El Fiscal de Instrucción Distrito 4 Turno 1, Ernesto de Aragón, solicitó la elevación a juicio de la causa que inició contra seis dirigentes sociales, por participar de la Marcha contra el Hambre desarrollada el pasado 5 de abril.
El delito que se les imputa es “Desobediencia a la autoridad e impedimento u obstrucción de transporte o servicios públicos en concurso material”. Soledad Díaz, dirigente del Partido Obrero, es una de las imputadas y recalcó que se trata de una acción que busca criminalizar el derecho constitucional a la protesta.
“La justicia está actuando por orden y cuenta del gobierno de Juan Schiaretti. Es una iniciativa política no judicial, por eso tiene todas estas falencias que son una aberración jurídica. Esto lo digo también como abogada. Esto tiene que ver con llevar adelante una persecución contra las organizaciones que hoy se manifiestan y que, de alguna manera, están marcando el rumbo que irá tomando Argentina en un escenario de ajuste”, subrayó la dirigente en diálogo con VillaNos Radio.
Los otros dirigentes imputados son Federico Giuliani (secretario general de ATE Córdoba y de la CTA Autónoma Córdoba), Emanuel Berardo (dirigente nacional del Polo Obrero), Marisa Viviana Cariddi (dirigente de Libres del Sur), Agustín Nazar (referente del Movimiento Teresa Vive) y Roxana Alejandra Carezano.
El Partido Obrero presentará este martes el pedido de nulidad absoluta del juicio. “Consideramos que es una resolución judicial política. Y como entendemos que es política, llamaremos a las organizaciones a repudiar y movilizarse en contra de esta política criminalizatoria de la protesta”, dijo Díaz y adelantó que el jueves 09 de noviembre habrá una movilización nacional reclamando el desprocesamiento de todos los dirigentes.
