La Cámara del Crimen de Villa Dolores ratificó el agravamiento de la imputación a los policías involucrados en el crimen de Joaquín Paredes y esta semana se les tomará declaración indagatoria.
La causa, que comenzó en los tribunales de Cruz del Eje, hoy está en la Cámara de Villa Dolores. El 17 de febrero, los acusados prestarán declaración indagatoria.
Hasta el momento sólo se encuentran detenidos Maykel López (señalado como el responsable del disparo que mató a Joaquín) y Enzo Ricardo Alvarado. El resto de los policías – Ronald Fernández Aliendro, Iván Alexis Luna y Jorge Luis Gómez- aún permanecen en libertad.
Vale recordar que a mediados de septiembre la fiscal de Deán Funes Fabiana Pochettino, ordenó nuevas imputaciones para Alvarado, Fernández Aliendro, Luna y Gómez que inicialmente fueron imputados del delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.
Tras la incorporación de todo el material probatorio -fundamentalmente el hecho de que se constató que entre los cinco policías dispararon 112 balas contra los jóvenes que se encontraban en un espacio público-, se modificó la imputación y ahora los policías fueron imputados como supuestos coautores del delito de “homicidio calificado por la calidad del autor” y “homicidio agravado por el uso de arma, en concurso ideal”; y supuestos coautores de “homicidio calificado” y “homicidio agravado en grado de tentativa”, todo en concurso real.
El abogado Claudio Orosz expresó que esperan que tras tomar la declaración indagatoria se dicte prisión preventiva a todos los policías involucrados. “Es una decisión que tiene que tomar el Ministerio Público Fiscal a partir de la existencia del peligro procesal. Hemos hecho reiteradas denuncias y comunicaciones a la justicia sobre amenazas de parte de los imputados y sus parientes al abuelo del occiso; al tío abuelo del occiso; a dos testigos. 11 allanamiento al menor que quedó con vida. Más el encubrimiento de la policía de la provincia de Córdoba dirigida por el gobernador Schiaretti que constantemente quiere amedrentar a los familiares y testigos, incluso con la complicidad de algunos funcionarios políticos de la zona”, expresó en diálogo con VillaNos Radio.
Sostuvo que tanto testigos claves como familiares de las victimas siguen recibiendo mensajes intimidantes. “Como es el estilo policial: anónimamente mandan mensajes, pero no ponen el rostro. Es una constante”, graficó.
E insistió: “Nuestra expectativa es que, una vez terminadas las indagatorias, se dicte la prisión preventiva y rápidamente se eleve la causa a juicio para que, de una vez por todas, se pueda llegar a un juicio con jurados que tendrán que ser fina y taxativamente seleccionados, atento al conservadurismo y lo atrasado de lo que normalmente conforman los jurados en esos lugares del interior de la provincia donde normalmente los pobres pueden ser asesinados y los policías tienen impunidad”.
En caso a los policías culpables, la pena a la que se someten es la prisión perpetua.
Orosz destacó la lucha sostenida por la familia de Joaquín: “Ellos saben que él no va a volver. Reclama justicia desde hace mucho tiempo. Ha sido reiteradamente humillada por el personal policial. Pero realmente han demostrado una voluntad de llegar hasta las últimas consecuencias y, si es necesario, ir hasta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para demostrar que en Córdoba existe un plan sistemático de eliminación y/o constante asedio a niños, jóvenes y adolescente pobres, no solo en los barrios de la ciudad de Córdoba capital sino también en el interior. Generalmente la institución policial, con el guiño de las autoridades políticas, busca la impunidad de sus integrantes”.
El abogado también valoró la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. “Nos permitió desmontar todo el aparato de impunidad. La escena del crimen fue alterada y lo pudimos demostrar. Los jefes policiales les permitieron lavarse las manos para que los dermotest les den negativo. Les permitieron, incluso, cambiarse de ropa para que ni siquiera tuvieran rastros de pólvora en la ropa. Todo lo que se llama ‘alterar la escena del crimen’. Aprovecharon esto más o menos desde las 06 de la mañana hasta las 10:15 que llegó la fiscal de instrucción. Obviamente llegó a esa hora porque tenía que venir desde Dean Funes. Aprovecharon todo ese tiempo para alterar la escena del crimen.
“Luego trabajaron mucho la división del pueblo. Instalando que, si declaran a favor de uno, lo hacen en contra del otro. Dividen al pueblo entre los que trabajan y los que no trabajan, sin tener en cuenta que casi todos estos niños y adolescentes son los que levantan las cosechas. Como parte de la familia de los policías son dueños de los terrenos donde se levantan estas cosechas, les niegan el trabajo. Esto se llama: presión clasista en contra del pueblo humilde. Creo que la presencia de una querella fuerte que no se amilanó ante la presión policial. Nos han hecho de todo, pero acá estamos. A punto de llegar a juicio con estos cinco asesinos sentados en el banquillo de los acusados”, remarcó.