A una semana de la rimbombante denuncia planteada mediáticamente por el intendente Daniel Gómez Gesteira, poco se sabe a ciencia cierta sobre la presentación efectuada por el municipio y cuáles han sido las muestras de sustento para afirmar estruendosamente que la COOPI “está pudriendo el lago”.
Decimos que poco se sabe porque, formalmente no ha llegado notificación sobre la denuncia a la Cooperativa Integral y tampoco está claro si se trata de una nueva denuncia o de una ampliación de la denuncia efectuada en el 2019.
Dicho sea de paso, de esa denuncia tampoco se sabe nada. Es decir: no hubo imputaciones, tampoco se llamó a ninguna autoridad de la Cooperativa Integral a prestar declaración. De modo que sólo resta preguntarse ¿cuáles son las pruebas sobre las cuáles se sustentan tan graves acusaciones?, ¿o será que la movida mediática tiene por fin condicionar y presionar el accionar de la fiscalía?
En tiempos de law fare y de posverdad, nada se puede descartar.
Pero lo central aquí es corrernos del plano judicial y poner la mirada en la gestión.
De los años que la Cooperativa Integral es prestadora del servicio de cloacas, la municipalidad de Villa Carlos Paz nunca ha realizado inspecciones en la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Como ente concedente del servicio, claramente tiene la potestad de hacerlo. Prefirieron construir un conflicto y apelaron a las denuncias mediáticas de alto impacto.
El otro tema central aquí es la prestación del servicio. Recordemos que en agosto del año pasado el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) resolvió rechazar por mayoría el recurso de amparo presentado por la COOPI ante el decreto de municipalización del servicio de cloacas que firmó el por entonces intendente Esteban Avilés.
Cabe recordar que en 2017 Avilés dispuso que, tras el vencimiento del contrato de concesión, la municipalidad asumiría la prestación. El instrumento para ello fue un decreto a través del cual definió una serie de fechas en donde una comitiva municipal haría inspecciones en las estaciones de bombeo y en la planta de tratamiento de efluentes cloacales. Allí es cuando la COOPI emprendió una acción de amparo ya que el artículo 134 de la Carta Orgánica Municipal (COM) establece que para la municipalización de servicios es necesaria la intervención del Concejo de Representantes, con audiencia pública y mayoría agravada.
Tras la resolución del TSJ de agosto pasado, se abrió una instancia en el Ministerio de Trabajo para que se considere la situación de lxs trabajadorxs. De esa reunión participaron representantes de la municipalidad, de la Cooperativa Integral, del SIPOS (Sindicato del Personal de Obras Sanitarias), del Ministerio de Servicios Públicos y del Ministerio de Trabajo.
En ese marco la Cooperativa Integral dejó explícita su voluntad de entregar el servicio de cloacas, siempre y cuando se respeten los derechos laborales de las personas abocadas a la prestación.
“La Cooperativa manifiesta finalmente su más plena disposición a entrega el servicio en los tiempos que la Municipalidad considere oportuno siempre y cuando se logre la seguridad del traspaso de los trabajadores y trabajadoras afectados actualmente al servicio. de lograrse un acuerdo que resguarde los derechos de los trabajadores mencionados, el Consejo de Administración ha resuelto la posibilidad de desistir de los recursos actualmente en trámite, siempre en exclusivo beneficio de los trabajadores a fin de que cese la situación de incertidumbre que afecta psicofísica y socialmente a quienes se encuentran en estado de afectación actual al servicio”, se lee en el documento que tiene fecha del 16 de septiembre de 2022.
Acusar a la COOPI, la vieja estrategia de Carlos Paz Unido
Está claro que arrancó la campaña electoral y que Carlos Paz Unido, valiéndose de su sistema de medios dependiente de la pauta oficial, salió con todo a marcar agenda. El resto de los espacios partidarios que pretende conducir el municipio salieron a sentar postura. Hagamos un repaso.
Iosa: “Hay que dejar de esquivarle el bulto al problema más importante que tenemos”
A través de sus redes sociales, el médico sanitarista y candidato de Carlos Paz Despierta, Emilio Iosa, sostuvo que “si la planta está mal manejada y contamina no sólo deben denunciar la situación sino también hacerse cargo del manejo de la planta de manera urgente y sin dilaciones”.
“Si es verdad que la cooperativa le ofreció la entrega del servicio y el municipio la rechazó, es gravísimo porque estarían especulando políticamente con la contaminación del lago San Roque y con la salud de los Carlospacenses”, afirmó.
Mariana Caserio: “La ineficacia del Gobierno lo obliga a reinstalar mentiras”
La legisladora Mariana Caserio, candidata a intendenta por Carlos Paz Inteligente, dijo que “la ineficacia de este Gobierno Municipal, los obliga a intentar reinstalar mentiras del pasado pensando en tono de campaña electoral”.
En una nota publicada en Carlos Paz Vivo, la dirigente afirmó: “Si hay algo muy claro en este momento, es la falta de control del gobierno de Carlos Paz Unido sobre los servicios públicos en la ciudad”, aseguró la legisladora que agregó: “Como si fuera un comentarista de la realidad, el intendente cuenta que se enteran de irregularidades en el servicio de cloacas porque algún empleado les cuenta, lo que deja a las claras que este Gobierno que lleva casi 12 años en el poder no puede por sí mismo (o no quiere) hacer controles permanentes, regulares, verificar y sancionar a quien incumpla, máxime en esta situación donde ellos mismos dicen que esto ocurrió años atrás”.
Walter Gispert emplazó a Gómez Gesteira para que ‘ratifique o rectifique los dichos injuriantes’ en relación a la contaminación del lago San Roque
Walter Gispert, precandidato a intendente de Juntos por el Cambio, envió una carta documento al intendente Daniel Gómez Gesteira intimándolo a que ‘ratifique o rectifique los dichos injuriantes’ que lo vinculan con la contaminación del lago San Roque.
En una nota publicada en La Jornada Web, Gispert negó haber avalado ninguna acción respecto a la contaminación del lago y reclamó que el intendente aclare sus dichos y le puso un plazo de cinco días. Caso contrario, el conflicto podría derivar en acciones judiciales civiles y penales.
