La Corte Suprema de Estados Unidos revocó la sentencia Roe vs. Wade de 1973, que durante casi medio siglo garantizó el derecho al aborto en este país. Esta resolución deja en cada estado la potestad de autorizar la interrupción voluntaria del embarazo o prohibirla.
La decisión refleja la avanzada del sector antiderechos en el tribunal que dejó la gestión del ex presidente Donald Trump. Fue respaldada por la mayoría de jueces conservadores del tribunal por seis votos contra tres. Lxs magistradxs que votaron en contra criticaron duramente esta postura y lamentaron la derogación.
El Centro de Derechos Reproductivos es una organización global que litiga este caso ante la Corte. Cristina Rosero es asesora legal para América Latina y dialogó con VillaNos Radio sobre las consecuencias del fallo.
“Ya los estados tienen la potestad de establecer las regulaciones frente al aborto de acuerdo a su propio criterio no teniendo una protección constitucional federal como ocurría con Roe vs. Wade. Esto implica que muchos estados pueden terminar por prohibir el aborto por establecer graves limitaciones a este derecho”, explicó.
De un total de 50 estados, casi el 50% han aprobado o aprobarán leyes que prohíben el aborto, mientras que otros han promulgado medidas estrictas que regulan el procedimiento.
“Se estima que al menos 24 estados terminen por establecer algún tipo de restricción. Ya trece estados han empezado a pasar leyes gatillo que estaban listas para establecer limitaciones al aborto en caso de que este fallo salga en los términos en que salió.”
Las mujeres y las personas con capacidad de gestar en estos estados van a tener graves dificultades para acceder al aborto o tendrán que viajar hacia otros estados que garanticen el derecho. Quienes no cuentan con el dinero para hacerlo se enfrentarán a una maternidad forzada o a realizarse abortos en condiciones inseguras.
“Al menos unas 100 mil personas podrían llegar a enfrentarse a barreras o negaciones del servicio del aborto y esto implicaría una desproporción en el impacto, sobre todo en las mujeres migrantes -en particular aquellas que tienen una situación migratoria irregular-, las mujeres racializadas y también las que viven en pobreza. En muchos casos estas condiciones confluyen”, advirtió Rosero.
“Esto significa que se van ahondar las brechas de desigualdad que de por sí ya conocemos, y ampliamente hemos hablado en nuestros países, sobre como el aborto se volvió un tema de justicia social”, sentenció.
El mes pasado, el Senado fracasó en su intento por aprobar un proyecto de ley destinado a garantizar el acceso al aborto en todo el país, después de que se conociera que la Corte Suprema tenía previsto revocarlo. El partido demócrata, impulsor de la iniciativa, no contó con los 60 votos requeridos para aprobar la norma.
Mientras tanto, los gobernadores de tres estados liberales de la costa oeste de Estados Unidos anunciaron una iniciativa conjunta para garantizar el derecho al aborto tras el anuncio de la Corte Suprema.
La abogada consideró que nuestro país junto a otros de América Latina son un faro a seguir para los movimientos transfeministas estadounidenses en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos.
“Existe una reacción de sectores conservadores, pero creo que Latinoamérica viene siendo una esperanza. La movilización alrededor de estos derechos, las conquistas que se han tomado últimamente y los medios de comunicación que han inundado las portadas son muy importantes y pueden generar respuestas también de a donde deberían moverse los demás países frente a este tema y como deberían empezar a regularlo por fuera de la criminalización”, aseguró.
Fotos: Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
