El 1 de agosto de 2017 desapareció Santiago Maldonado (28), en el marco de una violenta represión de Gendarmería en la Lof en Resistencia Cushamen, Chubut. Estuvo desaparecido durante 78 días. Su cuerpo sin vida fue encontrado el 17 de octubre en el Río Chubut, 400 metros río arriba de donde fue visto por última vez.
“Gendarmería ingresa violentamente y sin orden judicial a la Pu Lof, en ese entramado desaparece Santiago. 78 días después aparece su cuerpo sin vida río arriba del lugar donde supuestamente había ingresado al agua. Hasta la fecha no hay ninguna explicación”, sentenció Verónica Heredia, abogada de la familia de Santiago Maldonado, en diálogo con VillaNos Radio.
En la investigación está asentado que el ingreso al territorio de la comunidad por parte de Gendarmería Nacional sucedió sin orden judicial y disparando “balas para matar personas”, subrayó. “Está acreditado que el 1ro de agosto tenía vida y el 17 de octubre aparece sin vida”, agregó.
El pedido desde hace cuatro años por parte de la familia da Santiago Maldonado al poder judicial y al Ministerio Público Fiscal es que este hecho se investigue bajo la figura penal de “desaparición forzada seguida de muerte”.
El lugar donde fue encontrado el cuerpo del joven había sido rastrillado más de 6 veces, sin arrojar resultados positivos. Todavía no hay una sola explicación en el expediente sobre su aparición.
El juez Gustavo Lleral en noviembre de 2018 pretende archivar la causa. Esto frenó toda acción de búsqueda para dar alguna respuesta sobre el hallazgo en un lugar que ya había sido peritado en reiteradas oportunidades.
El magistrado “dice que acá no pasó nada. Sobre este hecho no hay nada que investigar. No hay ningún tipo penal. Lleral dice que no solamente no hay desaparición forzada, no hay nadie responsable de nada”, aseguró Heredia.
En el 2019 las cámaras revisoras de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y de Casación Penal fallaron “que no se investigue desaparición forzada, pero que se investigue algo”, sostuvo.
El expediente actualmente está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que es el último órgano revisor de todas las resoluciones de todos los jueces y juezas de la Argentina. Hace más de un año que está en manos de la Corte y hasta que no haya una resolución ningún juez va a poder intervenir en la causa.
“Como abogada de la familia estoy solicitando que la corte diga qué se investiga, quién investiga y cómo se busca. Estas son las preguntas que le hicimos a la CSJN y hace más de un año que tiene para resolver esto”, explicó la abogada.
“Pasa el tiempo y la impunidad se va solidificando. Así estamos a 4 años de la desaparición de Santiago”, enfatizó.
El hallazgo y el entramado de la impunidad
La abogada recordó lo que vivió el 17 de octubre de 2017 junto al hermano y la cuñada de Santiago: “Estuvimos parados con Sergio (Maldonado) y Andrea (Antico) a la vera del río. Ocho horas parados los tres mirando ese cuerpo sin saber si era el de Santiago. Fue un espanto. Sentía helado mi cuerpo, no por el frío si no por el horror.”
“Había estado en ese mismo lugar seis días antes y ese cuerpo no estaba ahí. Las aguas son cristalinas y era imposible no haberlo visto”, aseguró.
La querella impugnó la autopsia debido a las inconsistencias que presentó. “No dio respuesta a un montón de preguntas que nosotros hicimos. La primera era si se podía asegurar si Santiago se había ahogado el primero de agosto. A esa primera pregunta no la pudieron responder. La segunda que no pudo contestar esa autopsia es si el cuerpo siempre estuvo en ese mismo lugar”, señaló.
Ante la ausencia de estas respuestas, la familia demandó que se continúe investigando y que se amplié la información para tener luz sobre estas preguntas. Sin embargo, Lleral decidió a archivar la causa con todas estas preguntas escritas en el expediente.
El 1ro de agosto de 2020 la querella convocó a un grupo de expertos y expertas sobre desaparición forzada, pueblos originarios y medios de comunicación de Colombia, México y Chile. “Para que nos ayudaran a encontrar estas respuestas y a analizar lo que sucedió, no solamente con el caso jurídicamente sino además mediáticamente, políticamente y socialmente”, afirmó.
Este grupo redactó un informe que fue presentado a las autoridades del gobierno federal hasta ahora sin obtener una sola respuesta. También fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos junto a una serie de propuestas al gobierno para que acompañe la causa.
En esa instancia internacional, frente a la denuncia, el Estado a través de cancillería y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó manifestando que había voluntad de no dejar impune el caso.
El propio Ministerio de Seguridad en enero de 2020 inició una investigación que finalizó con una denuncia penal contra Pablo Noceti (jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la gestión 2015-2019), Gerardo Otero (ex Director de Gendarmería Nacional Argentina) y al Comandante General Ernesto Oscar Robino (ex Subdirector Nacional de la Gendarmería Nacional Argentina).
“Hay un reconocimiento del propio Estado argentino de que la desaparición de Santiago debe ser investigada y hay responsables dentro del Estado. Seguimos trabajando para que la instancia internacional lo obligue a investigar. La corte no cumple ningún plazo razonable. Por eso, presentamos una medida cautelar ante la comisión para decir que se están pasando los plazos”, detalló.
“Está más que clara esta complicidad necesaria e indispensable para que se constituya una desaparición forzada”, añadió. Como ejemplo apuntó a la primera resolución del juez federal de Esquel, Guido Otranto, tomada el 3 de agosto del 2017 que consistió en sentar en su oficina al Ministerio de Seguridad del poder ejecutivo federal.
Vale recordar que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia apartó al juez Otranto de las dos causas en las que se investigaba la desaparición de Santiago Maldonado. Lo hizo por unanimidad con el voto de los jueces Javier Leal de Ibarra, Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman. Además, dispuso que sea Gustavo Lleral, titular del Juzgado Federal N° 2 de Rawson, quede a cargo de los dos expedientes, con dedicación exclusiva.
En septiembre de 2017, Otranto fue separado por “parcialidad” a favor de una fuerza federal investigada por la desaparición forzada y se lo responsabilizó por las arbitrariedades cometidas por Gendarmería el último día en que se vio con vida a Santiago Maldonado. Sin embargo, n julio de este año fue beneficiado por el Consejo de la Magistratura que cerró el pedido de juicio político, sin siquiera tratarlo.
Santiago desapareció en el marco de una actuación por parte del Estado. Durante los 78 días de búsqueda fue el propio Estado quien atacó a la familia de Santiago, estigmatizó a las comunidades originarias, encubrió a los gendarmes involucrados y respondió con operaciones mediáticas a los pedidos de justicia.
Heredia analizó el rol que asumieron los medios de comunicación durante la desaparición y el hallazgo del cuerpo de Santiago. “Hubo un trabajo deliberado de hacer desaparecer las desapariciones y dirigido en relación a como se abordó mediáticamente en medios y redes”, precisó.
“Desparece no solamente el cuerpo, el horror de la desaparición, si no luego la instalación mediática en la subjetividad para que desaparezca esta desaparición y podamos seguir viviendo sin hacernos cargo del horror que hemos pasado. Se instaló que acá no paso nada, Santiago se ahogó solo”, analizó.
Es una tarea sofisticada de desaparición de la desaparición y de la aparición del cuerpo. En este caso, Santiago estaba poniendo el cuerpo por un reclamo que entendió justo y decidió acompañar.
“Ese es el efecto de la desaparición, hacernos creer que no debemos acompañar los reclamos que consideramos justos, romper la solidaridad social”, opinó.
Desde ese 1ro de agosto la familia de Santiago nunca más pudo volver a su vida anterior y asumido el compromiso de continuar hasta tener verdad y justicia por Santiago.
“Verdad y justicia por Santiago y por todos los desaparecidos en democracia”, manifestó Heredia.
