Con un emotivo acto realizado en la plaza Franco Amaya, familiares y amigxs del joven asesinado por la policía reclamaron justicia a cinco años de su crimen. “Son cinco años sin él, cinco años de sufrimiento y bronca porque no hay justicia”, expresó desde el micrófono y entre lágrimas Laura Cortez, mamá de Franco.
“No entiendo por qué la justicia se pone del lado de la policía. Porque no se trata solo de mi hijo. Son muchos más. Todos sabemos, porque es de público conocimiento, que esto pasa en distintos pueblos y ciudades de Córdoba. Eso te da bronca. Porque nadie nos defiende. Nadie se pone en el lugar de nosotros. Y eso duele”, reclamó durante el acto realizado el pasado martes 22 de febrero.
Las actividades conmemorativas de este año se concentraron en la plaza de Av. Perón y Los Gigantes, espacio que desde el año pasado y a través de la ordenanza 6702 lleva el nombre de Franco Amaya. “Elegimos esta plaza para tener activa su memoria. Que no se olviden que a Franco lo mataron acá, en Carlos Paz”, recordó Laura.
La intervención este año consistió en dejar sembradas distintas plantas en el cantero de la plaza con un mensaje alusivo. También se descubrió una placa que designa oficialmente con el nombre de Franco Amaya a ese espacio público.
La obra estuvo a cargo de la artista plástica Mariana Gabor, quien también es autora del primer mural que se pintó en 2019. “Vengo trabajando con el tema de la memoria en general desde hace muchos años. El asesinato de Franco me tocó el corazón. Soy cordobesa hace pocos años y empecé a vincularme con gente que milita en pedir justicia”, expresó la artista en diálogo con VillaNos Radio.
Y añadió: “Pedir justicia a través del arte es el mejor método. Dejar marcar en el pueblo o ciudad para que la gente visualice y se haga cargo de lo que pasa. Hay temas invisibles y necesitamos visibilizarlo”.
Jesica y Camila eran amigas de Franco. Al cumplirse un año más de su crimen, decidieron participar de los actos conmemorativos y seguir reclamando justicia.
“Éramos amigas de Franco desde chiquitos. Vinimos a acompañar a Laura en esta lucha que nos parece interminable, pero valiosa. Parece una burla la condena que le dieron a este hombre que, más allá de ser funcionario público, no actuó bien dentro de su función. Yo creo que los policías no deberían matar a nadie a no ser que la situación te lleva a hacerlo. Franco no los quiso chocar ni se quiso escapar”, expresó Camila y recordó un episodio sucedido pocos días antes del asesinato de Franco donde él les advierte que la moto estaba con pocos frenos.
Para las jóvenes los dos policías que estaban esa noche en el control vehicular deberían estar detenidos. En este sentido, recordaron que el oficial José Ezequiel Villagra, responsable del control, no permitió que Franco sea auxiliado.
“No sabemos si Franco se hubiera salvado. Pero por lo menos le hubieran dado el derecho de llegar a un centro de atención médica y que pudieran al menos intentar salvarlo. A Franco lo cargaron en el auto de unos conocidos que decidieron llevarlo igual, a pesar de lo que decían los policías. Y tardaron mucho tiempo. Todos esos minutos que Franco estuvo ahí, privado de ser asistido, mientras la bala seguía dañando su cuerpo”, dijo Camila.
Solidaridad y reclamos de Justicia por Andrea Castana
Nadia Corzo y Macarena López Salvans, amigas de Andrea Castana, se hicieron presentes en el acto realizado en la Plaza Franco Amaya. Allí expresaron su solidaridad en el reclamo de justicia por el joven asesinado por el policía y aludieron también al manto de impunidad que envuelve el crimen de Andrea.
Vale recordar que Andrea fue violada y asesinada en el Cerro de la Cruz el 11 de enero de 2015 y aun no hay una pista firme que permita determinar quien o quienes fueron los responsables de su femicidio.
“Este pedido de justicia nos toca a todos. Estamos igual que ustedes. El 11 de marzo serán siete de años del crimen de Andrea. Seguimos firmes reclamando justicia y que su nombre no se olvide”, dijo Nadia.
El 11 de marzo habrá una concentración a las 14:30 en la base del Puente Uruguay, para seguir reclamando justicia. “Necesitamos que Carlos Paz nos acompañe. Que acompañe a Andrea. Nosotros somos el motor y las que armamos todos, pero necesitamos que Carlos Paz se dé cuenta que en esta ciudad pasan cosas terribles”, expresó Macarena.
Y enfatizó: “Necesitamos demostrarle a la justicia que estamos de pie. Que nuestros seres queridos necesitan una respuesta”.
La causa de Franco, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación
En la madrugada del 22 de febrero de 2017 Franco estaba preparándose para ir a ver a Ulises Bueno en el boliche Molino Rojo. Con su primo Agustín salieron en moto a buscar una camisa.
Cuando iban por calle Los Gigantes casi esquina Alem, se encontraron con un control policial. La moto tenía pocos frenos y Franco intentó detenerse utilizando los cambios. Allí es cuando el policía Rodrigo Maximiliano Velardo Bustos (26 años) disparó a quemarropa.
Su compañero, el agente Oficial Ayudante José Ezequiel Villagra (23 años), era el responsable del control vehicular y lo único que hizo fue dar aviso a un superior cuando ocurrió el hecho, negándose a brindarle ayuda a Franco, que agonizaba. Ambos policías estaban alcoholizados al momento del hecho.
En mayo de 2018 la Cámara 11 del Crimen llevó adelante el juicio. Allí, el policía Bustos fue condenado a 12 años de prisión; mientras que Villagra fue absuelto. La presencia de alcohol en sangre de ambos policías fue considerada un atenuante de la condena.
En julio del pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ratificó la condena a 12 años de prisión para el policía Bustos y negó la apelación a la familia de Franco, que decidió presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se revise el caso.
Allí se busca que se aplique a Bustos la imputación de homicidio calificado por el uso de arma de fuego y por su condición de funcionario público. “Sin lugar a dudas estamos frente a un hecho doloso en primer grado, en que el autor abusó expresamente de su calidad funcional y de su preparación como funcionario público”, se lee en el escrito que lleva a la firma del abogado Carlos Nayi, representante de la familia de Franco Amaya.
Y agrega: “El accionar del acusado nunca estuvo justificado, precisamente porque las mismas circunstancias en que ocurrió el hecho permiten afirmar que el imputado sabía y quería lo que hacía. Así, prejuzgó injustamente que los jóvenes que se conducían en una motocicleta eran malvivientes y por ello merecían ese final, por lo que se puede inferir que obró con total conocimiento, intención y libertad, abusando de su calidad de funcionario público”.