Con una convocatoria frente a Tribunales, en Villa Carlos Paz se replicó la movilización por la democratización del Poder Judicial, el fin del lawfare y la renuncia de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fue la única concentración que se concretó en Punilla.
Participaron referentes de diferentes causas que esperan resolución de la justicia local, se denunció la lentitud en el avance de los casos y la revictimización del poder judicial a las sobrevivientes de violencia de género y se demandó una reforma judicial transfeminista.
Entre las presentes estuvieron las amigas de Andrea Castana, Nadia Corzo y Macarena López Salvans, quienes gritaron a viva voz justicia por la joven, abusada sexualmente y asesinada en el Cerro de la Cruz en marzo del 2015. “Estamos llegando al séptimo año de su partida sin justicia. Estamos en nombre de ella y de todos los que necesiten justicia. Tener justicia es que se sepa la verdad de lo que le pasó a la Flaca y que paguen los que tengan que pagar”, expresó Nadia a lo que Macarena agregó: “Nosotras exigimos a la justicia que haga su trabajo. Acá hay gente que cobra su sueldo y no hace lo que tiene que hacer. En esos 7 años te vas en dolor. Estas cosas son en la calle porque la justicia no existe”.
También se acercó hasta el lugar familiares de Sergio Carlos Racca (39 años), quien falleció el 16 de junio de 2018. El hombre concurrió al hospital Sayago por una infección bucal y tras 16 días, murió. Por esta muerte hay abierta una investigación judicial que se encuentra en el Fiscalía 1, sin mayores avances. “Queremos tener justicia. Tenemos mucha impotencia. Mientras las causas judiciales no avanzan la vida sigue”, expresó Vanesa Godoy, esposa de Sergio.
Roberto Álvarez, médico pediatra despedido sin causa el 31 de diciembre de 2020 por el gobierno de Villa Carlos Paz dijo que adhería a las consignas nacionales. “Estoy en desacuerdo con el lawfare y creo que la Corte Suprema de Justicia tiene los méritos suficientes para renunciar e irse. Hay que democratizar la justicia”, consideró.
Sensaciones de impunidad e impotencia fueron algunas de las expresiones que se escucharon en la movilización. También se reclamó por el acceso a la justicia, porque emprender un proceso judicial implica una erogación económica que no todas las familias pueden asumir y sostener a lo largo de todo lo que implica un proceso judicial.
Así lo expresó utilizando el megáfono Karina Lucero, integrante de la Fundación Centro de Protección Familiar de La Falda también estuvo presente y subrayó que hoy “tenemos problemas para acceder a la justicia, la justica no es igual para todos. Pedimos reformas y que tengan otras perspectivas”.
Fernanda Moyano, integrante de la Asociación Civil EmpoderAr quien también le tocó padecer en carne propia un proceso judicial plagado de irregularidades en el marco de la causa judicial referida al canabis medicinal sostuvo que el mal funcionamiento del Poder Judicial hace que “la gente se desgaste y no termina haciendo las denuncias”.
“No podemos seguir con tantas causas a la deriva. Cuando la justicia debe acompañar deja a las mujeres a la deriva”, expresó.
Masiva concentración en Buenos Aires
Organizaciones sociales, sindicales, políticas, de derechos humanos, entre otras, protagonizaron este martes una masiva marcha en los alrededores del Palacio de Tribunales en la Ciudad de Buenos Aires para exigir la renuncia de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y una reforma integral del Poder Judicial.
El #1F también se repitió en otros puntos del país como Río Negro, Mendoza, Córdoba, Jujuy, entre otros, donde también se escucharon los reclamos en repudio por el desempeño de la Corte, pidiendo el fin del lawfare y en contra de la impunidad.
“Hay muchas pruebas para que estos atorrantes se vayan”, aseguró el juez Juan Ramos Padilla, único orador del encuentro, desde el escenario que se armó para la jornada.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) también se sumó a la marcha en la capital del país que pidió por una reforma integral del Poder Judicial.
“Quienes venimos peleando por la democratización de la comunicación y el derecho a la comunicación conocemos muy bien, y de primera mano, el costo de tener jueces que se han entregado a los poderes económicos”, expresó Pablo Antonini, presidente de FARCO, y sostuvo que esos magistrados “remiten sentencias en relación a los intereses de esos poderes y funcionan como un permanente obstáculo a las conquistas y derechos, incluso a aquellas que son sancionadas con fuerza de ley en el Congreso Nacional”.