En tiempos donde se habla de “achicar el Estado”, el derecho a la salud parece estar en la mira de quienes plantean que todo debe quedar en manos del mercado. Más allá de eso, la realidad también indica que aun quienes tienen un discurso de defensa de la salud pública, toman decisiones completamente opuestas. Tal es el caso del gobierno de Carlos Paz Unido que despidió a médicos en plena pandemia. Una resolución judicial indica que los despidos fueron “discriminatorios” y que el municipio deberá pagar una indemnización agravada.
A mediados de agosto se conoció el fallo de la Sala 11 de la Cámara del Trabajo que consideró que hubo represalia antisindical en los despidos del personal de salud. La sentencia estableció que los despidos fueron “discriminatorios” y sancionó a la municipalidad como empleadora con una indemnización agravada. El antecedente queda asentado para otros conflictos que puedan surgir en otros municipios de la provincia.
“Es un fallo importante que deja sentado que los estados municipales, provinciales o nacionales no pueden despedir como represalia a los conflictos que suceden en los ámbitos de trabajo”; expresó a VillaNos Radio María Martha Terragno, abogada representante de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado).
Vale recordar que en 2020 ocho trabajadorxs sufrieron despidos después que se afiliaron a ATE y participaron en asambleas y otras medidas de fuerza. Por esa razón fueron despedidos bajo la premisa de que el Ejecutivo no les renovaba sus contratos. De ese total, cinco emprendieron un proceso judicial que derivó en que la Cámara Laboral resolviera que el personal sufrió persecución antisindical.
“Eran trabajadores con diferentes años de antigüedad, pero ninguno con menos de cinco años. Algunos tenían 10 años, otros 12 o 14. Lo cierto es que estaban contratados de forma irregular con contratos con plazo de finalización que no se correspondía con la antigüedad que tenían y las tareas que realizaban. Es decir: realizaban tareas como si fueran personal de planta permanente. El municipio, lejos de argumentar que se trataba de un despido dijo que lo que ocurría era un cese de contratación”, explicó Terragno.
Vale señalar que el Ejecutivo se había negado a todo reconocimiento aduciendo el fin de los contratos cuando, en realidad, se trataba de personal precarizado que gozaba de estabilidad laboral en tanto trabajador o trabajadora estatal. Esa postura había sido avalada por el Juzgado N° 2 de Villa Carlos Paz, en una sala de conciliación que rechazó el amparo presentado por ATE. Sin embargo, para la Cámara como instancia de apelación superior los despidos fueron ilegales. “No hay duda que los despidos fueron una represalia a ese conflicto sindical del 2020 donde entre muchos trabajadores y trabajadoras habían participado las y los despedidos”, precisó la abogada.
La Cámara también sanciona al municipio a pagar una indemnización agravada por los despidos. Terragno precisó que el monto se define de acuerdo al estatuto municipal y añadió: “La Cámara laboral determinó que se trata de un despido discriminatorio y como tal, la indemnización está agravada en un 50% o más. Lo hace como acto reparatorio de esa conducta discriminatoria, antisindical y persecutoria que ha tenido contra estos trabajadores. Un despido represalia no solo es un acto antijurídico sino también muy doloroso. Quedarse sin trabajo por reclamar por condiciones laborales es un acto que trae muchos perjuicios” remarcó.
Roberto Álvarez: “La justicia nos dio la razón a los trabajadores, pero ¿quién paga esto?”
El pediatra Roberto Álvarez fue uno de los despedidos y también portavoz del reclamo. En diálogo con Villanos Radio reconoció que él no siguió la instancia judicial al desconfiar del Poder Judicial, pero celebró la resolución. “Me alegro por mis compañeros que recibirán un resarcimiento económico por la injusticia que se cometió contra todos nosotros. Yo me aparté y cometí un error porque no creí en la justicia”, admitió.
No obstante recordó que en todo el proceso judicial hubo un fallo que dictaminó que el municipio debía restituirlos en sus puestos de trabajo, lo cual fue rechazado y apelado. “El municipio se negó a cumplir esa resolución judicial y la apeló. Durante esa apelación tenían el derecho de no reincorporarnos. Fue ahí cuando yo me desmoralicé, porque la justicia los tendría que haber obligado a reincorporarnos. por eso yo creo que esta es una resolución salomónica: no logró nuestra reincorporación, pero sí logró el resarcimiento económico”, dijo.
Y concluyó: “La justicia nos dio la razón a los trabajadores. Pero, ¿quién paga esto?, ¿el intendente? Debería ser él el que pague porque fue él el que nos echó. Pero no, paga el pueblo de Carlos Paz. La precariedad laboral que denunciamos sigue estando. Eso se va a resolver con la lucha gremial. Los contratos basura se mantienen para seguir extorsionando a los trabajadores”.
