Una comitiva de la Secretaría de Ambiente y de la Cámara Contenciosa de Primera Nominación recorrió el pasado viernes 04 de enero las instalaciones de la hormigonera Tejamax, en el marco del amparo ambiental impulsado por lxs vecinxs que objetan la instalación de esta empresa en una zona urbanizada.
La auditoría consistió en un recorrido por el lugar. Sin embargo, no se pudo constatar de manera acabada el impacto que genera la fábrica puesto que los funcionarios no llevaron el instrumental necesario para medir el sonido que produce la maquinaria.
“Al parecer, la Secretaría de Ambiente se olvidó de llevar el instrumental para medir el sonido. Los jueces pudieron ver cómo funciona, pudieron escuchar a los vecinos que les gritaban detrás del alambrado que no estaba funcionando a pleno la planta, que el ruido no era el mismo que escuchan todos los días desde las 07:00 hasta las 23:00. Quedó la palabra de los vecinos contra estas pruebas técnicas que supuestamente hay que hacer en otro momento porque ese día no tenían el instrumental”, expresó a VillaNos Radio Marcela Fernández, abogada representante de lxs vecinxs amparistas.
La letrada también afirmó que tampoco se puso constatar el impacto que genera el polvo en suspensión que genera la hormiguera puesto que el día anterior había llovido.
No obstante, y más allá de las cuestiones técnicas de funcionamiento, Fernández enfatizó en la necesidad de que se respeten las leyes ambientales y de ordenamiento territorial que son la razón fundamental a la hora de cuestionar el lugar de emplazamiento de la empresa.
“Si bien Tanti tiene una zona industrial, el municipio decidió aprobar esta planta en una zona urbana, en excepción a las normas vigentes del Código de Ordenamiento local. Los vecinos se encuentran de un día para el otro con una industria en la puerta de su casa. Se vino solicitando una paralización de estas actividades”, expresó.
Además, recordó que inicialmente la Secretaría de Ambiente decidió no intervenir en el tema, aun tratándose de una industria contaminante. “Hicieron una interpretación literal de los anexos que habla de cementera y no de hormigonera. Según ellos, por esa razón no cabía hacer un estudio de impacto ambiental. Desde ahí arrancamos con que no tenemos un Estudio de Impacto Ambiental sino la opinión de los concejales de Tanti que levantaron la mano para aprobarlo diciendo que esto genera puestos de trabajo”, recordó y afirmó que hoy las fuentes de trabajo que genera Tejamax son “dos o tres personas de Tanti y siete personas más oriundas de otras ciudades”.
Y remarcó: “Ninguna fuerte de trabajo justifica que se envenene al resto de los vecinos. Venimos peleando judicialmente por el dictado de una medida cautelar”.
Fernández insistió en que “hay violaciones de leyes en la localización” de la empresa y detalló: “Los predios del fondo están dentro de la reserva hídrica. La planta esta ubicada en la Cuenca Hídrica del arroyo Las Catas. No se está dimensionando el principio precautorio y preventivo del daño ambiental porque los vecinos siguen padeciendo los ruidos y el polvo de las máquinas”.
La causa pasó a estudio y, en función de la información recabada, queda en manos de la Cámara la convocatoria o no a una nueva auditoría. Fernández indicó que no sólo objetaron los últimos estudios, sino todos los incluidos en el expediente puesto que la empresa Tejamax acondiciona el predio cada vez que se han realizado mediciones de polvo en suspensión o de emisión de sonidos.
“Todos esos estudios están impugnados por nosotros porque siempre fueron tomados en condiciones irregulares y siempre los denunciábamos antes. Los jueces tendrán que decidir como seguimos. Si con esto les basta para dictar una medida cautelar o si la rechazan; o si consideran que hay que poner otra fecha”, dijo.