El proyecto de una Autovía en Punilla al oeste de la ruta 38, que el gobierno de la provincia de Córdoba busca imponer en el valle, consiste en una mega obra de 43.5 km que se extendería desde la variante Costa Azul hasta La Cumbre.
“Su recorrido transcurre en un 33% por bosque catalogados como en zona roja, utiliza 21 enormes puentes para atravesar ocho cuencas hídricas que nutren al lago San Roque cuyas aguas ya se encuentran en proceso de severa eutrofización (descomposición) y el impacto que sufrirán terminarán de degradar una región asolada por la falta de cloacas, los desmontes e incendios y la especulación inmobiliaria”, denunciaron en un comunicado las Asambleas Socio-Ambientales de Punilla.
Atravesará 172 hectáreas de bosque nativo, a la Reserva Hídrica Los Gigantes y el cruce de los ríos Yuspe y Cosquín y arrasará campos de pobladores serranos que llevan más de un centenar de años habitando esas tierras. Entre ellos se encuentra la casa familiar de Emma Ballarino, que corre el riesgo de ser desarraigada en caso que la obra avance.
El campo se encuentra en La Juntura de los Ríos en Cosquín, cerca del paraje Las Tunas, y está en su familia materna desde 1834. Ella está está a cargo junto con sus 11 primxs. Son la quinta generación y desde hace meses participan en las asambleas de vecinxs contra la obra. “La autovía va destruir nuestro modo de vida, nuestra casa”, advirtió en diálogo con VillaNos Radio.
El terreno es un campo serrano, no productivo como los de sus vecinxs. Está atravesada por una vertiente y tiene una casa de adobe, que fue donde ella creció y ahora están restaurando. Queda en una zona de valor arqueológico para los pueblos originarios y un área de bosque nativo que vienen protegiendo, tal como los informes técnicos y de impacto socioambiental del emprendimiento presentados por Caminos de las Sierras.
A fines de diciembre, la Legislatura de Córdoba convirtió en ley el proyecto para declarar de utilidad pública inmuebles para la ejecución de la obra “Ruta alternativa a Ruta Nacional Nº 38”, dejando el terreno preparado para las expropiaciones.
“A partir de la ley de expropiación empezamos a hacer notas para pedir información oficial al gobernador (Juan Schiaretti), la empresa Caminos de las Sierras, el intendente de Cosquín (Gabriel Musso) y el Consejo de Deliberante y nadie nos pudo dar ninguna respuesta oficial de donde pasaba la traza”, explicó.
El 4 de enero Musso había firmado la factibilidad de uso de suelo para que la obra pase por la localidad. Sin embargo, “hasta el día de hoy no tenemos ninguna información oficial” como damnificados, aseguró.
En el marco de la audiencia pública pudieron acceder al EsIA como vecinxs y expositorxs. El 9 de abril inició esta instancia para expresarse sobre el proyecto y finalizó el 14 de mayo. El 90% de lxs participantes se pronunció en contra de la obra.
“Me parece completamente invalida la asamblea, pero es el único lugar en el que nos podían o tendrían que escuchar. Fue enriquecedora por la cantidad de gente afectada por la obra directa o indirectamente que se expresó siempre argumentando. Los damnificados pudimos hablar de lo que significan estos territorios”, contó.
“En relación a los funcionarios me dio vergüenza, estos representantes no están a la altura de las circunstancias. La conectividad fue un discurso más repetitivo que argumentado. No es velocidad lo que se necesita son otras cosas”, añadió.
El jueves 20 de mayo la Secretaría de Ambiente había anunciado el inicio de la etapa de preguntas. En sólo 3 minutos de transmisión en vivo por YouTube, las autoridades anunciaron que recibieron 877 preguntas de lxs vecinxs, por lo que les parecía “materialmente imposible” dar públicamente las respuestas a través de esta plataforma. Así anunciaron que las iban a enviar a cada expositor a través del portal Ciudadano Digital, violando una vez más el derecho a la información pública.
“Ahí pudimos observar cómo se iban destruyendo los distintos territorios. En el caso nuestro nos atraviesa todo el campo y pasa por la única fuente de agua de la casa”, afirmó Ballarino sobre el EsIA.
“En el estudio nuestro campo figura como zona arqueológica de riesgo máximo y bosque nativo zona roja. No tendrían que tocar nada de este lugar ni del paraje Las Tunas donde están los vecinos a quienes les vuela la casa, literalmente la arrasa”, detalló.
La información obtenida a través del expediente reveló que a la familia Britos la traza le pasa por encima de la casa y a otrxs vecinxs les queda el campo partido al medio, la chacra con los animales de un lado y la casa del otro. Son pequeños productores y esto destroza sus economías.
La autovía es parte del Corredor Bioceánico del IIRSA donde figura como Proyecto MCC96: “By pass por las Sierras de Córdoba”. El objetivo es crear una autopista para libre flujo de camiones de gran porte que faciliten el tráfico de commodities comunicando Porto Alegre, en Brasil, con el puerto sobre el Pacifico de Coquimbo, en Chile.
Está impulsada por la provincia y será financiada con un préstamo de la Confederación Andina de Fomento (CAF). Esto implica un endeudamiento de 75 millones de dólares para todxs lxs cordobesxs. El impulso definitivo vino de parte del gobierno nacional que, mientras se desarrollaba la audiencia, aprobó a través de un DNU los modelos contractuales para el acuerdo del préstamo.
Ballarino calificó la decisión de Alberto Fernández como un “balde de agua fría” y le pidió que “escuche a la gente que expuso, desde el técnico del CONICET hasta cualquiera de nuestras familias”.
“Sabemos que no es lo mismo un tala que un algarrobo. Sabemos el valor que tiene el agua y la biodiversidad que existe en el territorio. Somos una sola cosa, no hay ambiente posible sin nosotros y nosotros sin ese ambiente para poderlo cuidar”, manifestó.
La posibilidad de destierro de familias centenarias que viven, protegen y producen en los terrenos por donde pasa el trazado de la ruta genera una angustia que atraviesa cada uno de sus días. “Hay otro modo de vivir el territorio y es bastante doloroso pensar que a eso le van a poner cuatro carriles, luces led, todo lo que significa una autovía que para ellos es progreso y para nosotros es destrucción, desarraigo y perder la identidad”, sentenció.
Está pendiente la definición de la Comisión Técnica Interdisciplinaria que tiene que resolver si dará aprobación o rechazo al proyecto y EsIA. Es decir, si otorgará o no licencia ambiental para comenzar la obra.
Mientras tanto, la indignación entre las familias se profundiza ante la falta de comunicación de parte de las autoridades del gobierno y la empresa. “Espero que alguien se comunique conmigo. que a la familia Britos, Díaz, Ferreyra, a las familias de La Aguadita nos llamen y nos den la posibilidad de decir lo que tenemos que decir de frente”, enfatizó y anticipó que la lucha para frenar el proyecto continúa.
“Seguiremos aunando fuerzas, desde una pelea genuina y colectiva como coscoínos y serranos. Defiendo el lugar donde vivo. Seguiremos hasta la última instancia y hasta que el cuerpo aguante”, finalizó.