete objetivos principales: reconocer el derecho al acceso al agua y saneamiento como derecho humano y esencial; garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento para el pleno disfrute de la vida en el territorio argentino; incrementar el uso universal, racional, equitativo y sustentable del agua potable, a fin de prevenir enfermedades y mejorar la salud de la población y la preservación de la biodiversidad y los ecosistemas.
También propone mejorar la planificación del servicio de agua potable y saneamiento con perspectiva de género y con respeto a los pueblos indígenas, garantizando la participación pública; propiciar las condiciones para incorporar mecanismos de provisión de agua que tiendan a reducir el uso de plásticos descartables; garantizar la calidad del tratamiento de los efluentes cloacales; y garantizar la calidad del agua potable para que esté libre de sustancias o microorganismos nocivos para la salud.
“Hemos relevado información de militantes ambientales y especialistas del agua. Se trata de que una ley nacional establezca presupuestos mínimos en relación al agua contemplando lo que las luchas ambientales nos indican necesario. Pretendemos que se sancione una ley nacional y las jurisdicciones provinciales tengan la obligación de cumplir estos presupuestos mínimos”, dijo el diputado en diálogo con VillaNos Radio.
Consultado sobre las posibilidades de que el proyecto sea aprobado en el Congreso, el dirigente reconoció que la situación atraviesa de manera transversal a los espacios políticos y que por ello el respaldo social a través de las organizaciones resulta clave para que la propuesta se convierta en ley.
“Queremos que sea una herramienta para los luchadores ambientales y los pequeños productores no queden sujetos a intereses económicos. Queremos que se tenga en cuenta le defensa de la territorialidad de los pueblos indígenas. Es imposible planificar agua sin saneamiento y aprovechamiento integral. Esto no puede ser apropiado por un sector económico”, subrayó.
